La Corte Penal del Distrito designó a la jueza Ramona Rodríguez López para que conozca el caso que se lleva contra la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y el exconsejero de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Arias Valera, investigados por emitir fallos a favor de acusados de sicariato y narcotráfico.

El primer suplente del presidente de la Corte, Ignacio Camacho, aceptó la recusación del Ministerio Público contra el juez de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito, Antonio Sánchez Mejía, por supuestamente prejuzgar el fondo.

El Ministerio Público manifestó su desconfianza a la decisión que tomaría el juez Sánchez Mejía en una audiencia de fondo, ya que luego de la variación de medida de coerción dictada a los acusados hizo un juicio previo del expediente presentado por la Procuraduría general de la República.

Julio Cesar Canó Alfau, presidente de la Corte, se inhibió el pasado mes de diciembre para conocer todo lo referente al caso contra la supuesta estructura de jueces prevaricatos, por problemas personales con el exconsejero Francisco Aria Valera.

La recién designada jueza Rodríguez López, fungía como presidenta del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional hasta que fue trasladada a la Corte Penal.

En los próximos días las autoridades deberán pautar una fecha en que se conozca el juicio preliminar contra los jueces, quienes guardan prisión domiciliaria tras obtener una variación de medida de coerción la cual constaba de prisión preventiva en los Centros Correccionales Najayo Hombres y Mujeres.

Francisco Arias Valera y Awilda Reyes Beltré son acusados de pertenecer a una red de jueces corruptos junto Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón y José Dionisio Duvergé, contra los que se conoce una audiencia disciplinaria por el Consejo del Poder Judicial la cual ha sido aplazada en varias ocasiones.

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