SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Edgar Eliazer Torres Reynoso, secretario del Consejo del Poder Judicial, fue llamado con urgencia por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía.

Eran las 4:30 de la tarde, del lunes 2 de noviembre de 2015. Cuando Torres Reynoso entró al despacho de Mariano Germán, se encontró con la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré empapada en lágrimas.

“El presidente me manifestó que me había mandado a buscar porque la magistrada había confesado que había aceptado dinero para resolver el caso del regidor de Pedro Brand y que ese dinero fue otorgado por el ex consejero Francisco Arias Valera”. La renuncia de Arias Valera fue aceptada el viernes 13 de noviembre del 2015.

Awilda Reyes Beltré, ahora guarda prisión preventiva en espero del juicio que inicia el 12 de febrero

Mariano Germán también pidió la comparecencia de Justiniano Montero Montero, director general de Administración y Carrera Judicial, “a los fines de que ambos fuéramos a la casa de la magistrada a buscar el dinero. En lo que llegaba el magistrado Montero, el presidente le reprochaba a la magistrada Awilda sobre sus acciones, el presidente dijo: mi hija, cómo tu estás haciendo esto, siendo madre, qué ejemplo le vas a dar a tus hijos”.

Torres Reynoso sigue relatando que cuando llega Justiniano Montero al despacho del presidente de la SCJ, y se le da la explicación, la expresión de éste fue “Ay Dios mío”.

Mariano Germán les ordenó a ambos acudir a la residencia de Awilda Reyes Beltré, con ella, a recoger el dinero “ya que ella estaba en disposición de entregar el mismo, el cual fue recibido por ella, en el caso concerniente al regidor de Pedro Brand”.

El relato continúa y ya dentro del apartamento de la suspendida jueza, ella solicita que Montero Montero y Torres Reynoso se queden en la sala para no causar revuelo a los niños. “Sentados, ella duró uno o dos minutos buscando una cartera o bolso en piel dividida en piel negra, marrón, una especie de rojo vino en cuadrados”.

Retornaron al despacho del presidente de la SCJ a las 6:10 de la tarde.

“El magistrado presidente instruye para sacar el dinero, se cuenta y se le toma las fotografías. Como el presidente había estado llamado al consejero Francisco Arias y este no aparecía, ya estando en el despacho y una vez tomadas las fotografías referidas por mí por orden del magistrado presidente, aparece por la vía telefónica el ex consejero Francisco Arias Valera y tomando el teléfono el presidente, le dice que si estaba muy lejos que pasara por allá. El presidente cierra el teléfono e informo que el ex consejero va a la oficina y nos dice al magistrado Justiniano y a mi que nos retiremos. Se quedó la magistrada Awilda, se quedó el bolso con el dinero y el magistrado presidente”.

Reyes Beltré con su abogado, Tomás Castro y otros a la salida del Palacio de Justicia

Cuando se le pregunta a Torres Reynoso por la actitud de las personas presentes en el despacho de Mariano Germán, hizo la siguiente descripción:

“La actitud del magistrado presidente, ciertamente, estaba molesto, indignado, apenado y se le notaba a pesar de su postura fuerte, era una situación que para él no era de su agrado. En todo momento le reprochó a la magistrada que él no había dado ningún tipo de orden con respecto al caso ni con respecto a ninguna otro. El magistrado Justiniano, estaba muy sorprendido de todo lo que estaba sucediendo, de cierta manera creo que con la sorpresa estaba un poco nervioso y eso es lo que puedo decir, el magistrado Justiniano estaba sorprendido. La magistrada Awilda, por su parte, estaba llorando, retraída, avergonzada y muy triste esa es la verdad”.

Este es el relato del secretario del Consejo del Poder Judicial, interrogado por Laura Guerrero Peletier, sobre el expediente contra Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera.

El próximo 12 de febrero, a las 9 de la mañana, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, encabezada por el magistrado Antonio Sánchez Ortiz, iniciará el conocimiento del proceso penal.

La acusación fue formalizada por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien presentó cargos contra Arias Valera y Reyes Beltré por violación del artículo 146 de la Constitución de la República, y violación de los artículos 166, 167, 177, 178, 179, 181, 183, 265 y 266 del Código Penal.

Una decisión previa

El 17 de diciembre de 2015, en un desenlace de rescate del sistema de justicia, el presidente de la Segunda Cámara de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ramón Horacio González Pérez, en función de juez de instrucción especial de la jurisdicción privilegiada designada, impuso la prisión preventiva por tres meses a Francisco Arias Valera y a Awilda Reyes Beltré.

Magistrado Ramón Horacio González Péres

Pero la decisión fue más que contundente, porque en su sentencia dijo que “han surgido indicios graves, precisos, serios, concordantes y suficientes, que hacen presumir, razonablemente, que los imputados podrían resultar culpables de la comisión de los hechos por los cuales son investigados…”.

También declaró que existía el peligro de fuga, “dada la gravedad de los hechos que se les imputa, el daño causado a la sociedad, pues, se trata de un hecho gravísimo, que ha minado las bases del sistema de justicia penal en la República Dominicana; que ha convulsionado de manera catastrófica al poder judicial del país, ha perturbado de manera profunda la conciencia de la sociedad dominicana, una vez que los investigados olvidaron que con su accionar, traicionaban la confianza que el pueblo dominicano, a través de la Suprema Corte de Justicia, que los designó, para las más nobles y delicadas funciones que se le pueden conferir a un ser humano, la de juzgar a sus semejantes; los hechos que se les imputan y de los cuales existen indicios de culpabilidad, han socavado las bases de la República, pues, la justicia y el fundamento del Estado, el órgano superior en que descansa la nación y cuya misión es controlar las actuaciones de los otros poderes del Estado, desprestigiándola a tal punto que la sociedad ha perdido la confianza en la justicia. Asimismo, la pena imponible a los imputados, en caso de condena, es grave”.