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LA CASA BLANCA
Oficina del Secretario de Prensa
PARA SU DIVULGACIÓN INMEDIATA
6 de marzo del 2017
DECRETO EJECUTIVO
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PROTEGER A LA NACIÓN DEL INGRESO DE TERRORISTAS ENXTRANJEROS A LOS ESTADOS UNIDOS
Por la potestad que me ha sido conferida como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA), 8 U.S.C. 1101 y sig. y el artículo 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos, y con el fin de proteger a la Nación de actividades terroristas por parte de ciudadanos extranjeros admitidos en los Estados Unidos, dispongo por este medio lo siguiente:
Artículo 1. Política y objeto. (a)Estados Unidos tiene la política de proteger a sus ciudadanos de atentados terroristas, incluidos aquellos perpetrados por ciudadanos extranjeros. Los protocolos y procedimientos de evaluación y selección relacionados con el proceso de emisión de visas y el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (United States Refugee Admissions Program, USRAP) son cruciales para detectar a ciudadanos extranjeros que podrían cometer, facilitar o apoyar actos de terrorismo y para impedir que estas personas ingresen en los Estados Unidos. Por consiguiente, Estados Unidos tiene la política de mejorar los protocolos y procedimientos de evaluación y verificación relacionados con el proceso de emisión de visas y el USRAP.
(b) El 27 de enero de 2017, con el fin de implementar esta política, dicté el Decreto Ejecutivo 13769 (Proteger a la Nación del ingreso de terroristas extranjeros a los Estados Unidos).
(i) Entre otras medidas, el Decreto Ejecutivo 13769 suspendía por 90 días el ingreso de ciertos ciudadanos extranjeros procedentes de siete países: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Se trata de países que ya se ha identificado que concitan preocupación significativa en materia de terrorismo y viajes a los Estados Unidos. Concretamente, la suspensión se aplicaba a países referidos o designados en el artículo 217(a)(12) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA), 8 U.S.C. 1187(a)(12), en el cual el Congreso restringió el uso del Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program) para ciudadanos de —y personas extranjeras con presencia reciente en— (A) Irak o Siria, (B) cualquier otro país designado por el secretario de Estado como estado que patrocina el terrorismo (actualmente Irán, Siria y Sudán), y (C) cualquier otro país designado como país que concita preocupación por el secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el secretario de Estado y el director de Inteligencia Nacional. En 2016, el secretario de Seguridad Nacional designó a Libia, Somalia y Yemen como países adicionales que concitan preocupación en lo que respecta a viajes, sobre la base de la consideración de tres factores legales relacionados con el terrorismo y la seguridad nacional: “(I) si la presencia de un ciudadano extranjero en el país o en la zona aumenta las probabilidades de que el ciudadano extranjero sea una amenaza creíble para la seguridad nacional de los Estados Unidos; (II) si una organización terrorista extranjera tiene una presencia significativa en el país o la zona; y (III) si el país o la zona es un refugio seguro para los terroristas”. 8 U.S.C. 1187(a)(12)(D)(ii). Asimismo, diversos miembros del Congreso han manifestado preocupación por los procedimientos de evaluación y verificación tras los recientes atentados terroristas ocurridos en este país y en Europa.
(ii) Al disponer la suspensión temporaria de ingresos que se describe en el inciso (b)(i) de este artículo, he ejercido mi facultad conforme al artículo II de la Constitución y el artículo 212(f) de la INA, que dispone en la sección relevante: “Cuando el Presidente considere que el ingreso de personas extranjeras o de cualquier clase de personas extranjeras en Estados Unidos resultaría perjudicial para los intereses de Estados Unidos, podrá disponer, por el plazo que estime necesario, que se suspenda el ingreso de todos los extranjeros o cualquier clase de personas extranjeras como inmigrantes o no inmigrantes, o aplicar al ingreso de personas extranjeras las restricciones que estime pertinentes”. 8 U.S.C. 1182(f). Conforme a estas facultades, determiné que, por un breve plazo de 90 días, mientras se revisaban los procedimientos de evaluación y verificación existentes, el ingreso en Estados Unidos de ciertos ciudadanos extranjeros procedentes de los siete países identificados —cada uno de los cuales está afectado por el terrorismo de un modo que comprometía la posibilidad de los Estados Unidos de usar procedimientos habituales de toma de decisiones con respecto a viajes a los Estados Unidos— sería perjudicial para los intereses de EE. UU. No obstante, permití que el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional otorgaran exenciones analizando cada caso individualmente cuando determinaran que esto era conveniente para el interés nacional.
