SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Miembro Titular de la Junta Central Electoral, Eddy Olivares Ortega, valoró como positiva la iniciativa del presidente de la República, Danilo Medina, de solucionar el principal problema creado por la circular 017 de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
A través de un comunicado, Olivares Ortega indicó que Medina tendrá el mérito de eliminar la circular, la cual, a finales del año 2007, “convirtió en extranjeros en su propia tierra a miles de dominicanos y dominicanas”.
“Cuando el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo se convierta en ley, miles de dominicanos que fueron radiados del Registro Civil y sus descendientes, recuperarán la nacionalidad dominicana”, puntualizó.
“Esa es la razón por la que, de inmediato, la iniciativa ha sido cuestionado y amenazada por influyentes defensores de la problemática sentencia 168, los cuales al sentirse vinculados, en relación con este tema, con la mayoría de los jueces que componen el Tribunal Constitucional, tienen la seguridad de que este órgano fallará una vez más a su favor. En ese sentido, espero que finalmente se imponga la prudencia”, detalla la comunicación.
El miembro titular de la JCE, estimó que la aceptación y reivindicación, por parte del presidente de la Junta Central Electoral, de su participación en la elaboración del referido proyecto, constituye una admisión de que esa circular y el uso que le dio a la resolución 012, la cual, sostuvo “fue un grave error que afectó injustamente a ciudadanos dominicanos y, como consecuencia de ello, la imagen del país ante la comunidad internacional”.
En ese mismo orden, consideró que se debe tomar como una lección de este proyecto de ley, el mensaje de que sentencias tan importantes y delicadas para el Estado como la 168-13, cuando afectan derechos humanos, no deberían inspirarse en el prejuicio, sino en la justicia y la prudencia.
A continuación, las declaraciones del magistrado Olivares Ortega suministrado a Acento.com.do.
DECLARACION DEL MAG. EDDY OLIVARES SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN ESPECIAL PARA PERSONAS NACIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL INSCRITAS IRREGULARMENTE EN EL REGISTRO CIVIL DOMINICANO Y SOBRE NATURALIZACIÓN.
Más allá de los reparos a sus consideraciones legales, trasciende el hecho cierto de que la convalidación de la nacionalidad de los descendientes de padres haitianos inscritos en el Registro Civil, soluciona el principal problema creado por la circular 017 de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. En ese sentido, cuando el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo se convierta en ley, miles de dominicanos que fueron radiados del Registro Civil y sus descendientes, recuperarán la nacionalidad dominicana.
Esa es la razón por la que, de inmediato, la iniciativa ha sido cuestionado y amenazada por influyentes defensores de la problemática sentencia 168, los cuales al sentirse vinculados, en relación con este tema, con la mayoría de los jueces que componen el Tribunal Constitucional, tienen la seguridad de que este órgano fallará una vez más a su favor. En ese sentido, espero que finalmente se imponga la prudencia.
Valoro como positivo el hecho de que la iniciativa del presidente de la República, licenciado Danilo Medina, tendrá el mérito de que eliminará definitivamente la circular 017 de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, que originó el problema, cuando a finales del año 2007, convirtió en extranjeros en su propia tierra a miles de dominicanos y dominicanas.
Estimo que la aceptación y reivindicación, por parte del presidente de la Junta Central Electoral, de su participación en la elaboración del referido proyecto, constituye una admisión de que esa circular y el uso que le dio a la resolución 012, tal y como lo sostuvimos siempre, fue un grave error que afectó injustamente a ciudadanos dominicanos y, como consecuencia de ello, la imagen del país ante la comunidad internacional.
En ese mismo orden, considero que se debe tomar como una lección de este proyecto de ley, el mensaje de que sentencias tan importantes y delicadas para el Estado como la 168-13, cuando afectan derechos humanos, no deberían inspirarse en el prejuicio, sino en la justicia y la prudencia. Es por ello que la prudencia que le faltó a los dos órganos al tomar sus cuestionadas decisiones, obligó al Poder Ejecutivo a buscar una solución al problema creado.
El Tribunal Constitucional con su fallo en contra de los más débiles y a favor del más fuerte, hizo invertir los roles, al colocar, fruto de su problemática decisión, al Poder Ejecutivo en la necesidad de proteger los derechos que él debió haber protegido.
Me llama la atención el hecho de que en el sexto considerando del proyecto de ley, se señale la auditoría que está realizando nuestro órgano a los libros del Registro Civil como el medio para identificar a las personas que serán beneficiadas, la cual podría tardarse un año y cuatro meses más. De esta manera, innecesariamente, se mantiene la suerte de los afectados en manos de quien generó el despojo de su nacionalidad. A pesar de ello, se debe confiar en que el auditor, que es una parte interesada en contra de los afectados, se despojará de la pasión y cumplirá la misión institucional de incluir en la lista a todos los beneficiarios.
Ahora solo resta que se respete el referido capítulo del proyecto, sin que los actores que promovieron la política de exclusión validada por el Tribunal Constitucional, se conviertan en un obstáculo para su cumplimiento.
Sobre los demás aspectos abordados por el proyecto de ley no tengo en este momento ningún comentario.