SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Al agotar su tercera semana de gestión el presidente Luis Abinaderafianza la característica consultiva de su gobierno, especialmente para enfrentar la triple crisis de salubridad, económica y social, mientras ratifica su compromiso de no politizar los organismos de control del Estado, incluyendo a la Junta Central Electoral (JCE).
Al mismo tiempo, el mandatario insiste en que no auspiciará una política de borrón y cuenta nueva frente a los actos de corrupción, consciente de que la eficiencia de la justicia, como la reestructuración del Estado son fundamentales para la recuperación de la confianza en las instituciones nacionales y para mantener firme apoyo en circunstancias tan adversas.
Consultar y rendir cuentas
El presidente Luis Abinader profundizó esta semana el carácter dialogante de su gobierno con sus visitas a los principales líderes de los partidos de oposición, encabezada por los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Alianza País, las cuales tuvieron unánime apoyo de la opinión pública.Ya antes había hecho lo mismo con el Colegio Médico Dominicano y el Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fue a llevar asistencia financiera para que pueda enfrentar las necesidades derivadas de la pandemia.
El nuevo mandatario ha dicho repetidas veces que realizará una gestión abierta a la consulta de los sectores organizados y de la ciudadanía y que también rendirá cuentas y responderá los cuestionamientos. En esta dirección se inscribieron los dos encuentros de total apertura realizados la semana anterior con directores de periódicos y de medios televisivos y radiofónicos, a los que prometió reuniones periódicas.
Abinader deja atrás una de las características de los gobiernos de sus antecesores Danilo Medina y Leonel Fernández, que no respondían cuestionamientos y evadían sistemáticamente los encuentros y preguntas de los medios informativos. Sus consultas se limitaron al alto empresariado y, ante la pandemia, Medina ni siquiera incluyó a los gremios de la salud.
Irónicamente, los dos ex presidentes, Medina y Fernández, fueron de los primeros consultados por Abinader, quienes expresaron respaldo a las disposiciones hasta ahora adoptadas contra el Covid-19 y prometieron colaboración dentro de su responsabilidad crítica de opositores. Guillermo Moreno y MinouTavárez Mirabal, de Alianza País también mostraron satisfacción por la apertura.
Siguen las incertidumbres
Dos semanas y media es muy poco tiempo para cualquier gestión, pero el nuevo gobierno ha proclamado como prioridad absoluta la lucha contra el Covid-19 consciente no sólo de su estragos sobre la salud, con casi 100 mil contagios y superando las 1,800 víctimas mortales, sino del incierto panorama económico y social, con cerca de un millón de nuevos desempleados definitivos y suspendidos.
La pandemia ha seguido expandiéndose, mientras las nuevas autoridades de salud agotaron sus primeros días buscando insumos para las pruebas requeridas, autorizando nuevos laboratoriospara su procesamiento y recuperando el Laboratorio Nacional, que encontraron atascado por una demanda muy superior a su capacidad. Por igual declararon prioritaria la contratación de un millar de médicos y mil 500 enfermeras para suplir las necesidades de personal sanitario, afectado por cientos de contagios.
La aprobación de otro presupuesto suplementario por más de 200 mil millones de pesos adicionales, que aproxima el déficit fiscal a los 500 mil millones de pesos, ha sido otra de las duras tareas del naciente régimen, que todavía no tiene certeza de dónde conseguirá financiamiento. Mientas el Banco Central sinceraba el drama nacional al revelar que en el primer semestre del año la economía cayó 8.5%, después de años creciendo sobre 5%, más preocupante porque la parálisis económica comenzó a mediados del tercer mes del año.
Una JCE independiente
La coherencia del presidente Abinader también se manifestó esta semana sobre la elección de los integrantes de la JCE, que debe ser renovada en noviembre, al reiterar su garantía de que será un órgano independiente, igual que el Ministerio Público y los organismos judiciales y de control. Lo trató con los expresidentes Fernández y Medina, a quienes se acusa de haber politizado todos esos órganos, con dirigentes partidarios, aunque en la última elección de la JCE y el Tribunal Electoral mejoró su composición. Fernández apoyó la escogencia de independientes.
Tras su reunión con Guillermo Moreno, Abinader declaró a la prensa que “nuestra posición es llevar a la Junta Central Electoral personas totalmente independientes de partidos políticos y es uno de los mensajes que llevamos, vamos a continuar con las relaciones bilaterales, y el compromiso del PRM es también la total independencia de la justicia”.
