SANTO DOMINGO, República Dominicana.-En su informe anual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó de negativo el cierre de año en todos los reglones concernientes al respeto de los derechos humanos por parte del Estado.
Señaló de preocupante el aumento, año tras año, de las brechas de ingresos y la desigualdad de acceso a oportunidades, especialmente en los grupos sociales más vulnerables.
“Preocupan a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general los elevados índices de corrupción e impunidad, que como el escándalo de sobornos por 92 millones de dólares admitidos por la empresa Odebrecht a finales del año 2015, ha propiciado el surgimiento del movimiento Marcha Verde”, resaltó en su informe.
Citó el estudio de Oxfam del 2017 que lleva el título “Se buscan recursos para garantizar derechos” que dijo evidencia como “existe un amplio espacio de reorientación presupuestaria para garantizar derechos, si existiese la voluntad política de combatir males endémicos para la gobernabilidad democrática”.
Según el informe los “cálculos indican que el Gobierno dominicano malgasta el 2.5 % del PIB anualmente, recursos que solo en el año 2017 ascienden a unos RD$90,920 millones, equivalentes al 13 % del Presupuesto General del Estado del referido año”.
Recordó que el índice de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional para el año 2016 muestra que la República Dominicana ocupa el lugar 120 de 176 países evaluados, con una puntuación de 31 sobre 100.
“En la República Dominicana la justicia está secuestrada por el poder político y, la separación de poderes, verdadero pilar de un Estado Democrático de Derecho, lamentablemente es una utopía, mientras la corrupción llega a sus más altos niveles en los tribunales dominicanos”, agregó el informe señalando a la impunidad como algo más grave que la corrupción.
Respecto a los derechos civiles y políticos, alertó que este año se ha vivido un gran retroceso en el país. “En línea general podemos decir que tanto la Policía Nacional y otras instituciones, como la AMET y la Dirección Nacional de Control de Drogas, no han cumplido su papel de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos nacionales y extranjeros”.
Resaltó que a la fecha se calculan alrededor de 180 los ciudadanos caídos bajo los disparos de los policías y miembros de nuestros cuerpos de seguridad en los mal llamados “intercambios de disparos”. “Todos llevan el mismo patrón: ejecuciones a quemarropa de ciudadanos desarmados (muchas veces esposados y pidiendo clemencia) o realizadas con uso desproporcionado”.
Respecto a los feminicidios, destacó que la República Dominicana sigue teniendo índices muy altos en comparación con otros países de América Latina, Centroamérica y El Caribe. “El nuestro es el tercer país con mayor tasa de feminicidios, por detrás de Honduras y Guatemala, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)”.
Mientras que en el tema de salud, la Directiva del Colegio Médico Dominicano denuncia que en la maternidad de La Altagracia los primeros diez meses de 2017 fallecieron 507 bebés de 10.980 nacidos vivos "para una altísima tasa de mortalidad neonatal de 46 por 1000 nacidos vivos, lo que evidencia un incremento substancial de la mortalidad neonatal en los últimos tres años en este hospital".