(iii) La Orden Ejecutiva 13769 también suspendía el USRAP por 120 días. Las organizaciones terroristas han intentado infiltrarse en varias naciones a través de programas para refugiados. Por consiguiente, suspendí temporariamente el USRAP mientras se encontrara pendiente una revisión de nuestros procedimientos de evaluación y verificación de refugiados. No obstante, permití que el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional otorgaran conjuntamente exenciones analizando cada caso en forma individual, cuando determinaran que esto era conveniente para el interés nacional.
(iv) La Orden Ejecutiva 13769 no establecía un fundamento para discriminar a favor ni en contra de miembros de ninguna religión en particular. Si bien el decreto permitía priorizar los pedidos de reconocimiento del carácter de refugiados a miembros de minorías religiosas perseguidas, esa prioridad se aplicaba a refugiados de todas las naciones, incluidas aquellas donde el islam es una religión minoritaria, y se aplicaba a sectas minoritarias dentro de una religión. Ese decreto no estaba motivado por la animosidad hacia ninguna religión, sino que, en cambio, pretendía proteger la posibilidad de las minorías religiosas —con independencia de quiénes fueran o dónde residieran— de usar el USRAP considerando los obstáculos y las circunstancias particulares que enfrentaban.
(c) La implementación de la Orden Ejecutiva 13769 ha sido demorada por acciones planteadas ante la justicia. Lo que es más significativo, la aplicación de disposiciones cruciales de ese decreto ha sido interrumpida provisoriamente por resoluciones judiciales que se aplican en todo el país y que se extienden incluso a ciudadanos extranjeros que no tienen nexos previos o sustanciales con los Estados Unidos. El 9 de febrero de 2017, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Noveno Circuito (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) se negó a suspender o acotar la aplicación de una de esas resoluciones mientras se encontraran pendientes ulteriores procedimientos judiciales, a la vez que señaló que los “poderes políticos están mucho más preparados para realizar distinciones adecuadas” acerca de quiénes deberían quedar alcanzados por una suspensión de ingreso o de admisión de refugiados.
(d) Los ciudadanos de los países previamente identificados en el artículo 217(a)(12) de la INA ameritan ser objeto de un escrutinio más riguroso en relación con nuestras políticas inmigratorias, debido a que las condiciones que existen en esos países suponen amenazas más graves. Cada uno de estos países es un estado que patrocina el terrorismo, ha sido afectado sustancialmente por organizaciones terroristas o tiene zonas de conflicto activas. Cualquiera de estas circunstancias menoscaba la predisposición o capacidad del gobierno extranjero de transmitir o validar información importante sobre personas que pretenden viajar a los Estados Unidos. Asimismo, la presencia significativa en cada uno de estos países de organizaciones terroristas, sus miembros y otras personas expuestas a esas organizaciones aumenta las probabilidades de que las condiciones sean aprovechadas para posibilitar que agentes o simpatizantes del terrorismo viajen hacia los Estados Unidos. Por último, una vez que los ciudadanos extranjeros de estos países son admitidos en Estados Unidos, a menudo es difícil lograr que salgan del país, debido a que muchos de estos países suelen demorar los documentos de viaje o se niegan a emitirlos.
(e) A continuación se presentan breves descripciones, extraídas en parte de los Informes de País sobre Terrorismo de 2015(junio de 2016), elaborados por el Departamento de Estado, sobre algunas de las condiciones en seis de los países previamente designados, que demuestran por qué sus ciudadanos siguen representando riesgos elevados para la seguridad de los Estados Unidos:
(i) Irán. Irán ha sido designado como estado patrocinador del terrorismo desde 1984 y sigue dando apoyo a diversos grupos terroristas, como Hizbulá, Hamás y organizaciones terroristas en Irak. Irán también ha estado vinculado con el apoyo a Al Qaeda y ha permitido que Al Qaeda transportara fondos y combatientes a través de su territorio hacia Siria y Asia Meridional. Irán no coopera con Estados Unidos en las acciones contra el terrorismo.
