SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) exigió que los más de 300 mil millones de pesos que calcula acumula la deuda de innumerables “empresarios evasores de la Ley 18-96” sean cobrados y destinados a mejorar la salud pública, y no condonados con la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
Acabar con el IDSS sin cobrar esa deuda “implicaría una amnistía encubierta” a favor por esos empresarios que durante “varias décadas dejaron de pagar cotizaciones a esa entidad, lo que afectó el servicio de salud y pensiones a los trabajadores”, declaró Jacobo Ramos, presidente de la CNTD.
Antes de eliminar ese Instituto, el Gobierno del presidente Danilo Medina “debe aclarar las deudas pendientes de los empresarios con el IDSS, a menos que con ellos exista un acuerdo” no informado públicamente, añadió Ramos.
Anunció que su organización no se quedará de brazos cruzados y se movilizará en protesta a una eventual condonación que “afectará a millares de dominicanos que reciben atenciones médicas en una institución que por décadas le ha garantizado ese servicio”.
“No le corresponde al Gobierno realizar amnistías encubiertas que afectan los derechos de los trabajadores y que premian a aquellos empresarios que deben pagar el pasivo actuarial de la reforma que realizamos en el año 2001 mediante la Ley 87-01”, detalló el dirigente de la Confederación.
La ley de seguridad social alude en su artículo 42 a la deuda actuarial del sector empleador con el IDSS y sus formas de pago, lo que “nunca han cumplido (tampoco los encargados de cobrar), lo que implica que desde hace 18 años los empresarios se han colocado por encima de la ley en perjuicio de los trabajadores”, remarcó el sindicalista.
En su rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, el presidente de la República anunció el fin del IDSS y detalló que los afiliados de la ARS Salud Segura de esa instancia pasarán al estatal Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), como debe hacerlo cualquier trabajador del sector público.