SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Entidades y representantes del municipalismo dominicano señalaron este lunes como urgente la aprobación de tres leyes fundamentales: la Ley Orgánica de la Administración Local, la Ley General de Residuos Sólidos, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.
Entre los aspectos que –según mencionaron– deben ser regulados por este nuevo marco legal se encuentran: la definición de un marco de competencia, ajustado a la realidad de cada municipalidad; la readecuación de los topes a la inversión municipal en consonancia con las necesidades de cada municipalidad; la renovación del acuerdo sobre un sistema de financiamiento justo y real que ponga fin al incumplimiento del actual porcentaje de transferencias del 10% establecido en la Ley 166-03.
Asimismo, pidieron especial interés por que se promueva un avance hacia la disposición de ingresos propios que permitan una mayor autogestión y sostenibilidad financiera de las administraciones locales; se fortalezca la transparencia y el régimen de consecuencias ante el incumplimiento de la ley y el inadecuado manejo de los fondos públicos.
Afirmaron que es necesario fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones de la gestión municipal; se cree un sistema nacional de gestión de los residuos sólidos con responsabilidad compartida de los gobiernos locales, gobierno central y sector privado y ciudadanía; se refuerce la seguridad jurídica sobre el uso y gestión del suelo, estableciendo los instrumentos que fomenten su ordenamiento desde un enfoque de sostenibilidad social y medioambiental.
Asimismo, reclamaron que los gobiernos locales cumplan con sus funciones realizando acciones ‘‘reales’’.
Al conmemorarse este 24 de abril el Día Nacional de los Ayuntamientos, dirigentes de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicana (UNMUNDO), la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE) y la Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA) aprovecharon para emplazar a los poderes del Estado a profundizar el diálogo entre las autoridades municipales.
También señalaron los efectos negativos en las capacidades de los gobiernos locales que tienen las distintas iniciativas que han venido desarrollándose en detrimento de la autonomía municipal por lo que también llamaron a los poderes del Estado a garantizar dicha autonomía, evitando las acciones que supongan un retroceso en el marco de derechos y potestades municipales, tales como la eliminación del derecho a recaudar una tasa del 3% de la facturación de las empresas distribuidoras de la energía eléctrica tal y como dispone el artículo 284 de la Ley 176-07.
Plantearon que la falta de cumplimiento del porcentaje de ingresos que los gobiernos locales deben recibir en concepto de transferencias del Estado según la Ley 166-03 y que hoy se sitúan en menos de un 3% de los ingresos ordinarios del presupuesto general del Estado frente al 10% establecido por ley, se han ido uniendo y concatenando un conjunto de iniciativas que limitan, una tras otras, las débiles fuentes alternativas al imperante estancamiento y reducción porcentual de las transferencias (desde el 6,6% asignado en 2009 al 3% actual, menor al porcentaje vigente en 1997).