SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Los abogados de Marlon Martinez, principal acusado del asesinato de la adolescente Emely Peguero, concluyeron esta tarde solicitando al tribunal la variación de la calificación jurídica del hecho y la imposición de una condena de 5 años de prisión. El juicio fue aplazado para mañana miércoles a las 9, donde se darán por terminado los debates.

Para mañana harán su intervención los abogados de la madre de Marlon, la señora Marlin Martinez, concluida la cual el ministerio público y la parte querellante realizaran las réplicas correspondientes, quedando el caso en estado de fallo.

Marlon Martínez está acusado de cometer actos de barbarie, torturas, asesinato y ocultamiento de cadáver, pero los abogados de la defensa plantearon en sus conclusiones principales que la calificación jurídica sea variada por aborto, homicidio involuntario y ocultamiento de cadáver y condenado a una pena de 5 años de prisión. De manera subsidiaria y en el caso de que las conclusiones principales no fuesen acogidas por el tribunal, solicitaron establecer una pena de 10 años de prisión.

El ministerio público ha pedido una condena de 30 años de prisión en contra del imputado y de 20 años para Marlin Martínez, acusada de complicidad.

Sobre la indemnización a favor de los familiares de la adolescente, pidieron que en vez de 20 millones de pesos como solicitaron los abogados de los querellantes, éste sea condenado al pago de 3 millones de pesos.

Los abogados hicieron una amplia exposición rebatiendo los medios de pruebas que presentó el ministerio público y la parte querellante.

Entienden que las mismas presentan dudas, por cuanto no establecen en ningún momento cómo ocurrieron los hechos que culminaron con la muerte de la adolescente de 16 años, con 5 meses de embarazo.

El proceso que conoce el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Duarte, está programado a concluir este miércoles, con la exposición y conclusiones de los abogados de la señora Marlin Martínez y posterior réplica por parte del ministerio público y los abogados de la parte querellante.