En América Latina y el Caribe no existen políticas públicas para prevenir y atender los casos de las niñas embarazadas, tanto a nivel del sistema de salud como a nivel del sistema de justicia, además de que la mayoría de los casos de abuso sexual no se denuncia ni se investiga como se debe.
Los datos fueron arrojados por un estudio regional sobre Embarazo y Maternidad Infantil Forzados en América Latina y el Caribe, auspiciado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
La investigación fue presentada en el país por la Sección de República Dominicana de CLADEM.
El estudio, primero en realizarse en esta temática, tomó en cuenta 14 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
En la presentación, Laura Bretón, miembro de CLADEM, explicó que el objetivo del documento, aparte de relevar información sobre la situación de violencia que viven las niñas, es promover acciones de incidencia a nivel nacional e internacional.
Asimismo, dijo que esta investigación puede aportar datos al Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, con miras al próximo informe sobre salud adolescente, y en consecuencia solicitar una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Por su lado, Orlidy Inoa, expuso: “La situación de las niñas que viven embarazos y maternidades forzadas, es decir, menores de 14 años de edad que no han querido una relación sexual y quedan embarazadas y son obligadas a dar a luz, no es lo suficientemente visibilizada con la fuerza que amerita. Generalmente queda englobada en las cifras y diagnósticos sobre embarazo y maternidad adolescente, que no es lo mismo, aunque el Estado lo confunda”.
Resaltó que estos casos, según el estudio, deben ser considerados tortura o trato cruel, inhumano y degradante, en los términos de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Subrayó que, salvo los ejemplos de El Salvador y México, en los países analizados no existen casi datos disponibles sobre embarazos de niñas menores de 14 años.
Detalló que las estadísticas oficiales solo reflejan números respecto de adolescentes embarazadas y madres, pero no de esta población específica.
Asimismo, Katherine Jaime, resaltó:
“Es importante que se separen las estadísticas puesto que una niña y una adolescente no pueden ser comparables en términos físicos y emocionales. El riesgo de muerte materna para las niñas menores de 15 años es el doble que el de las mujeres de más edad. Además, la mayoría de los embarazos en niñas son producto del abuso sexual, tal y como refleja la investigación”.
Destacó que el mayor peligro viene dado por el hecho de que el cuerpo de las niñas, que son sometidas a labor de parto durante varios días, no está preparado para empujar la criatura. Tanto en Nicaragua como en Perú, siguiendo los datos del informe, del 7-14% de las niñas embarazadas dijeron haber contemplado el suicidio.
“Para el año 2013, el número de partos de niñas en 10 países de la región fue 39,394”, indica el documento.
En general, el informe concluye con que existe una ausencia de políticas públicas para prevenir y atender los casos de las niñas embarazadas, tanto a nivel del sistema de salud como a nivel del sistema de justicia, resaltando que el abuso sexual no es denunciado en su mayoría y que, cuando se hace la denuncia, no se investiga debidamente.
En el caso de República Dominicana, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional reportó que en el trimestre mayo-julio 2013 se presentaron unas 150 denuncias de abuso sexual infantil y en adolescentes, con un promedio de 50 por mes.
Estadísticas de Salud Pública muestran que, para el año 2012, del total de nacimientos registrados el 29% fue de madres adolescentes, correspondiendo el 1.6% a menores de 15 años.
En la presentación se hizo mención a dos casos que ponen de relieve la cruda realidad del problema en República Dominicana: el de la niña de 11 años de San Cristóbal, abusada sexualmente por un cuñado de la familia, quien presentó graves complicaciones de salud, y el de la niña de 13 años que parió trillizos fruto del abuso sexual de un hombre de 61 años.
La presentación del estudio estuvo a cargo de Orlidy Inoa, Katherine Jaime y Laura Bretón, miembros de la organización regional.
Más sobre CLADEM en: www.cladem.org