SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Federación de Fundaciones Patrióticas denunció este miércoles supuestas irregularidades administrativas comedias por la actual directiva del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) que maneja un presupuesto de unos RD$40 millones y que pretende privatizar ese bien público, según dijo el abogado José Martínez Hoepelman.
Martínez Hoepelman, en representación de las fundaciones Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Amaury Germán Aristy, Manolo Tavárez Justo y Hermanas Mirabal, informó que depositarán una querella penal por falsedad, negativa a rendir de cuentas e incumplimiento de los estatutos ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
Martínez Hoepelman agregó que en la actualidad existen dos demandas de nulidad y advirtió que se introducirán otras de carácter civil en contra de administración actual, representada por Luisa de Peña.
‘‘Toda este cambio del entramado del manejo del Museo se da y nace cuando cuatro de las fundaciones pidieron a la dirección rendir cuentas de donde se había invertido y en qué los ingresos que se recibían del Presupuesto Nacional’’, dijo el jurista.
Mencionó que el pasado 13 de noviembre de 2017, un grupo de personas ‘‘en complicidad con la señora Luisa de Peña’’, realizó una Asamblea General Extraordinaria, convocada –en voz del jurista–al margen de la ley y sin conocimiento de la Federación que integra a varias organizaciones con vocación de preservar la memoria histórica dominicana del siglo XX.
‘‘No se habla de cualquier patrimonio, se habla de un patrimonio que comprende piezas, documentos, fotografías, objetos y pertenencias de los héroes y mártires cuya memoria se honra en ese Museo que fueron cuidados, atesorados y guardados durante décadas por familiares y miembros de las fundaciones patrióticas y entregados de buena fe para su preservación y exhibición al público dominicano en el Museo Memorial de la Resistencia’’, manifestó, quien junto a los abogados Carlos Balcácer y Abel Rodríguez del Orbe son apoderados de la defensa penal del proceso.