Traducción Iván Pérez Carrión

RIO DE JANEIRO.- A los ojos de Emilio y Marcelo Odebrecht, la empresa contratista de la familia participó en cuatro proyectos que no habrían seguido adelante si no hubiera habido tráfico de influencias o si el objetivo no fuera alimentar la trama de corrupción en el gobierno del Partido de los Trabajadores, revelan las primeras denuncias. En conjunto, estas inversiones −Sete Brasil, Belo Monte, Itaquera Arena y el Puerto de Mariel, en Cuba− suman casi R$120 mil millones.

Los dos últimos ya están en marcha. Belo Monte está programado para abrir en 2019, con cuatro años de retraso. Pero el futuro de Sete Brasil es incierto. Creada en 2010 para gestionar la construcción de 28 plataformas para el presal* y entregarlas a Petrobras, la empresa se enfrenta a graves dificultades financieras. De las 28 sondas, que se estima en US$27 mil millones o R$85,6 mil millones, sólo cinco están en construcción. La conclusión depende del plan de recuperación judicial, que se someterá a votación en una reunión de acreedores esta semana.

Fuentes de la industria estiman que en el caso de Sete Brasil, son fuertes los indicios de que con la creación de la empresa se preveía extender el sistema de sobornos de Petrobras. En octubre de 2009, Petrobras incluso envió cartas de invitación a los astilleros para participar en la licitación de las dos primeras sondas, según un documento al cual el O GLOBO tuvo acceso. Poco después, la subasta fue cancelada, y se creó la Sete para intermediar en las encomiendas.

El Enseada Paraguaçú Cove (BA), que pertenece a la Enseada Indústria Naval, una empresa en la que Odebrecht es socio, fue construido para cumplir con Sete. Hoy en recuperación extrajudicial, Enseada también tiene una alianza con la OAS y la UTC, ambas investigadas por la Operación Lava Jato, y la japonesa Kawasaki. Según las fuentes, Odebrecht no tenía ningún interés en la construcción de las sondas, por su gran complejidad, pero quería operarlas. Por eso sólo terminó adhiriéndose a la sociedad de Enseada.

“Fue un juego con cartas marcadas, para favorecer a los que aceptaban entrar en la trama de corrupción”, dice un exejecutivo de un astillero que fue excluido de la licitación.

El núcleo de Sete fue comandado por João Carlos Ferraz y Pedro Barusco, exejecutivos de Petrobras que se encuentran entre los primeros denunciantes de la Lava-Jato. Barusco ya devolvió más de R$180 millones a las arcas de la compañía estatal. Se considera una persona clave en el petrolão –es proceso de Petrobras−, con tentáculos que se extendían a Sete. De acuerdo con los informantes, mientras que la dirección y los sobornos de Petrobras se dividían con el PMDB y el PP, los recursos en la Sete fueron directamente al PT, un esquema coordinado por João Vaccari, extesorero del partido.

El modelo de negocios de la empresa, que intentaba ordenar sondas con contenido nacional de 55 a 65 %, fue cuestionado por Marcelo Odebrecht en su delación. La política de contenido local había sido una promesa de campaña del ex presidente Lula para reactivar la industria de construcción naval. Los ejecutivos y expertos de la industria dicen que la política en sí no era un problema. Pero cuestionan el hecho de que Brasil no tiene experiencia en la construcción de sondas utilizadas en la etapa exploratoria cuando es necesario perforar pozos y calcular reservas.

“Corea del Sur, un país que lidera la construcción de estos dispositivos funciona con índices de contenido local del 35 al 40 %. Tendría sentido tener un contenido nacional quizá de 20 %,  nunca 60 % o 65%” −dijo Maurício Almeida, presidente de la Asociación de Ingeniería de la Construcción en Tierra, Naval y Offshore (Abecoon) y miembro de la Sigma Consulting.

De acuerdo con Sete Brasil, su dirección actual, que asumió en mayo de 2014, "tiene todo el interés que los hechos investigados por la Lava-Jato sean aclarados". La compañía informó que las cinco sondas en construcción tienen un contenido promedio local del 58 %. Petrobras se negó a comentar.

Con una deuda superior a R$19 mil millones, Sete Brasil solicitó protección por bancarrota hace un año. Sus socios, que incluyen grandes bancos como Santander, BTG y Bradesco, además de los fondos de pensiones de los empleados de la Caja Económica Federal (FUNCEF) y Petrobras (Petros), acumulan pérdidas multimillonarias. En su testimonio, Marcelo estima la pérdida de hasta R$2 mil millones con el proyecto. La empresa Enseada Industria Naval señaló, sin embargo, que la unidad Paraguaçú sigue funcionando.

