SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se conmemora este 26 de junio, Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta advierte que el país tiene una deuda pendiente en el combate a las drogas.
Recuerda las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas de “sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas, o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.”
Apropósito de este día, menciona que la ONU persigue que “a los países y a las comunidades, a que sigan mejorando la vida de todas las personas destruidas por el abuso de drogas, combinando la protección y la seguridad pública con un mayor hincapié en la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.»
De la Rosa Hidalgo considera que este día encuentra de nuevo a la República Dominicana con una agenda pendiente. "Es necesario, como recomienda la ONU, que nuestros gobernantes tomen medidas para diseñar una política de drogas integral, que privilegiando la reducción de la demanda, tenga como centro a la persona y su salud, respetando los derechos humanos", apunta.
A su juicio, estas motivaciones y recomendaciones de la ONU no han sido tomadas en cuenta por las autoridades del Gobierno. "La República Dominicana, continúa sin hacer cambios significativos en unas políticas represivas, que como se ha dicho muchas veces, resultan peores que las drogas a las que dicen combatir. Se ha hecho de lo punitivo una especie de dogma, a pesar de que los resultados de estas políticas son incapaces de mostrar resultados positivos".
Agrega que "las políticas públicas de nuestro país en materia de drogas, siguen descansando fundamentalmente en las labores de control y represión. Pero además, estas labores de control y represión son limitadas por la corrupción, pero además su aplicación solo a los sectores más empobrecidos del país es profundamente injusta. No tenemos una estrategia preventiva, carecemos de un sistema de tratamiento. Las personas con problemas de adicción se siguen viendo como “manzanas podridas”, delincuentes, y no como personas con un problema de salud. En las perspectivas actuales, a las personas usuarias de drogas se les violan sus derechos sistemáticamente. No tenemos investigaciones y carecemos de propuestas formativas. Y por supuesto que las personas que terminan un tratamiento sobre drogadicción, en general precario, no tienen posibilidad de una inserción social que favorezca el mantenimiento de la abstinencia".