Washington, EEUU (EFE).- Distintos legisladores demócratas presentaron varios proyectos de ley con el objetivo de prohibir al Gobierno de Donald Trump que introduzca una pregunta sobre ciudadanía en la encuesta del censo de Estados Unidos para 2020, una medida que ha causado gran polémica.
El Departamento de Comercio estadounidense anunció esta medida para el próximo censo, correspondiente a 2020, con la que pretende "ayudar a hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales (VRA, en inglés)", según aseguró en un comunicado.
En respuesta a lo ocurrido, los senadores demócratas Bob Menéndez, Cory Booker y Maizie Hirono presentaron hoy la Ley Cada Persona Cuenta de 2018, que prohibiría que la Oficina del Censo haga una pregunta sobre ciudadanía o estado migratorio.
"El censo federal NO es una herramienta para agradar a la base (electoral) del presidente", dijo Menéndez en un comunicado.
"Es un recuento obligatorio por mandato constitucional de cada persona que vive en este país, sin importar de dónde vengan o cómo hayan llegado hasta aquí", explicó.
Dijo además que es "increíble" que incluso se tenga que considerar una legislación para "evitar que esta administración politice el censo con sus sentimientos antiinmigrantes y contamine el proceso de redistribución de distritos para inclinarlo hacia su partido".
Para argumentar su decisión, el Gobierno del multimillonario indicó que esta práctica se llevó a cabo en casi todos los censos por décadas entre 1820 y 1950.
Por su parte, la senadora Hirono consideró que la medida es el último esfuerzo de Trump para contentar a su base antiinmigrante y "fomentar el miedo".
"Los datos del censo se utilizan para tomar decisiones críticas para todo el Gobierno federal y agregar esta pregunta tendría un impacto devastador sobre la participación de las minorías y la financiación futura de los programas que impactan a las comunidades más necesitadas", insistió la senadora por Hawai.
La Oficina del Censo cuenta el número total de personas que hay en el país, no el número total de ciudadanos, cada 10 años, pero desde hace más de 70 no pregunta sobre el estado de ciudadanía de los individuos, algo que el Gobierno Trump quiere recuperar, provocando que los inmigrantes ilegales y las minorías extranjeras queden expuestos a las autoridades.
El recuento del censo se usa para volver a dibujar los distritos electorales, por lo que puede afectar la composición del Congreso y determinar dónde se utilizarán los fondos federales, estatales y locales para construir nuevas escuelas, carreteras, centros de salud, cuidado infantil y para personas mayores.
Sus resultados también son la base de innumerables estudios gubernamentales y académicos que impulsan las decisiones de política pública y las legislaciones del Congreso.
Paralelamente al esfuerzo en el Senado, la congresista demócrata Grace Meng (Nueva York) también anunció hoy la presentación de una legislación similar para evitar que se introduzca la pregunta sobre la ciudadanía,
Meng dijo en un comunicado que la decisión de "agregar esta pregunta sin ninguna prueba en esta última etapa es profundamente preocupante e imprudente" y advirtió que la pregunta probablemente disminuirá las tasas de respuesta y arrojará resultados inexactos.
"Muchos inmigrantes que temen ser deportados bajo la administración actual simplemente optarán por no participar en el censo por temor a que la información que brinden se use en su contra", agregó.
Además de las propuestas legislativas, el estado de California ya ha anunciado que llevará a los tribunales la decisión del Ejecutivo. EFE