Marcelo Odebrecht también cita el Itaquera Arena y el Puerto de Mariel, en Cuba, como un proyecto en el que la compañía no tenía ningún interés y en el cual se involucró después de las conversaciones entre Lula y su padre. Las obras en el puerto fueron hechas por el grupo Odebrecht para ampliar y modernizar la terminal.

La inversión tuvo financiación del BNDES de US$682 millones, con un interés entre el 4.44% y el 6.91% al año y un período de amortización de 25 años, el más largo en la línea de financiación de proyectos de ingeniería en el extranjero, de acuerdo con los datos del sitio del banco que se remontan a 1998. El préstamo fue pagado en cinco cuotas, contratadas entre febrero de 2009 y mayo de 2013.

En un testimonio en la Lava Jato, Emílio Odebrecht cuenta que tuvo una primera conversación sobre el proyecto (de Mariel) con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que tenía interés en el puerto por ser Cuba un gobierno aliado. Cuando se le preguntó si Lula tenía injerencia en el BNDES para liberar los fondos, Emilio dijo que “no tenía ninguna duda" de que esto haya ocurrido. La sospecha de tráfico de influencia de Lula en favor de Odebrecht es un objetivo de investigación del Ministerio Público en Brasilia.

De acuerdo con el BNDES, el período de 25 años para el crédito del puerto fue aprobado por la Cámara de Comercio Exterior (SCE). El banco también dice que "la operación tenía cobertura de Seguro de Crédito a la Exportación (SCE) para el 100 % de los riesgos políticos y extraordinarios" y que la concesión de SCE tenía impedimento en el Fondo de Garantía de Exportación (FGE) y fue aprobado el Comité de Financiación y Garantía de las Exportaciones (Cofig) y Camex. El Cofig es el órgano interministerial que evalúa la financiación a las exportaciones brasileñas. Recientemente BNDES creó una comisión interna para investigar las quejas hechas bajo Lava Jato y contenidos en dos peticiones del Tribunal Supremo (STF), pero ninguno de ellos está relacionado con el puerto de Mariel.

La inversión en Arena Itaquera, del Corinthians (un equipo de fútbol), sería inicialmente de R$400 millones, según el testimonio de Marcelo Odebrecht. Sin embargo, las obras terminaron tomando mayores proporciones cuando el estadio se incluyó en la lista para la Copa del Mundo de 2014 y el presupuesto se triplicó y más. En la versión del ejecutivo, la participación del contratista en el proyecto habría sido una petición personal de Lula a su padre:

“Básicamente, fue una solicitud de Lula a mi padre: 'Oh, ayude a Corinthians a construir, que es el equipo de mi corazón’” −informó Marcelo.

El presidente del Corinthians entre 2007 y 2011, Andrés Sánchez, hoy miembro del Congreso (PT-SP), y el antiguo director de mercadeo del club, Luis Paulo Rosenberg, rechazan la declaración del ejecutivo. Según ellos, la empresa contratista siempre ha estado interesada en la construcción o unirse al club por un estadio propio. Ambos sostienen que construir un estadio para la Copa Mundial, sin embargo, no era interés del club y que el fracaso de las negociaciones con el dueño el São Paulo, propietario del estadio Morumbí en São Paulo, la primera opción considerada por la FIFA, aumentó de la presión de los políticos para construir una nuevo estadio.

“Y entonces, al ser descartado el Morumbi, todo el mundo se acercó. La FIFA, el gobierno del estado, el gobierno municipal y, de manera indirecta, el gobierno federal. Yo dije que aceptaba a condición de que no pagar más de R$400 millones” −dijo Sánchez a O GLOBO, recordando conversaciones 2011.

El matrimonio entre un contratista y el club se consumó en una reunión en el departamento de Marcelo Odebrecht, en São Paulo, cuando se decidió que el Corinthians asumiría la financiación de R$400 millones del BNDES. La Odebrecht daría garantías bancarias. Y la ciudad viabilizaría la exención de impuestos de R$450 millones y pagaría la infraestructura necesaria para la apertura de la Copa Mundial.

Un retraso en la presentación de garantías bancarias para la liberación del BNDES (a través de CEF) obligó al club a buscar recursos en el sistema bancario privado, que aumentaron el coste de la nueva arena en R$110 millones. Corinthians además acordó dar un adicional de R$90 millones en infraestructura necesaria para acoger el partido inaugural de la Copa Mundial.

El resultado es que el estadio diseñado por los del Cortinthians, con un coste máximo de R$400 millones, generó una deuda de aproximadamente R$985 millones. Pero al final de la financiación, la cuenta será de mucho más. Corinthians pagó aproximadamente R$5,2 millones por mes para la Caja. El costo total debe ser de R$1,7 mil millones, según la estimación de Sánchez.