SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) criticó que directivos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se nieguen a aceptar la designación de 18 nuevos directores regicionales del Ministerio de Educación.

En un comunicado público señaló que esta acción del Ministerio se desprende del cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97 para producir esa selección, utilizando los procedimientos adoptados en la Ordenanza No. 24-2017 que reglamenta el Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales.

Señaló que las situaciones sucitadas por los miembros de la ADP son antidemocráticas, y las comparó con las huelgas de transportistas que, según consideran, obstaculizan el libre tránsito y han entorpecido el normal desenvolvimiento de los muelles del país.

"Las acciones que han comenzado a tomar estas personas para impedir el cumplimiento de una decisión emanada de la Ley constituye una nueva edición de las actitudes antidemocráticas que caracterizan a algunos sectores que se niegan a acatar las decisiones de nuestro ordenamiento jurídico y representan una grave amenaza a la estabilidad, la gobernabilidad y la convivencia pacífica y de manera especial, constituyen una vulneración del derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana", es la postura de Finjus.

Finjus exhortó al Ministerio de Educación a tomar todas las medidas legales que sean adecuadas para garantizar el derecho fundamental a la educación en la sociedad dominicana, procediendo a elevar los recursos necesarios en la jurisdicción correspondiente para poner un alto a estas actitudes que "dañan gravemente" a los más pobres del país.

"Ningún sector puede atribuirse una posición de juez y parte en los conflictos que se originan en una sociedad democrática, colocándose por encima del ordenamiento jurídico y erigiéndose en propietario de la verdad y la razón", indicó.

Dijo que este es el momento de enfrentar "esta grave situación" que se está abriendo con firmeza y apego total al debido proceso y los procedimientos legales y constitucionales vigentes.