SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión de Veeduría COVID-19 entregó a la Presidencia de la República el informe final de una gestión, iniciada el 5 de abril, que le permitió observar las compras y contrataciones de instituciones públicas efectuadas en un contexto de emergencia, en las que se gastó alrededor de 13 mil millones de pesos de las arcas públicas.
El informe de trece páginas felicita que esta Comisión creara una Guía que estandarizó los procesos de compras y contrataciones declaradas de emergencia, el que sirve, destacó, "de referencia y marco normativo para facilitar el seguimiento y orientación de estos procesos durante la pandemia COVID-19″.
"Sin embargo, en virtud de que esta Guía de Compras y Contrataciones declaradas de emergencia no es obligatoria, entendemos que es propicio modificar el Reglamento de Aplicación de la Ley -aprobado mediante el Decreto núm. 543-12- para fines de regular los procesos de emergencia conforme a los criterios y requisitos que se expone" en ella, se recomienda expresamente en el informe.
Este fue entregado al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en una sesión virtual en la que participaron los miembros de la Comisión: Manuel Luna, en representación del CONEP; Luz Estrella, por CODOPYME; José Gautreau, por la Iglesia Católica; Lorenzo Mota King, por la Iglesia Evangélica, y Persio Maldonado, por la Sociedad Dominicana de Diarios.
Montalvo subrayó que la Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19 "ha tenido una contribución fundamental en la transparencia de los procedimientos de emergencia convocados para dar respuesta a esta terrible pandemia”.
Por ejemplo, dijo que a solicitud de la Comisión se establecieron plazos mínimos desde la convocatoria hasta la recepción de las ofertas, y desde esta hasta la adjudicación, "lográndose procesos públicos competitivos y con pluralidad de participantes".
Antes de ello, existió una contratación directa, al convocarse de hora a hora, y participar en las licitaciones "sólo quien tenía información previa, convirtiéndose en procedimientos excluyentes" y, de este modo, con potencial para acciones indebidas.
También a petición de la Comisión se requirió a las instituciones la documentación de cada fase del procedimiento en tiempo oportuno, adicionalmente al informe respectivo de la Cámara de Cuentas y la Contraloría, y que fuera publicándose en los sitios web de cada institución y también en el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas.
De esa forma, en los 165 procedimientos de emergencia celebrados se registró una concurrencia entre 3 y 44 participantes en cada uno.
De esta forma, sostuvo el ministro, "se garantiza el manejo correcto y eficiente de los recursos públicos, que siempre ha sido una prioridad de este gobierno".
Todas las iniciativas de la Comisión, dice el informe, "buscan que, con la participación y apoyo de una red de colaboradores nacionales e internacionales, y de experiencias de observatorios de esta naturaleza (como lo es el Observatorio de Contratación Pública que funciona desde hace varios años en la Universidad de Zaragoza), se institucionalice una plataforma y/o un laboratorio de ideas basadas en evidencias sobre la contratación pública".
El objetivo, remata erl infore, apunta a "propuestas de mejora de la actividad contractual del sector público con el convencimiento de que es necesario plantear algunas reformas para ponerla en valor como instrumento para un mejor desarrollo de los sectores productivos nacionales y del país".
LEA AQUÍ Informe de la Comisión de Veeduría COVID-19 (julio 2020)