REDACCIÓN.-Concluido la noche del miércoles (ayer) el plazo para la inscripción en el Plan Nacional de Regularización de inmigrantes indocumentados en República Dominicana (la mayoría haitianos), comienza ahora el proceso de depuración, que durará 45 días y determinará finalmente cuáles de los inscritos califican para quedarse como residente documentados y cuáles deberán de abandonar el territorio dominicano.
El siguiente reportaje publicado en The Wall Street Journal, de la firma de Dudley Althaus, ofrece una panorámica de la situación. Se trata de una versión de Ivá Pérez Carrión, en traducción libre para Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Miles de haitianos se alinearon en las oficinas del gobierno por toda la República Dominicana el miércoles para adelantarse a una fecha límite para inscribirse en virtud de una nueva ley de inmigración o enfrentar potencial deportación.
El gobierno del presidente Danilo Medina estableció como plazo la medianoche del miércoles para que cientos de miles de inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana se registren con el fin de demostrar que son ciudadanos o residentes permanentes o bien enfrenten la repatriación a Haití.
El Gobierno dijo que 275,000 inmigrantes haitianos habían presentado su documentación a principios de esta semana, dejando cerca de otros 225 mil en riesgo. Activistas de inmigración dicen que muchos de los haitianos, además de decenas de miles otros que nacieron en la República Dominicana de padres haitianos, carecen de los documentos necesarios para calificar.
“Sólo una fracción de los nacidos en el país lograron registrarse a tiempo, en parte porque el proceso era muy complicado y a menudo implicaba conseguir documentos de identidad de ambos padres, dijo Celso Pérez, investigador de Human Rights Watch, una organización no lucrativa”
De los que se han registrado, no todos pueden ser aceptados porque carecen de la documentación válida, dijeron funcionarios y activistas. El Gobierno tendrá 45 días para aprobar o rechazar la documentación, expuso el general Rubén Paulino, jefe de la agencia de inmigración del país, en una conferencia de prensa el miércoles.
“Todo indica que las cosas están a punto para empezar la repatriación”, dijo Beneco Enecia, director de un grupo de apoyo que trabaja con las comunidades haitianas. “Ya pueden empezar a buscar a las personas que enviarían de vuelta el jueves”.
El general Paulino dijo a la prensa que los haitianos deben llevar sus documentos de identidad con ellos para evitar problemas. El general dijo que su agencia, con la ayuda de los militares, comenzará a patrullar los barrios que tienen un gran número de migrantes el jueves, informó Prensa Asociada.
La oficina del general Paulino no devolvió las llamadas en busca de comentarios. El Ministerio del Interior dijo que no tenía comentarios.
Por muchas generaciones, los haitianos han estado cruzando la porosa frontera entre los dos países que comparten la isla de La Española para trabajar en la República Dominicana, la mayoría de ellos, en labores menores como cortadores de caña de azúcar, trabajadoras domésticos y otros.
Las deportaciones llegan en medio de crecientes tensiones entre los países vecinos, cuya frontera común ha sido ensangrentada por invasiones y masacres.
Esa fricción ha aumentado desde que miles de haitianos que buscan trabajo cruzaron a la República Dominicana después del devastador terremoto de Haití de 2010 que mató a cientos de miles de personas y empobrecido aún más a la isla.
En 2010, la República Dominicana cambió la constitución para parar la concesión automática de la ciudadanía a las personas nacidas en el país, e hizo obligatorio que ambos padres sean ciudadanos o residentes permanentes. En 2013, el máximo Tribunal Constitucional del país hizo retroactiva la medida, despojando a un estimado de 210,000 personas nacidas en el país, en su mayoría de ascendencia haitiana, de su ciudadanía, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
Después de una protesta internacional, el gobierno del presidente Medina aprobó una ley el año pasado que otorga la ciudadanía a los nacidos antes de octubre 2011, siempre que tengan documentos de identificación del gobierno dominicano y se encuentren en el registro civil.
A los que no tienen documentos se les dio seis meses para solicitar la residencia legal y eventualmente la ciudadanía si podían probar que nacieron en la República Dominicana, que según dijeron grupos de derechos humanos, algo que podría ser difícil para muchas personas que carecían del conocimiento para solicitar o preservar los certificados de nacimiento u otros registros.
Sin embargo, sólo una fracción de los nacidos en el país lograron registrarse a tiempo, en parte porque el proceso era muy complicado y a menudo implicaba conseguir documentos de identidad de ambos padres, dijo Celso Pérez, investigador de Human Rights Watch, una organización no lucrativa.
“La ley ha estado plagada de defectos de diseño e implementación que han frustrado el proceso de naturalización”, dijo Pérez.
Pérez dijo que el actual empuje para la repatriación está dirigido a los inmigrantes, y no a los que nacieron en República Dominicana, pero que muchos sin darse cuenta podrían quedar atrapados en una redada de inmigración. “Hablamos con personas que fueron agarrados en la calle, no tenían papeles, y fueron llevados derecho a la frontera con Haití”, dijo.
Enecia y otros activistas ven motivos políticos detrás de la repatriación actual. El Sr. Medina se postuló en una dura plataforma antiinmigración en su exitosa candidatura de 2012, durante una campaña en la cual los funcionarios habían amenazado con la deportación.
La semana pasada, los legisladores dominicanos aprobaron cambios constitucionales que permitan a un presidente buscar la reelección consecutiva. Antes del cambio, el presidente tenía que esperar cuatro años antes de que volver a postularse. Está previsto que República Dominicana celebre elecciones presidenciales en agosto 2016.
“En términos electorales, esto favorece el presidente”, dijo Enecia.
Se esperaba que Medina de aprovechara un discurso televisado la noche del miércoles para discutir las posibles deportaciones y si sería o no candidato a la reelección, según los medios locales.
En los próximos días y semanas, los funcionarios dominicanos van a tener cuidado de no incurrir en deportaciones en gran escala, dijo Wade McMullen, fiscal de la organización no lucrativa Robert F. Kenney de Derechos Humanos en Washington, D.C. Sin embargo, dijo que los políticos han encendido hasta tal punto las pasiones que tendrían que cumplir con las deportaciones “ya sea mañana o dentro de dos meses a partir de ahora”.