(ii) Libia. Libia es una zona de combate activa, con hostilidades entre el gobierno internacionalmente reconocido y sus rivales. En diversas partes del país, las funciones de seguridad y aplicación de la ley son prestadas por milicias armadas en vez de instituciones estatales. Diversos grupos extremistas violentos, como el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), han aprovechado estas condiciones para expandir su presencia en el país. El gobierno libio mantiene cierto grado de cooperación con las iniciativas de lucha contra el terrorismo de Estados Unidos, pero no logra asegurar miles de millas de sus fronteras territoriales y marítimas, lo cual permite que haya un flujo ilegal de armas, migrantes y combatientes terroristas extranjeros. La Embajada de Estados Unidos en Libia suspendió sus operaciones en 2014.
(iii) Somalia. Algunas partes de Somalia han sido lugares de refugio seguro para terroristas. Al Shabab, una organización terrorista afiliada a Al Qaeda, ha tenido presencia en el país durante años y sigue planificando y ejecutando operaciones dentro de Somalia y en países limítrofes. Somalia tiene fronteras permeables, y la mayoría de los países no reconocen los documentos de identidad somalíes. El gobierno somalí coopera con los Estados Unidos en algunas operaciones antiterroristas, pero no tiene la capacidad de mantener la presión militar sobre presuntos terroristas ni de investigarlos.
(iv) Sudán. Sudán ha sido designado como estado patrocinador del terrorismo desde 1993 debido a su apoyo a organizaciones terroristas internacionales, incluyendo Hizbulá y Hamás. Históricamente, Sudán ha sido un lugar de refugio seguro donde se reúnen y se entrenan miembros de Al Qaeda y otras organizaciones terroristas. Si bien ha cesado el apoyo de Sudán a Al Qaeda y el país brinda cierto grado de cooperación a las iniciativas estadounidenses de lucha contra el terrorismo, siguen activos en el país miembros de grupos terroristas vinculados con Al Qaeda e ISIS.
(v) Siria. Siria ha sido designada como estado que patrocina el terrorismo desde 1979. El gobierno sirio mantiene un conflicto en curso contra ISIS y otros grupos, por el control de regiones del país. Al mismo tiempo, Siria sigue apoyando a otros grupos terroristas. Ha permitido y fomentado que extremistas pasen por su territorio para ingresar en Irak. ISIS sigue atrayendo a combatientes extranjeros a Siria y usando su base en Siria para planificar o instigar atentados en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos en Siria suspendió sus actividades en 2012. Siria no coopera con las acciones antiterroristas estadounidenses.
(vi) Yemen. Yemen es escenario de un conflicto persistente entre el gobierno en ejercicio y la oposición mayormente hutí. Tanto ISIS como un segundo grupo, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), han aprovechado este conflicto para ampliar su presencia en Yemen y perpetrar cientos de atentados. Las armas y otros materiales que pasan de contrabando por las fronteras permeables de Yemen son usados para financiar a AQPA y a otras actividades terroristas. En 2015, la Embajada de los Estados Unidos en Yemen suspendió sus actividades, y el personal de la embajada fue reubicado fuera del país. Yemen ha mostrado colaboración, pero no ha podido cooperar plenamente, con Estados Unidos en sus acciones contra el terrorismo.
(f) A la luz de las condiciones en estos seis países, y hasta tanto se complete la revisión de los procedimientos actuales de evaluación y selección exigida por el artículo 2 de este decreto, el riesgo de permitir equivocadamente el ingreso de un ciudadano de uno de estos países que pretenda cometer actos de terrorismo o perjudicar de otro modo la seguridad nacional de Estados Unidos es inaceptablemente elevado. Por consiguiente, mientras esa revisión está en curso, he tomado la determinación de aplicar una suspensión temporal al ingreso de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, a reserva de excepciones categóricas y exenciones dispuestas en función de un análisis individual de los casos, conforme se describe en el artículo 3 de este decreto.
