“El soborno está tipificado en el Código Penal y cuando se trata de soborno de un funcionario público, se castiga tanto al sobornante como al sobornado con la misma pena”, explicó el abogado penalista Reemberto Pichardo.
Al referirse al castigo que puede recibir el senador o los senadores que participaron en el soborno para la adquisición del contrato de compra de los aviones Super Tucano, sobrevaluados por más de US$94 millones, Pichardo dijo que lo primero que se debe es probar la recepción del dinero y la causa por la cual se recibió.
“Unos serían procesados por soborno y otros por complicidad en soborno que son los que arreglan pero no reciben, es decir las personas que juntan a X con Y; esos serían cómplices e inclusive podría llegarse a la asociación de malhechores y esto podría ser una defraudación”, agregó Pichardo.
Añadió que dicha figura jurídica se conoce como cohecho o soborno, por lo cual sí pueden ser procesados ya que esa estructura jurisprudencial existe en la República Dominicana.
¨Los acusados de dicho delito serán castigados con una pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas¨
Aunque señaló que el Código Penal dominicano es muy viejo y no contempla de manera estricta una serie de situaciones en los códigos que sí se actualizan, como el Francés, especificó que los acusados de dicho delito serán castigados con una pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas.
“Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno”, indica la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la inversión.
Pichardo agregó de manera técnica que el código no cubre una multitud de situaciones, pero como analogía se debe practicar a otras situaciones donde las partes obtienen beneficios. “O sea por lo general se dirige más al ámbito judicial y el soborno dentro de los procesos”.
Jurisdicción privilegiada
El jurista explicó que el o los legisladores poseen una jurisdicción privilegiada, lo que significa que tendría en primer grado a la Suprema Corte de Justicia para ser juzgado.
Detalló que el juez de la Instrucción sería uno de los jueces de la Suprema designado dentro de sus miembros; mientras para el grado de apelación la Cámara Penal y grado de casación conocería el Pleno de la misma alta autoridad judicial.
El senador peledeísta Luis René Canaán era quien supuestamente fue quien recibió el soborno de más de US$3.5 millones para garantizar en el Congreso los votos necesarios para la aprobación del empréstito de US$93.6 millones con los que se compraron los ocho aviones Super Tucano.
Super Tucano
El Acta No. 11-PLO-08, de la reunión celebrada el 7 de agosto del año 2008, a partir de las 10:00 a.m. en el Salón Pedro Francisco Bonó, la Comisión Permanente de Hacienda, del Senado, escuchó los puntos de vista de diversos sectores sobre el contrato de préstamo para financiar la compra de los Tucano a la empresa brasileña Embraer.
Los defensores del proyecto fueron el abogado Marino Vinicio Castillo, su hijo Pelegrín Castillo (entonces diputado), y los militares: Mayor General Piloto Pedro Peña Antonio Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana; Coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini.
En esta se hacía efectiva la aprobación del préstamo por más de $93, 000,000.00 millones de dólares para la adquisición de las referidas aeronaves y su apoyo logístico pagadero a doce años, mediante la especialización de fondos provenientes de las tasas aeronáuticas y aeroportuarias.
El contrato proporcionaba a la República Dominicana ocho aviones Embraer Super Tucano, aviones turbohélice de apoyo de ataque que se han convertido en favoritos de las fuerzas aéreas de países en desarrollo por su bajo mantenimiento y asequibilidad.
El Ministerio de Defensa entregó a la Procuraduría General de la República las documentaciones concernientes a la compra de ocho aviones Super Tucano, adquiridos en Brasil en 2009, luego de que Estados Unidos abriera una investigación que involucra a un alto oficial militar dominicano en un supuesto soborno de más de US$3.5 millones de dólares para facilitar la venta de las aeronaves.
Las autoridades dominicanas han empezado su propia investigación, luego que la agencia de prensa Reuters revelara que autoridades de Estados Unidos y Brasil indagan si la empresa Embraer S.S, fabricante de las referidas aeronaves militares, sobornó al jefe de Proyecto de las Fuerzas Armadas, coronel Carlos Piccini.
Los investigadores norteamericanos presentaron como supuesta evidencia del soborno una solicitud del coronel Carlos Piccini, que habría comunicado a los ejecutivos de Embraer, para que dividieran la entrega del dinero en cuentas bancarias registradas para tres empresa ficticias.
La compra de las aeronaves se hicieron durante la gestión del mayor general Rafael Peña Antonio, entonces jefe de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), durante el gobierno de Leonel Fernández, por un costo de US$93 millones.
En 1999, una comisión del alto mando militar recomendó la expulsión del entonces teniente coronel Carlos Piccini Núñez, luego de recibir y confirmar más de 20 querellas en contra del oficial por estafas y abuso de confianza contra varios ciudadanos.
Pero 10 años después de su cancelación, y sin motivos legales a favor, Piccini fue reintegrado y llevado al rango de coronel full, gracias al apoyo que recibió del mayor general Rafael Peña Antonio. Posteriormente fue designado director de Proyectos Especiales de la institución para manejar las negociaciones en la compra de los aviones Super Tucano.
Coerciones
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, ordenó tres meses prisión preventiva contra el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, acusado de participar en el soborno para la obtención del contrato de compra de los aviones Super Tucano. La medida coercitiva deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo.
En la misma audiencia, próximo a la 1 de la madrugada del jueves 18 de agosto, Vargas impuso al exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, impedimento de salida y presentación periódica los lunes de cada mes como medida cautelar.
Mientras que a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez se les impuso la implementación de grilletes e impedimento de salida, así como presentación periódica los lunes de cada mes.
Por la compra de los aviones, se investiga también a Samuel Pereyra Rojas, primo de Luis René Canaán.
