SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La coalición de organizaciones Dominicanos por Derecho, demandó este 23 de septiembre a la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE), sea enviada una comunicación a las distintas oficialías del Estado Civil para que sean liberados sus documentos, los cuales afirmaron siguen secuestrados por la entidad electoral.
Durante la realización de una parada cívica “de luto”, en conmemoración del primer año del fallo 168-13, efectuada frente al Tribunal Constitucional, Ana María Belique, vocera del movimiento Reconoci.do, recalcó que la situación de las personas nacidas en república Dominicana, congregadas bajo el Grupo A, no dependen de la Ley de Naturalización, por lo que mantienen su exigencia al presidente JCE, Roberto Rosario, para que suministre una circular a las diferentes oficialías del Estado Civil para que sean liberados sus documentos.
Reiteró que la ley 169-14 busca restituir los derechos que durante años han sido violados por la JCE, lo cual no ha sido cumplido por la institución que preside Rosario, ya que mantienen la posición de cumplir primero con el fallo del Tribunal Constitucional, ignorando la ley.
Reconoce que se ha avanzado mucho en la sociedad dominicana, la cual ha dado muestras de querer un estado democrático y de derecho, sin embargo, lamentó la existencia de grupos que condenen de forma autoritaria la intención de personas e instituciones no gubernamentales, de establecer un dialogo que permita esclarecer la situación de las personas nacidas en el país.
“Es lamentable que una parte de la sociedad dominicana no tengan una postura más abierta y de dialogo donde podamos sentarnos y debatir ideas, sin que sean llamados traidores a la patria”, expresó Belique.
De su parte, Rosa Iris Diendomi Álvarez, dirigente de Reconoci.do, criticó la actuación del Tribunal Constitucional al emitir la sentencia, debido a que es el organismo llamado a defender los derechos constitucionales, que vulnera a su vez mas de 15 artículos de la constitución e ignorando las disposiciones de tratados internacionales de los cuales el país es parte.
Asimismo, indicó que la situación ha empeorado, debido a que pese a existir un registro de nacimiento, se hace la exigencia de hacer una transcripción a un registro especial por el origen de sus padres.
Indicó que desde la emisión de la ley 169-14 han ocurrido pocos avances en materia de documentación, debido a que actualmente se continúa con la segregación de personas nacidas en el territorio dominicano, en situación irregular.
Asimismo, negó las acusaciones realizadas por algunos sectores de tratar de beneficiar a personas que nacieron fuera del territorio dominicano, al tratar de incluirlos dentro del grupo B de la ley 169-14, para que puedan regularizar su estatus.
“Es una acusación falsa y si tienen alguna prueba de ello que lo demuestren. Hemos estado actuando en correspondencia con la norma”.
Salida de ACNUR
En lo referente a la petición de diversos sectores de que se retire del país la oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ana María Belique afirmó que es penoso que en República Dominicana se adopte una postura contra el ACNUR, que es cumple una misión humanitaria en el país.
“El Estado ha otorgado los permisos (para estar aquí), además de que es lamentable que a todos los que se atrevan a estar en contra de las medidas discriminatorias en el país, se les tilde de traidor a la patria”, resaltó.
Los nacionalistas en la contra protesta
Al mismo tiempo que las organizaciones que rechazan la Sentencia TC 168 llevaron a cabo su actividad, separados por varios metros, al otro lado de la calle se presentaron los activistas de grupos nacionalistas que rechazan a los dominicanos de origen haitiano.
Los nacionalistas extremos, con letreros de rechazo a los haitianos y a un supuesto plan de "fusión de la isla", se mantuvieron varias horas. No hubo incidentes entre ambos grupos. La Policía Nacional mantuvo bajo control la situación, aunque de ninguno de los grupos hubo intento de hacer algo más que expresar sus puntos de vista.
