SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El expediente de corrupción del caso de la venta irregular de los terrenos del Estado del barrio Los Tres Brazos, por parte de once funcionarios de la Corporación de Empresas del Estado (CORDE) y otras entidades junto a supuestos empresarios, empezó con una denuncia a finales del año 2016 hecha por los residentes en el citado sector de Santo Domingo Este.

Tras las denuncias de las familias de Los Tres Brazos, sobre los cobros compulsivos y las amenazas de desalojo que recibían de parte de unos supuestos propietarios de los terrenos estatales.

Denunciaron que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) vendió a a la compañía Fernández Parache más de un millón 213 mil 861 metros cuadrados en Los Tres Brazos, por RD$ 80 millones de pesos, cuando el precio real de mercado superaba los 200 millones de pesos. Sin embargo, el precio que se cobraría por metro cuadrado a los residentes en el lugar daría a los supuestos nuevos propietarios ganancia por más de 300 millones de pesos.

Ante las familias de Los Tres Brazos se presentaron empleados de la empresa Titulatec, la cual instaló una oficina en el barrio, para exigir el pago de los terrenos en virtud del acuerdo que había suscrito con la CORDE. Titulatec alegaba que se había asociado con la inmobiliaria de Fernández Parache (INFEPA).

En esas circunstancias el presidente Danilo Medina creó una comisión encabezada por el Consultor Jurídico, Flavio Darío Espinal, e integrada por el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, entre otros funcionarios, para investigar el caso y rendir un informe.

El informe, entregado a principios de febrero de 2017, concuyó que en la operación se habían violado la Constitución y las leyes, y que era necesario anular el negocio.

El presidente Medina, tras recibir el informe de la comisión especial, ordenó el cierre de la Corporación de Empresas del Estado (CORDE) y de la Comisión para la Renovación de la Empresa Pública (CREP).

Desde ese momento, la Procuraduría General de la República investigó e interrogó a varios exfuncionarios y funcionarios activos vinculados a la CORDE y a otras entidades estatales.

Hoy, jueves 26 de julio de 2018, el Procurador General Jean Alain Rodríguez, anunció el sometimiento de once personas:

Leoncio Almánzar Objío, ex Director de CORDE; Irving José Cruz Crespo, ex Consultor Jurídico de CORDE; Manuel Aybar Ferrando; ex Gerente Inmobiliario de CORDE; Rosabel Castillo Rolffot, ex Registradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA; Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC; y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.

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