SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Más de 100 directores regionales y distritales del Ministerio de Educación (Minerd) sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una solicitud de medida cautelar anticipada para la suspensión parcial de los efectos de la ordenanza 01-2020 que dictó el Consejo Nacional de Educación, que los designa como asesores, cuando habían sido seleccionados como directores mediante la ordenanza 24-2017.
Los abogados Nelfis Stapleton y Yulibelys Wandelpool, representantes de los demandantes, explicaron que la ordenanza 01-2020 persigue derogar la ordenanza 24-2017, mediante la cual se reglamentó el Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales, que permitió que en el año 2018 se realizara dicho proceso.
“Esas personas tienen un contrato laboral firmado por cinco años y solo pueden ser desvinculadas de su posición por dos elementos: que con la evaluación de desempeño se vea que no han cumplido, o una falta grave, y no ocurrió ninguna de las dos”, explicó Stapleton.
La situación que contextualizaron ambos profesionales del derecho en una rueda de prensa es que los directores en juego, designados en 2018, pasaron por un proceso de selección por competencias y se comprometieron a "guiar la educación hacia los mejores estándares". Por tanto, Wandelpool dijo que buscan que las autoridades de ese orden sean elegidas por un proceso similar igual de robusto y que no se retroceda a prácticas que ya son pasadas.
Asimismo, Stapleton sostuvo que “lo importante es que ese es un cargo docente, que se mantenga así y que se saque la política de ahí”.
Los accionantes establecen que con la aprobación de la ordenanza 01-2020, y las consecuentes decisiones tomadas por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, transgreden el Principio de Seguridad Jurídica, de previsibilidad y certeza normativa, establecido en el artículo 3.8 de la Ley 107-13, que cita: Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa: Por los cuales la Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos.
Por otro lado, indicaron que la figura de asesor que les adjudica la ordenanza 01-2020 no pertenece a la carrera docente, sino a un cargo administrativo, contrario a los aspectos para los que fueron evaluados hace tres años.
Informaron que este martes depositaron solicitaron ante el TSA las medidas cautelares anticipadas a fin de evitar la “perturbación ilícita” que genera la resolución 01-2020 a cientos de servidores públicos del MINERD. La solicitud se sustenta en que los artículos 3, 4 y 5 de la ordenanza constituyen una violación a los principios de proporcionalidad, confianza legítima y coherencia, establecidos en el artículo 3 de la Ley 107-13, que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública.
Los accionantes y sus representantes, establecen que desde el día 11 de septiembre han enviado comunicaciones a las instituciones involucradas y miembros del Consejo Nacional de Educación, al presidente de la República Luis Abinader Corona, a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, al ministro Administración Pública Darío Castillo Lugo y al propio ministro de Educación, Roberto Furcal, en procura de llamar su atención a fin de evitar la perturbación manifiestamente ilícita que se ha provocado con esta situación.