SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Todavía no ha sido sometida a la justicia la ex registradora del Distrito Nacional y actual directora Nacional de Registro de Títulos, Rosabel Castillo Rolfo, quien completaría la cuota de 11 imputados acusados de falsedad, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de Malhechores, tras ejecutar la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos.
Mientras que el abogado Francisco Núñez Sánchez, representante legal de la agrimensora Ana Antonia Ozuna, acusada de participar en la venta de los terrenos, reveló que son 15 los imputados en el caso.
Núñez Sánchez indicó que en la tarde de ayer, jueves, se entregaron cuatro personas más a la Procuraduría General de la República, los cuales están detenidos junto al grupo de 10 implicados apresados en varios allanamientos ejecutados por autoridades. No obstante, no reveló los nombres de los supuestos cuatro imputados más.
Los detenidos se encuentran a la espera de que se les conozcan las medidas de coerción. Todos está en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Esta mañana, abogados, familiares y amigos de los acusados detenidos en Fiscalía del Distrito Nacional salieron en defensa de sus parientes, alegando que todas las actuaciones de compra y venta de los terrenos fueron regulares.
“Ellos hicieron un negocio con el Estado dominicano y ha resultado que el Estado dominicano a ese negocio lícito de comprarle terrenos al Estado, el Estado ahora en una actitud tramposa dice que se trata de una estafa”, expresó Marino Félix, abogado de los hermanos Gómez.
Aunque no se han dictado las medidas de coerción en contra de los implicados, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió ayer que solicitará un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
El caso de corrupción por la venta irregular de los terrenos del Estado del barrio Los Tres Brazos, por parte de once funcionarios de la Corporación de Empresas del Estado (CORDE) y otras entidades junto a supuestos empresarios, empezó con una denuncia a finales del año 2016 hecha por los residentes en el citado sector de Santo Domingo Este.
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