SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Atención Primaria en Salud está muy lejos de ser una prioridad en el modelo sanitario de la República Dominicana. Ni el enfoque del sistema ni la inversión pública enfatizan en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Baja inversión, poco personal y locales deterioro y débil supervisión son parte de los males de los 1,490 centros de atención primaria, según un estudio de ADESA que arrojó severas conclusiones.
Este estudio, denominado Atención Primaria en Salud: Situación y Retos en la República Dominicana, fue auspiciado por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) entidad que agrupa a 56 organizaciones sociales.
La presentación del trabajo contó con la presencia del ministro de Salud Pública; Rafael Sánchez Cárdenas, del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, del presidente del Colegio Médico Dominicanos (CMD), Wilson Roa, entre otras autoridades y personalidades sector salud.
La investigación parte del criterio de que la Atención Primaria es el núcleo del sistema de salud y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad y sus principios y valores, que incluyen el derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la justicia social, la participación comunitaria y la acción multisectorial.
El estudio completo, 132 páginas: ADESAEstudio
“Se trata de un enfoque estratégico y conceptual aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1978 y revisado y ampliado en una conferencia mundial realizada en el 2018 en la cual los países miembros se comprometieron a garantizar a sus poblaciones el acceso a servicios de salud integrales, con énfasis en la promoción de la vida saludable, la prevención de enfermedades y a reducir las desigualdades en salud”, dicen los investigadores.
Estos afirman que “a 40 años de lanzada la estrategia mundial de Atención Primaria, su implementación eficaz es una meta inconclusa en la República Dominicana”.
Solo para el 8% de la población
Los denominados centros y las Unidades de Atención Primaria prestan servicios, aseguran, “solo al 8% de la población”.
Adicionalmente, prosiguen las conclusiones, “solo el 4% del presupuesto de salud se destina al Primer Nivel de Atención” y “las victimas de estas inequidades son las personas más pobres y marginadas”.
Para el año 2019 la asignación prevista para los centros de atención primaria asciende a unos RD$ 3,793.3 millones. Esta cifra representa un 9.2% del presupuesto previsto para el Servicio Nacional de Salud y apenas un 4.6% del presupuesto total del Ministerio de Salud Pública. Por lo que sostiene, “menos de 5 de cada 100 pesos invertidos en salud son dedicados al primer nivel de atención”.
Al analizar la inversión global en salud se determinó la tendencia en los últimos 20 años de inversión pública en el sector salud no alcanza siquiera el 2% del PIB. De hecho, la proyección oficial para el período 2020-2022 es que se reduzca hasta el 1.7% del PIB.
Estas cifras se alejan bastante del mandato de incremento quinquenal previsto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que sitúa en un 4% del PIB la inversión pública en salud para el año fiscal 2020. Es decir, que actualmente se invierte solo la mitad del presupuesto requerido en salud pública.
A esa pobre inversión se añade la baja calidad del gasto estatal en salud. Las construcciones y equipamientos de hospitales de tercer nivel, el mantenimiento y ampliación de la burocracia del Sistema Nacional de Seguridad Social y del Ministerio de Salud consumen gran parte de los recursos destinados al sector.
Los servicios de Atención Primaria en Salud que presta el Estado son canalizados especialmente a través de una red de 1,490 establecimientos (Incluidos los recién edificados 40 centros de diagnóstico clínico).
Esto significa, detallan, que el 91% de todas las infraestructuras de salud gubernamentales (1,639 establecimientos) están dedicadas exclusivamente a la Atención Primaria.
La cantidad, sin embargo, es inversamente proporcional a la inversión y a la calidad de los servicios, afirman los autores de la investigación Rafael Jovine, Katherine Javier, Adagel Grullón, Marisela Duval y Adalberto Grullón.
El estudio abarcó todo el país y se basó en dos encuestas, una a 382 coordinadores de Unidades de Atención Primaria y otra aplicada a mil 114 usuarios de los servicios. Los encuestados se escogieron aleatoriamente en las nueve regiones de salud del país.
La profesora Marisela Duval, quien presentó las conclusiones de la investigación, dijo que “el Estado Dominicano ha descuidado su responsabilidad de ser garante del Derecho a la Salud”.
“Millones de dominicanas y dominicanos son víctimas de la denegación de ese derecho debido a barreras económicas, sociales, de género, geográficas y de otras índoles, que no están siendo enfrentadas adecuadamente por las instituciones públicas”, puntualizó.
La ampliación del Seguro Familiar de Salud (SFS) a cerca de tres cuarta parte de la población dominicana no se ha traducido en acceso de las familias a servicios sanitarios de calidad proporcionados de manera oportuna.
Agrega la investigación que la Atención Primaria como puerta de entrada al SFS es otra meta pendiente de alcanzar.
“Aunque la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) trabaja para su puesta en vigencia, existen intereses y otros obstáculos muy difíciles de vencer en una coyuntura electoral como la que vive el país”, evalúa..
La reforma del sistema de salud, que comenzó hace cerca de 20 años, fraccionó y debilitó la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas de salud y le restó capacidad de rectoría.
“Esa reforma abrió las puertas a un jugoso mercado privado de la salud, cada vez más fuerte, en el que la población desposeída y de bajos ingresos ha resultado altamente perjudicada”, dicen los investigadores.
El gasto de bolsillo supera el 45% del costo de los servicios, adicional el pago del Seguro Familiar de Salud por parte de los trabajadores y sus empleadores.
La política de privatización y mercantilización de los servicios de salud, impulsada desde el Estado a partir del año 2001, arroja resultados negativos para la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas: encarecimiento de la medicina y de las atenciones especializadas, deterioro de los servicios en los centros públicos, exclusión social en perjuicio de la población más pobres y aumento de la burocracia estatal.
En cuanto a la construcción de 40 centros de diagnósticos clínicos en igual número de municipios el estudio determinó que, aunque no se obedeció a un plan estratégico, éstos pueden convertirse en instrumentos de empuje de la Atención Primaria, siempre que se complete el nombramiento de personal competente, se doten de los equipos necesarios y se establezca una gerencia eficiente, transparente, y sin injerencia partidaria.
Las recomendaciones
El grupo de investigación hace algunas recomendaciones, que abarcan hacer un pacto político y social por el derecho a la salud en el que los firmantes se comprometan a incluir este tema en la agenda de prioridades del país.
También proponen incrementar el presupuesto a un 5% del Producto Interno Bruto y mejorar sustancialmente la calidad del gasto en salud. El 33% de la inversión de salud debe destinarse a la Atención Primaria.