SANTIAGO, República Dominicana.-Dos comerciantes denunciaron que fueron vejados y apresados por las autoridades, luego que se resistieran a que contratistas de una obra del Gobierno demolieran el local de sus negocios sin antes establecer un acuerdo de compensación económica como manda la ley.
César Díaz López, que hizo la denuncia, explicó que se trata de un local de una ferretería ubicado en la avenida Circunvalación, próximo a la entrada de Cienfuegos, donde el Gobierno construye un elevado.
Explicó que sin que se consultara a los comerciantes y residentes de la zona, los contratistas procedieron a disponer de los locales situados en terrenos que se consideran necesarios para la nueva vía. Para defender su propiedad César Díaz López, uno de los propietarios de Ferretodo, crucificó de manera simbólica, con la intención de detener la marcha de las maquinarias. Sin embargo, las brigadas de obreros nunca se detuvieron.
“No nos han hecho caso, han actuado de forma arbitraria y para colmo nos llevan presos, como si fuésemos delincuentes y no los hombres de trabajo que somos”, afirmó Díaz López
El comerciante fue apresado junto a su socio. Ambos fueron conducidos hasta la sede la Policía Nacional y luego a la Fiscalía de Santiago, donde fueron dejados en condición de detenidos durante cinco horas, mientras las máquinas derriban su local comercial.
Los comerciantes han denunciado que a pesar de su oposición a que se tumbe el local sin un acuerdo económico previo, las autoridades no han detenido los equipos, atropellando el derecho de ciudadanos de trabajo.
“No nos han hecho caso, han actuado de forma arbitraria y para colmo nos llevan presos, como si fuésemos delincuentes y no los hombres de trabajo que somos”, afirmó Díaz López, quien agregó que levantar un negocio que sobrepasa los RD$ 40 millones ha costado una década de trabajo.
“El caso es que ellos no hacen una evaluación de las propiedades como deberían, sino que presionan para que los afectados por la construcción se rindan por cansancio y entonces cuando un negocio cuesta RD$ 1 millón, ellos ofrecen a los sumo unos RD$ 200 mil, y así no se puede”, dijo Díaz López.
El comerciante agregó que la construcción llevan nueve meses avanzando en la construcción, y que en ese tiempo no se han puesto de acuerdo con los dueños de negocios, debido a que no se ha procedido en el orden legalmente establecido para estos casos.
Los socios Díaz-López, alegan que el Gobierno debe evaluar la inversión de cada negocio, antes de proceder al derribo arbitrario.
Este martes 24 de noviembre decenas de personas se unieron a los reclamos de los comerciantes, en una vigilia en la que elevaron plegarias en favor de que las autoridades resuelvan el problema.