SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La auditoría externa de Taveras Consulting & Asociados a la gestión de Arístides Fernández Zucco en el Departamento Aeroportuario determinó la existencia de una gran cantidad de violaciones a las normas de administración pública que no han sido subsanadas, pese a que han sido identificadas en forma reiterada por la misma firma auditora y consultora, contratada de forma persistente por el propio director de la entidad estatal.
La firma de autores le recuerda a las autoridades del Departamento Aeroportuario que se debe cumplir el reglamento 490-07 de aplicación de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, así como las modificaciones de la ley 449-06, de forma que se garantice la transparencia en las operaciones realizadas por empresas y entidades estatales.
La empresa auditora le incluye unos cuantos ejemplos en los que no se cumplieron las normas:
Cheque No. 16320 por valor de 608,452 pesos, a favor de Tringsa, Alberto Hungría por reparación y climatización del edificio JR, donde se encuentran las oficinas ejecutivas del DA. También el cheque No. 16423, al mismo beneficiario por 86,565 pesos, y el cheque 16322 por 552,733 pesos, por trabajo realizado con la adecuación de voz y data del edificio JR.
Las facturas presentadas no cumplen los estándares exigidos, y carecen de dirección del proveedor, de teléfonos, de RNC, de RNP… “más bien estas facturas están relacionadas con el formato facturas hechas a computadora para los fines de cobros de los trabajos ejecutados”
La firma auditora Taveras Consulting & Asociados presenta varios expedientes de pagos por concepto de construcciones y reparaciones, las cuales no tienen facturas finales, ni los recibos de ingresos de los desembolsos recibidos por los trabajos realizados. Y en estos casos se presentan los casos siguientes:
Cheque No. 00001 por valor de 297,500 pesos a Proyecto Serrulle o Jorge Francisco Serrulle por pago del 50% de trabajos de reparación de baños del ala Oeste del DA, sobre un monto de 597,556 pesos.
Cheque No. 00002, por 1.1 millones a favor de Juan Morfa y Asociados por pago del 40% de la construcción de la verja perimetral donde se levanta el edificio de la DA, sobre un monto total de 3 millones de pesos.
Cheque No. 00003, por valor de 297,539 a favor de Proyecto Serrulle o José Francisco Serulle, por el pago del 50% de la reparación de los baños del ala Este del edificio de la DA, sobre un monto total de 561,500 pesos.
Cheque No. 00004, por 144,355 pesos a favor de Proyecto Serrulle por el pago del 50% de los trabajos para la construcción de una cocina-comedor para las oficinas del edificio del DA, sobre un monto de 289,960 pesos.
Cheque No. 00005, por valor de 2.6 millones a favor de Juan Morfa por el pago del 40% de la construcción de una verja perimetral, primera etapa, donde se levanta el edificio del DA, en el AILA, sobre un monto de 6.5 millones de pesos.
Los beneficiarios de los contratos
Los auditores observaron que la construcción de obras fueron adjudicadas, la mayoría, “a las mismas empresas constructoras, situación que podría interpretarse como un círculo vicioso que no permitió la apertura de nuevas opciones de oferta en procura de la minimización de los gastos de reparación y construcción de las obras realizadas por la institución, pues las demás compañías participantes en el proceso de licitación solamente fueron tomadas en consideración para los fines de cumplimiento del proceso de la referida licitación”…
En los casos de los expedientes de pagos el Departamento Aeroportuario incumplió los procedimientos de control interno y la ley 340-06 sobre licitaciones.
La lista de contratos que violan estas disposiciones son las siguientes, de acuerdo con la copia de la auditoría realizada por Taveras Consulting & Asociados al Departamento Aeroportuario entre agosto del 2009 y diciembre del 2011:
Los expedientes no contienen contratos entre las partes, como medida de control para garantizar las condiciones de los trabajos realizados.
El expediente correspondiente al cheque No. 17814, del 2010 por valor de 999,223.61 pesos, carece de las cotizaciones de ley, y no permitió al DA las comparaciones de precios “para los fines de la determinación de los costos unitarios de cada uno de los mobiliarios recibidos”.
Las facturas presentadas no cumplen los estándares exigidos, y carecen de dirección del proveedor, de teléfonos, de RNC, de RNP. Y dicen los auditores que “más bien estas facturas están relacionadas con el formato facturas hechas a computadora para los fines de cobros de los trabajos ejecutados”.
En el expediente del cheque No. 17843, por valor de 496,154 pesos, aunque contiene las cotizaciones de los mobiliarios adquiridos, pero no tiene la cotización de Cyntia Bustos, que fue la empresa seleccionada para la compra.
Otras violaciones a las normas
Los auditores externos explican que hay varios expedientes de pagos que carecen de las constancias justificativas y de la constancia de pertenencia al Registro Nacional de Proveedores del Estado.
El documento es bastante prolijo en la presentación de detalles de incumplimiento de los procedimientos administrativos, contrataciones de servicios, pagos en casos pequeños, como la compra de comida para el personal, refrigerios, equipos digitales, entre otros.
La compra de vehículos
El punto 15 de la auditoría incluye una revisión de los expedientes de pagos por concepto de adquisición de vehículos bajo el régimen del plan de financiamiento gubernamental de vehículos a funcionarios de las instituciones del Estado, que cubre con fondos público el 75% del costo de los vehículos.