El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, explicó queaunque en su partido hay profesionales con suficiente capacidad para esa tarea, buscarán “personas con plena autonomía”. Probablemente se refería al dirigente perremeístaEddy Olivares, quien tuvo un firme desempeño en la JCE durante dos períodos bajo la presidencia del exdirigentepeledeísta Roberto Rosario. Se le atribuye capacidad y responsabilidad para actuar con imparcialidad por lo que ha sido propuesto para presidir el órgano rector.
Pero la elección deun dirigente del PRM, conllevaría la integración de representantes de otros partidos, en un reparto político que la restaría independencia, por lo que ya Participación Ciudadana reiteró su rechazo. El movimiento cívico, al igual que la Finjus y otras entidades de la sociedad civil han abogado durante años por la despolitización de los órganos de control estatal. No es que aspiren a ángeles custodios, pero que no sean dirigentes de partidos, con conflictos de intereses, y en la sociedad abundan personas con el perfil adecuado, más después que la ley electoral estableció que no serán exclusivamente abogados.
Entre diálogo y justicia
Precisamente la independencia del Ministerio Público, con múltiples casos escandalosos del pasado pendiente, es lo que permitiría que su actuación no liquide la posibilidad de amplio diálogo del gobierno con dirigentes de los partidos que pudieran ser objeto de expedientes judiciales. El presidente Abinader es consciente de ello, pero también de que la ciudadanía espera la acción judicial que se negó sistemáticamente en los gobiernos del PLD, por lo que esta misma semana volvió a reiterar su posición de que no auspicia otro “borrón y cuenta nueva” y que dejará actuar a la justicia.
Las denuncias de abusos con el patrimonio público que empiezan a abundar por parte de los nuevos funcionarios, como esa de que 101 mil personas que no reunían condiciones ds pobreza fueron incorporados a programas de emergencia por el Covid-19, y que más de 62 mil nunca cobraron y otros dejaron de cobrar tan pronto pasaron las elecciones, obliga a investigaciones del Ministerio Público.
Pero hay muchos escándalos grandes pendientes de dilucidar en la justicia, desde los sobornos de Odebrecht y los Tucanos, denunciados internacionalmente y no suficientemente indagados, hasta los 11 mil 500 millones de pesos repartidos en contrataciones de grado a grado para asfalto caliente por el ministerio de Obras Públicas, el asesinato del abogado Juniol Ramírez, denunciante de irregularidades en la OMSA, que involucró a su director, los tráficos de terrenos del CEA, que generaron la muerte de dos comentaristas radiofónicos en San P. de Macorís, y muchos otros.
El PRM tiene que ayudar
Como es normal en un país donde los altos sueldos y pensiones públicas a menudo superan los del sector privado, un partido que llega al poder puede perderse cuando su dirigencia y militancia se lanza tras los cargos y reproduce la cultura política de que el poder es para sacarle beneficios. Al PRM le corresponde darle un firme y sistemático apoyo a los empeños de su presidente por reestructurar la administración estatal, eliminando organismos inoperantes y fundiendo otros redundantes, así como tumbando cientos de botellas, directores, subdirectores, subadministradores y vicecónsules y supuestos diplomáticos.
La limpieza de las nóminas no sólo permitirá ahorrar miles de millones de pesos, sino también evitar que siga creciendo el dispendio, porque si mantienen los políticos y familiares de los anteriores gobernantes, estarían obligados a colocar los propios, por elemental equidad. Es igual que el borrón, que se reproduciría en nueva corrupción. Eso no significa que se barra con todos los anteriores, sino con las botellas, los que cobran sin trabajar, y que respeten a quienes tengan méritos, incluso si son dirigentes políticos.
Nadie puede presumir que se trata de tareas fáciles ni que no se cometerán injusticias, pero este gobierno tiene por delante un panorama tan complejo que obliga a racionalizar el gasto público para mantener el respaldo de quienes lo eligieron buscando un cambio significativo. Y para reunir autoridad moral para reclamar mayores contribuciones de quienes pueden y deben. Para ello es necesario que no se pretenda cambiar de botellas ni mantener gastaos privilegiados. Tienen que dar ejemplo renunciando a los barrilitos, y a las nominillas y los sueldos desproporcionados.-