El exvocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Elpidio Baéz, denunció que poderes fácticos pretenden desconocer la institucionalizad del país, al pretender que las reformas a la justicia y a los demás órganos del Estado se resuelvan fuera de las instituciones que tienen que ver con la designación de los funcionarios que conformaran esos espacios de poder.
Entrevistado en el programa Agenda Semanal que produce el periodista Balbueno Medina, todos los sábados a las 12 del mediodía por Santo Domingo RTV, el legislador oficialista sostuvo que si debe haber acuerdos políticos para conformar las altas cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, debe ser a través de la instancia competente que es el Congreso Nacional.
El diputado Elpidio Baéz recordó que las principales fuerzas políticas del país cuentan con sus representaciones en el Senado y la Cámara de Diputados, que son los canales correspondientes mediante los cuales deben participar en el proceso de concertación política que deberá darse para la escogencia de los funcionarios que serán designados por el Poder Legislativo.
El exvocero de la bancada del PLD en la Cámara Baja consideró que llevar los acuerdos de concertación política al seno de la mediación de la Iglesia católica, seria desconocer la institucionalidad y darle un golpe mortal a la separación de poderes del Estado dominicano, lo que en definitiva crearía un mal precedente para el futuro democrático del país.
Baéz recomendó a los sectores que estarían intentando violentar el proceso de institucionalidad democrática de la República Dominicana impulsando una agenda de reformas a través del Centro Económico y Social (CES), que preside monseñor Agripino Nuñez Collado, a que lleven sus propuestas al Congreso Nacional y que las canalicen mediante los bloques de legisladores que entiendan convenientes, debido a que es al Congreso Nacional a quien Constitucionalmente le corresponde designar los miembros de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral y al Consejo Nacional de la Magistratura, quien deberá designar los jueces de las altas Cortes Judiciales del país.