El DA aprobó una resolución con esa disposición, pero los auditores observaron que la resolución “solamente se refiere a funcionarios de la institución sin que en la misma se haga referencia clara y precisa de la categoría de los funcionarios o empleados que deben ser beneficiados con el referido plan, situación que no permite determinar con exactitud el cumplimiento de la resolución a favor de los beneficiaria”.
Por concepto de ese plan el DA hizo un cheque por 11.0 millones de pesos a Magna Motors, y ese monto se cargó al concepto Equipos de Transporte, cuando en realidad se debió cargar a Adquisición de Vehículos.
Lo mismo ocurrió con el cheque de 5.2 millones de pesos emitidos a la empresa L.M. Motors, por el mismo concepto de compra de vehículos para empleados.
El otro renglón puesto en evidencia por los auditores es el relacionado con pagos por diferentes conceptos, cuyos cheques no fueron retirados por los correspondientes beneficiarios, sino por “personas totalmente diferentes a sus correspondientes beneficiarios”. Explican que esto es una violación al control interno, pues está prohibido entregar cheques a personas extrañas al beneficiario, sin que tengan una autorización para ello. Estos fueron algunos casos:
Cheque 17441 por prestaciones laborales, por 43 mil pesos, a favor de Edwin Frenely Nova, y fue retirado por Martín Bernard Rodríguez.
Cheque 17462 por prestaciones laboales, por 25,900 pesos, a favor de Cecilio Franknildo Delgado, y fue retirado por Martín Bernard Rodríguez.
Cheque 17464 por prestaciones laborales, por 43,729 pesos, a favor de Simón Emilio Báez Guerrero, y fue retirado por Martín Bernard Rodríguez.
Cheque 18066 por prestaciones laborales, por 24,000 pesos, a favor de Tenio Rafael Bencosme Rosario, por pago de prestaciones laborales, y fue retirado por María Lilia Ruiz Then, abogada de la consultoría jurídica de la DA.
Cheque 18431 por prestaciones laborales, por 43,414 pesos, a favor de Reynaldo Emigdio Roque Melgen, y fue retirado por María Lilia Ruiz Then, abogada de la consultoría jurídica de la DA.
La auditoría también identificó irregularidades con el personal militar al servicio del Departamento Aeroportuario. Problemas en las nóminas en relación al personal fijo, los pensionados, los militares y otros.
Los auditores explican que la nómina de personal fijo correspondiente al 31 de diciembre del 2009 registró un total de 366 empleados, para un monto a pagar de 9,7 millones de pesos.
La nómina al 31 de diciembre del 2010 registró 329 empleados, para un monto a pagar de 9.3 millones de pesos.
La nómina de personal fijo al 31 de diciembre del 2011 registró un total de 293 empleados para un monto de 8.5 millones, y la nómina al 31 de diciembre del 2011 registró 150 pensionados, para un monto bruto de 926 mil pesos, en tanto que la nómina militar al 31 de diciembre de 2011 registró 37 militares para un monto de 404 mil pesos.
Eso quiere decir que durante el período auditado, agosto 2009 a diciembre del 2011, se extrajeron los siguientes datos:
“Los gastos por concepto de sueldos al personal de la institución correspondiente al año 2010, representaron un monto de 138,7666.50, de acuerdo a las informaciones presentadas en los estados financieros al 31 de diciembre del 2010.
Los gastos por concepto de sueldos al personal de la institución correspondientes al año 2011 representaron un monto de 120,447,443.65, de acuerdo con las informaciones presentadas por los estados financieros al 31 de diciembre del 2011”.
Cuando los auditores analizaron los expedientes de pagos de prestaciones laborales al personal de la institución, se determinó que se desembolsaron 6 millones de pesos por este concepto, “un monto muy elevado al considerar que de acuerdo con los procedimientos los militares que presten servicios en instituciones públicas solamente tienen derecho a recibir el pago de una compensación, pero no derecho a liquidación cuando son retirados de los servicios que les fueron asignados por los representantes de sus instituciones militares, ya que ellos son miembros activos de sus instituciones, pero no empleados de las instituciones gubernamentales donde fueron asignados a brindar servicios de seguridad”.
El documento registra expedientes de pagos por servicios prestados por periodistas para cubrir fuentes de informaciones periodísticas del sistema aeroportuario. Dicen los auditores que para los pagos a esos periodistas no existen contratos hasta el mes de diciembre del 2009.
Presentan los casos de los periodistas que reciben 5 mil pesos al mes: Rafael Arias Castro, Ramón Arias Castro, Pavel Alberto Arias Olaverría, Diógenes Tejada, Pedro Ventura Capellán y Julián Popa Herrera.
Se trata del aporte de un monto fijo mensual de 5 mil pesos. El origen de ese aporte fue una disposición del entonces director del Departamento Aeroportuario Radhamés Jiménez, para apoyar a los periodistas en sus gastos de combustible, por desplazarse desde Santo Domingo hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en La Caleta.
No eran ni son empleados del Departamento Aeroportuario, aunque por disposición de la dirección de esa entidad la entrega del apoyo en combustible fue convertido en un contrato de supuestos servicios de comunicación, como si los periodistas de los diversos medios de comunicación fueran empleados del Departamento Aeroportuario.
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