(g) Irak representa un caso especial. Partes de Irak siguen siendo zonas de combate activas. Desde 2014, ISIS ha tenido una influencia dominante en una parte significativa del territorio en el norte y el centro de Irak. Si bien esa influencia se ha reducido considerablemente como resultado de las acciones y los sacrificios del gobierno y las fuerzas armadas iraquíes, conjuntamente con la coalición liderada por los Estados Unidos, el conflicto persistente ha afectado la capacidad del gobierno iraquí de asegurar sus fronteras e identificar documentos de viaje fraudulentos. No obstante, la estrecha relación de cooperación entre los Estados Unidos y el gobierno democráticamente electo de Irak, la sólida presencia diplomática de Estados Unidos en Irak, la presencia significativa de fuerzas estadounidenses en Irak, y el compromiso de Irak de combatir a ISIS justifican brindar al país un trato diferente. En particular, las fuerzas gubernamentales iraquíes que han combatido para recuperar más de la mitad del territorio anteriormente controlado por ISIS han demostrado una firme determinación y han sido merecedoras de un respeto duradero en su combate a un grupo armado que es el enemigo común de Irak y Estados Unidos. A su vez, desde que se dictó el Decreto Ejecutivo 13769, el gobierno iraquí ha tomado medidas expresas para reforzar la documentación de viaje, el intercambio de información y el retorno de ciudadanos iraquíes que son objeto de órdenes definitivas de expulsión. Las decisiones relativas a otorgar visas o admitir a ciudadanos iraquíes deberían ser objeto de un escrutinio adicional para determinar si los solicitantes tienen nexos con ISIS u otras organizaciones terroristas, o representan por otros motivos un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública.
(h) La historia reciente muestra que algunas de las personas que han ingresado a los Estados Unidos a través de nuestro sistema inmigratorio han resultado ser amenazas para nuestra seguridad nacional. Desde 2001, cientos de personas nacidas en el extranjero han sido condenadas por delitos vinculados con terrorismo en Estados Unidos. Esto ha incluido no solo a personas que vinieron aquí legalmente con visas, sino también individuos que entraron por primera vez al país como refugiados. Por ejemplo, en enero de 2013, dos ciudadanos iraquíes que habían sido admitidos en Estados Unidos como refugiados en 2009 fueron condenados a penas de 40 años y prisión perpetua, respectivamente, por múltiples delitos vinculados con terrorismo. Y en octubre de 2014, una persona originaria de Somalia que había llegado a los Estados Unidos durante la infancia como refugiado y posteriormente se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado, fue condenada a 30 años de prisión por intentar usar un arma de destrucción masiva como parte de una conspiración para detonar una bomba durante una concurrida ceremonia en la que se encendería un árbol de Navidad en Portland, Oregón. El fiscal general me ha informado que más de 300 personas que ingresaron en Estados Unidos como refugiadas actualmente están siendo objeto de investigaciones antiterroristas por la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation).
(i) Considerando lo anterior, el ingreso en Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que podrían cometer, facilitar o apoyar actos de terrorismo sigue siendo una cuestión que concita profunda preocupación. En vista de las observaciones del Noveno Circuito acerca de que los poderes políticos están mejor preparados que los tribunales para determinar el alcance adecuado de las suspensiones, y a fin de evitar desperdiciar más tiempo impulsando acciones judiciales, revoco el Decreto Ejecutivo 13769 y lo reemplazo con el presente decreto, que excluye expresamente de las suspensiones a ciertas categorías de ciudadanos extranjeros que han concitado consideraciones judiciales y que aclara o precisa el enfoque con respecto a otras cuestiones o categorías de extranjeros afectados.
