El Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO) con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF), desarrollan un proyecto a través del cual se busca promover los derechos de los dominicanos y las dominicanas de ascendencia haitiana.
La iniciativa denominada “Hacia una cultura política basada en derechos para la participación de la población dominicana de ascendencia haitiana” se desarrolla en ocho comunidades pertenecientes a los distritos municipales Batey 8, Santa Bárbara “El 6” y El Palmar de las provincias de Bahoruco e Independencia.
Sus representantes manifestaron que entre sus objetivos está identificar dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, inscritos o no en el registro civil, cuyos derechos han sido vulnerados con las políticas restrictivas y la pobre aplicación de las medidas anunciadas por el Estado.
Además que dicha medida ha dejado en condiciones de apátridas y desnacionalizadas a centenares de personas, que corren riesgo de ser expulsadas de su país a un Estado que tampoco les reconoce como sus nacionales.
De igual forma contempla fortalecer la capacidad y las iniciativas de defensa de diferentes actores para promover el respeto por los derechos a la nacionalidad de los nacidos antes del 2010, regularización migratoria y al debido proceso en caso de deportación de los migrantes haitianos.
Beneco Enecia, director de CEDESO, destacó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es sensibilizar a la población de la realidad por la que atraviesan centenares de dominicanos y dominicanas, nacidos en los bateyes, que han visto sus derechos vulnerados desde el momento de su nacimiento y que con el paso de los años se agrava más.
“No es una cuestión de mendigar, ni mucho menos exigimos más de lo que no nos corresponde. Si a muchos de los contemporáneos míos no se les hubiera negado el derecho a la nacionalidad y a una vida digna, nuestros bateyes y los hijos de los bateyes tendrían un estilo de vida distinto y mayor seria su aporte a la sociedad que los vio nacer”, puntualizó.
Recordó que luego de emitida la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y concluidos los plazos establecidos por la ley 169-14 para que las personas afectadas pudiesen obtener sus documentos de identidad y les sea reconocido el derecho a la nacionalidad dominicana, centenares de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana han quedado en estado de apátrida en el sur del país.