SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), llamó la atención de los poderes públicos y de la sociedad sobre la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones que según dice constituye el marco en el que se han instalado una serie de prácticas que permiten el mantenimiento de actos que lesionan el erario público.
Manifestó que la aplicación de la ley ha resultado incapaz, ineficaz e ineficiente para regular, dirigir y servir de marco a la acción del Estado para el uso óptimo y la transparencia en el uso de los recursos públicos para el logro de los objetivos de la Administración Central.
Destacó que ha sido una herramienta insuficiente para reforzar las tareas de prevenir, investigar y sancionar a quienes de manera sistemática han defraudado al Estado y al pueblo enriqueciéndose con los fondos públicos.
"Se requieren cambios profundos en aras de lograr mejorar el sistema de gestión de las finanzas públicas, a través de la fiscalización de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y el Ministerio de Hacienda, propiciando la transparencia y enfrentando la corrupción a la que se ha visto expuesto el manejo del gasto público a lo largo de la historia", indicó Finjus.
Resaltó una serie de acciones dolosas y escándalos que han sucedido a lo largo de los primeros meses de este 2017, en diferentes áreas de la gestión administrativa, que mantienen en vilo a la sociedad dominicana y reflejan la necesidad de que, en una acción conjunta y colaborativa entre el Estado y la Ciudadanía, se identifiquen las acciones de reforma y cambios que a nivel normativo en la misma.
Misiva al sector público y la sociedad civil: