La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, Kimberly Tatis Soto, ordenó prisión preventiva de tres meses contra el joven Arturo López Silverio, quien la madrugada del domingo robó una camioneta de una patrulla de la Policía Nacional en Villa González.
Arturo López Silverio, quien se montó en la camioneta de la patrulla y arrancó como en una escena de la película “Rapido y Furioso”, habría atropellado a dos agentes policiales, según justificó el Ministerio Público en el tribunal.
En sus argumentos los fiscales tipificaron la acción del joven López Silverio como un atentado contra los agentes policiales, Dennis Vásquez Colón y Kelvin García.
Al imputado López Silverio se le atribuye la violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano (CPD), en perjuicio de los agentes.
Además, le imputa haber violado los artículos 379 y 383 del Código Penal, que castigan el robo cometido en perjuicio del Estado Dominicano.
La Fiscalía informó que la jueza Tatis Soto dispuso que López Silverio cumpla la prisión preventiva de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, provincia La Vega.
"Tomemos conciencia sobre la gravedad de lo ocurrido, que envía un muy mal mensaje", ha dicho Osvaldo Bonilla Hiraldo, fiscal titular de Santiago, en relación al hecho.
Según los detalles recogidos por el Ministerio Público, el imputado aprovechó el momento en que Rudy Marcos Sánchez Rodríguez (cabo) y Martín Antonio García Bernabel (segundo teniente) salieron de la unidad policial para controlar el volumen de la música en el lugar.
“En esa circunstancia, López Silverio, abordó la unidad policial número 784, marca Isuzu, ficha F-5784, y huyó en ella. En ese intento de huida el sospechoso, de manera intencional, embistió a los policías Dennis Antonio Vásquez Colón y Kelvin García, quienes se acercaban a la citada zona en caos a bordo de una motocicleta oficial, para auxiliar a los agentes de la patrulla, quienes habían solicitado refuerzos”, refiere la Fiscalía.
El Ministerio Público sustenta la imputación en pruebas documentales, periciales, testimoniales e ilustrativas recabadas en la investigación, además en las certificaciones que emitió el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sobre las heridas y golpes sufridos por los agentes arrollados.