La detención de una extranjera en estado de gestación podría ser una violación a la Ley de Migración de la República Dominicana.
El reglamento migratorio en su artículo 134 sobre las detenciones de inmigrantes sostiene que la detención será el último recurso a utilizar en contra de un extranjero a realizarse mediante una orden del Director General de Migración y nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo.
Este jueves las autoridades migratorias detuvieron a unas 28 mujeres embarazadas de nacionalidad haitiana cuando se disponían a acudir a su consulta de rutina en el Hospital Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, Santo Domingo Este.
Así lo denunció la Mesa Nacional para Migraciones y Refugiados en el país e informó que posterior a su detención las embarazadas fueron repatriadas.
Para la abogada constitucionalista Patricia Santana esta ha sido no solo una acción ilegal, sino un acto cruel e inhumano que atenta contra la dignidad de aquellas mujeres.
“Es un acto cruel e inhumano, un atentado a la dignidad de mujeres en estado de gestación, niñas y niños, grupos que ya han sido vulnerabilizados por su condición de inmigrantes, ahora se les pone en una condición más precaria aun”, expresó.
La experta legal explicó a ACENTO que entrar a las maternidades a detener a las inmigrantes haitianas en estado de gestación viola la Constitución, la Ley de Migración y los convenios internacionales de derechos humanos.
Precisó que específicamente el artículo 55.6 de la Carta Magna dice expresamente que el Estado protege la maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, y que la maternidad genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo. “Es muy evidente que estas medidas promueven exactamente lo contrario”.
La detención de las nacionales haitianas en estado de gestación tuvo lugar luego de que las autoridades dominicanas adoptaron medidas contundentes para frenar la inmigración ilegal de haitianos debido a la actual crisis política, social, económica y de seguridad que vive el país vecino.
Dentro de esas medidas se incluyó el impedimento de ingresar al país a mujeres embarazadas de más de seis meses.