El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Miguel Surun Hernández, denunció la situación por la que atraviesan jueces y fiscales para el desempeño de sus funciones.
Durante su participaron en la Cumbre Judicial Nacional, Surun Hernández expresó preocupación por el deterioro de las condiciones laborales, planta física, escasez de personal, material y equipos, que complica su rendimiento de los jueces del país.
Calificó como un maltrato generalizado un clima de terror que en muchos que influye en decisiones por el temor a represalias disciplinarias o mediáticas, alimentadas en muchos casos por denuncias públicas de algunos actores del sistema que antes de todo proceso, aparecen emitiendo condenas sin ningún tipo de elemento probatorio conocido.
“Por esta razón recomendamos que se realice una reforma de la Justicia que incluya la aplicación de la Ley de Autonomía Presupuestaria con la asignación del 4.1% del presupuesto y mejorar las condiciones en las cuales ejercen jueces y fiscales”, informó el presidente del gremio.
Asimismo, sugirió la aprobación de una exención inmediata de impuesto sobre la renta en favor de jueces y fiscales, lo que implicaría un aumento inmediato en el salario de dichos servidores.
Además, propuso aprobar el financiamiento por parte del Banco de Reservas a una tasa preferencial de hasta US$50,000.00, para el vehículo importado con el impuesto único que en la actualidad se otorga a los jueces y fiscales e incluir a todos los servidores del Poder Judicial y del Ministerio Publico en el Senasa Contributivo, más seguro complementario con cargo total al Estado.
“La entrega de una Póliza de Vida de hasta RD$10, 000,000.00, a favor de jueces y fiscales por la elevada peligrosidad de sus funciones y de un bono educación para los servidores de la justicia, que cubra educación primaria, intermedia y Universitaria”, señaló.
Agregó que es necesario establecer en coordinación con el INVI y con la DGII, un sistema que permita otorgarle preferencia para la adquisición de una vivienda, creando un bono fiscal para el constructor de forma tal que pueda formar parte del precio de la vivienda.
Tribunales y policía investigativa
El gremialista destacó la necesidad de asignar los recursos para la instalación de 94 tribunales aprobados por ley, así como 35 Tribunales Administrativos de Primera Instancia como establece la Constitución.
“Crear una Policía Investigativa Técnico Judicial bajo la dirección funcional y administrativa del Ministerio Publico, encargada de la investigación de los crímenes y delitos como órgano dependiente del Ministerio Publico como Órgano Investigador; y establecer mecanismos inclusivos de diálogo y participación entre jueces, fiscales y Colegio de Abogados para detección de problemas y búsqueda de soluciones para mejorar los niveles de eficiencia del sector Justicia”, apuntó.
Recordó la que sin el cumplimiento de la Ley Autonomía Presupuestaria que consagra el 4.1% para el sector justicia, sin la cual no puede, ni existe estado de derecho, fundamental para el desarrollo de nuestro país.