El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) denunció que la Oficina Nacional de la Defensa Pública defiende a personas adineradas en perjuicio del ejercicio privado de la abogacía, quitándoles la posibilidad a los de escasos recursos de acceder a ese servicio.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, calificó como acto de graves irregularidades en violación de la ley 277-04 que la rige, así como la Constitución de la República.
Asimismo, Surun Hernández indicó que con estas acciones violan los artículos 8, 61.2 y 62 de la Constitución Dominicana; así como de los artículos 43, 44, 45 y 46 de la Ley 277-04 que consagra que la Defensa Publica se realiza a favor de los más necesitados.
Dijo que la Defensa Pública ha llegado al extremo de ir a los destacamentos y cárceles a buscar clientes en franca violación de la Ley de Defensa, perjudicando el derecho fundamental al trabajo de los 60 mil abogados afiliados al gremio.
Agregó que el sector judicial ha establecido un sistema de privilegios a favor de la Defensa Publica, otorgándoles acceso donde los abogados privados son rechazados.
Insistió que esto ha provoca que el 80% de los casos sean manejados por defensores públicos en perjuicio de sus miembros, priorizando a los clientes más adinerados.
Otras irregularidades reveladas por el jurista, es la imposición de una toga especial color verde, en violación al artículo 11 de la Ley 821 de Organización Judicial para que jueces y fiscales los favorezcan en sus sentencias.
Recomendó la elaboración de un reglamento que establezca en cuales casos se deben asignar la Defensa Pública, realizarse de forma aleatoria, tarifas, tramitación de pagos, fiscalización y supervisión de las labores de dichos abogados adjuntos.
Llamó a que cese el privilegio generado a favor de los defensores públicos y a los juristas, a exigir el cumplimiento de la Ley 821 requiriendo que sea bajado de estrado todo abogado con togas distintas a las establecidas por dicha ley.