SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En Hermanas Mirabal, una provincia que desde su nombre recuerda el crimen trujillista que intentó arrebatar a Patria, Minerva y María Teresa el deseo social por ayudar y empoderar a la mujer, mantiene en funcionamiento tres centros dedicados a la asistencia legal, psicológica, médica y social.
El Centro Jurídico para la Mujer, el Centro de Atención a la Víctima y la Casa de la Mujer son iniciativas sociales que funcionan con apoyo de los gobiernos locales en su municipio cabecera, Salcedo.
Centro de Atención a la Víctima
En este centro comienza la red de ayuda a mujeres y niños víctimas de violencia. Reciben las denuncias como una fiscalía. En el lugar hay tres fiscales, una ginecóloga forense y un médico legista.
La mayor cantidad de casos que reciben son de violencia física contra mujeres y violencia sexual en contra de niños y niñas.
Además de la gestión de asistencia médica y legal, se encargan de dar seguimiento a las mujeres a través de visitas domiciliarias. Para eso cuentan con tres personas, aunque “desde la fiscal hasta el personal de seguridad hace visitas domiciliarias”.
Fecha:17/11/2020
Centro Jurídico para la Mujer
Al entrar, lo primero que se ve es un mural con la cara de las tres hermanas Mirabal. Allí, desde 1997 tienen el Programa de Representación legal a Víctimas con apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), un proyecto de declaración tardía con el que en el 2010 pudieron declarar la provincia libre de subregistro: “Hermanas Mirabal 2010: Una provincia con Identidad”.
Fecha:17/11/2020
Al Centro Jurídico llegan casos referidos desde el Centro de Atención a la Víctima. Se les asigna uno de seis abogados que las acompañe desde la denuncia hasta el final del proceso.
En 2019, el centro recibió mil 398 casos tipificados como violencia intrafamiliar, pensión alimenticia, registro civil, guarda de menores y prisión alimenticia, partición de bienes, acoso sexual, violación, divorcio, declaración tardía de nacimiento y de defunción.
“Cuando veo al imputado me erizo”, dice Clara Luz García, directora del centro, al recordar el primer caso que asumieron como institución en el tema de los feminicidios, en 2003.
Fecha:17/11/2020
Desde la casa en que laboran, sus miembros luchan por dos temas principales: la eliminación de las garantías económicas y la ejecución temprana de las órdenes de arresto.
La primera, porque para finales del 2019, 73 % de los casos que el Centro Jurídico y el Centro de Atención a la Víctima llevaban a la justicia, les impusieron garantía económica, quedando el agresor libre tras pagar la multa. El 27 % restante recibió prisión preventiva.
“Entendemos que a los golpes y heridas de las mujeres no se les debe poner precio”, explica Linabel González, directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la provincia. En su lucha, piden que la violencia contra la mujer se considere como un crimen grave para que siempre se imponga la prisión preventiva, la medida de coerción más grave que dispone el Código Procesal Penal.
También llevan un control de las órdenes de arresto de los casos que reciben. “Con una ejecución que falte, es una familia que está en riesgo”. En 2019 lograron la ejecución del 88.5 % de las órdenes de arresto, quedando 29 pendientes. El 2020, faltan 48 por llevarse a cabo, de 211.
En el centro también funciona la oficina del Fondo Solidario con Víctimas de Violencia, el cual se encarga de hacer un levantamiento de las condiciones de la víctima que denuncia para brindarle apoyo financiero a través de la integración a un empleo con disfrute de sueldo por tres meses.
El Fondo Solidario funciona con el objetivo de que la dependencia económica del agresor no mantenga a la víctima en el círculo de violencia.
Casa de la Mujer
En una casa con más de 80 tareas a disposición de mujeres en riesgo, tienen lo que definen como un centro de protección y encuentro. Con tres habitaciones y un jardín para su disfrute, las mujeres que llegan en busca de refugio son instruidas en actividades recreativas.
Allá trabaja un grupo de privados de libertad que se encargan de dar mantenimiento al terreno como parte del Programa de Reforma Carcelaria e Integración Social.
Fecha:17/11/2020