BUENOS AIRES, Argentina.- El sindicalismo argentino opositor al Gobierno de Cristina Fernández prepara su segunda huelga general en el año, prevista para el próximo martes, contra un límite en las negociaciones salariales y el impuesto a las ganancias, calificado hoy como "la recaudación más grande que tienen en el Estado".
La medida de fuerza paralizará, el próximo 9 de junio, el servicio de transporte público y se prevé que también haya cortes en la capital argentina y el cinturón urbano bonaerense.
Al paro por 24 horas, convocado por los gremios del transporte, se sumaron los dos sectores opositores de la Confederación General del Trabajo (CGT) que conducen el camionero Hugo Moyano y el gastronómico Luis Barrionuevo, así como el ala opositora de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por el estatal Pablo Micheli.
Los gremios reclaman paritarias libres, en contra del aumento máximo del 27 % que estableció el Ejecutivo y que fue avalado por la facción oficialista de la CGT.
También demandan la subida del piso a partir del que los trabajadores con salarios altos pagan el impuesto a las ganancias, actualmente ubicado en 15.000 pesos (unos 1.664 dólares).
"No hay ningún tipo de posibilidades de que unilateralmente se pueda arreglar y se levante la medida", sostuvo hoy Barrionuevo en diálogo con la radio argentina Mitre.
El jefe de la CGT "Azul y Blanca" apuntó también contra Fernández y aseguró que el tema "lo resuelve la presidenta", ya que "la recaudación más grande que tienen en el estado son la que le sacan a los trabajadores", en referencia al impuesto a las ganancias.
El Gobierno argentino no se ha mostrado flexible sobre la posibilidad de subir ese piso, aunque recientemente anunció una reducción de la tasa que deben pagar quienes ganan entre 15.000 pesos (1.664 dólares) y 25.000 (unos 2.774 dólares).
"El Gobierno debe entender que con la salud y el estómago no se jode", dijo el viernes el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, a Radio 10.
Con la medida de fuerza "se plantea la unidad de acción entre las centrales sindicales dispuestas a luchar contra el ajuste que repercute en el bolsillo de los trabajadores y el creciente estado inflacionario", sostuvieron en un comunicado desde la delegación porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Sin embargo, Hugo Yasky, líder de la CTA afín al oficialismo, consideró que el paro "tiene un objetivo político contra el Gobierno" y "lleva a los trabajadores a escupir contra el viento".
En pleno año electoral y a seis meses de finalizar su segundo mandato, Fernández enfrentará el próximo 9 de junio la segunda huelga general en el año y la quinta desde que llegó a la Casa Rosada.
La más reciente fue realizada el 31 de marzo pasado, también convocada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y tuvo un alto acatamiento sobre todo porque trenes y colectivos quedaron paralizados.
Desde el Gobierno, distintos funcionarios cerraron filas contra el paro y cuestionaron a los gremios.
El ministro argentino de Interior y Transporte y uno de los candidatos del kirchnerismo para las elecciones primarias, Florencio Randazzo, calificó la huelga como "un despropósito", mientras que su par de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó que "es claramente preventivo y de contenido partidario en función del actual proceso electoral".
Por su parte, el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, consideró que se trata de un paro "político" y pidió a los gremios "permitir a los otros trabajadores" ir a trabajar.
"En todos los paros se busca que quienes tengan el deseo de trabajar lo puedan hacer", remarcó. EFE