Art. 2. Suspensión temporaria del ingreso de ciudadanos de países que concitan especial preocupación durante el período de revisión. (a) El secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el secretario de Estado y el director de Inteligencia Nacional, realizará una revisión mundial que permita identificar si se necesitará información adicional, y en ese caso, de qué tipo, de cada país extranjero a efectos de resolver una solicitud planteada por un ciudadano de ese país para que se le otorgue una visa, ser admitido en los Estados Unidos u obtener otro beneficio conforme a la INA (resoluciones), con el fin de determinar que la persona no sea una amenaza para la seguridad pública. El secretario de Seguridad Nacional podrá concluir que se necesita cierta información de determinados países, incluso si no se necesita de todos los países.
(b) El secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el secretario de Estado y el director de Inteligencia Nacional, deberá presentar al Presidente un informe sobre los resultados de la revisión mundial que se menciona en el inciso (a) de este artículo, incluida la determinación del secretario de Seguridad Nacional con respecto a la información que se necesita de cada país para adoptar resoluciones y una lista de países que no proporcionan información adecuada, dentro de los 20 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto. El secretario de Seguridad Nacional deberá proporcionar una copia del informe al Secretario de Estado, el fiscal general y el director de Inteligencia Nacional.
(c) A fin de reducir momentáneamente la carga de investigación de los organismos relevantes durante el período de revisión que se describe en el inciso (a) de este artículo, garantizar la revisión adecuada y la optimización de los recursos disponibles para la evaluación y verificación de ciudadanos extranjeros, asegurar que se establezcan estándares adecuados para impedir la infiltración de terroristas extranjeros y en vista de las consideraciones de seguridad nacional mencionadas en al artículo 1 de este decreto, determino por este medio, conforme a los artículos 212(f) y 215(a) de la INA, 8 U.S.C. 1182(f) y 1185(a), que el ingreso irrestricto a los Estados Unidos de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos. Por consiguiente, dispongo que el ingreso a los Estados Unidos de ciudadanos de esos seis países se suspenda durante 90 días a partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto, a reserva de las limitaciones, exenciones y excepciones estipuladas en los artículos 3 y 12 de este decreto.
(d) Al presentarse el informe al que se refiere el inciso (b) de este artículo relativo a la información que se necesita de cada país a efectos de las resoluciones, el secretario de Estado deberá solicitar que todos los gobiernos extranjeros que no proporcionen esa información sobre sus ciudadanos comiencen a hacerlo dentro de los 50 días siguientes a la correspondiente notificación.
(e) Una vez transcurrido el período que se menciona en el inciso (d) de este artículo, el secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el secretario de Estado y el fiscal general, presentarán a consideración del Presidente una lista de países que se recomienda incluir en una proclama presidencial que prohibiría el ingreso de categorías pertinentes de ciudadanos extranjeros de países que no hayan proporcionado la información solicitada, hasta tanto lo hagan o hasta que el secretario de Seguridad Nacional certifique que el país tiene un plan adecuado para ello, o ha transmitido adecuadamente información por otros medios. El secretario de Estado, el fiscal general o el secretario de Seguridad Nacional también podrán proponer al Presidente los nombres de otros países para los cuales cualquiera de ellos recomiende otras restricciones o limitaciones legítimas que se consideren necesarias para la seguridad o el bienestar de los Estados Unidos.
(f) En cualquier momento con posterioridad a la presentación de la lista que se describe en el inciso (e) de este artículo, el secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el secretario de Estado y el fiscal general, podrá proponer al Presidente los nombres de otros países para los cuales se recomiende un trato similar, así como los nombres de países que recomiendan que sean eliminados del alcance de la proclama que se describe en el inciso (e) de este artículo.
(g) El secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional deberán presentar al Presidente un informe conjunto sobre los avances en la implementación de este decreto dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto, un segundo informe dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto, un tercer informe dentro de los 120 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto y un cuarto informe dentro de los 150 días siguientes a dicha fecha.
Art. 3. Alcance e implementación de la suspensión.
(a) Alcance. A reserva de las excepciones establecidas en el inciso (b) de este artículo y las exenciones conforme al inciso (c) del presente artículo, la suspensión del ingreso conforme al artículo 2 de este decreto se aplicará únicamente a ciudadanos extranjeros de los países designados que:
(i) estén fuera de Estados Unidos en la fecha de entrada en vigor de este decreto;
(ii) no contaran con una visa válida a las 5:00 p.m., hora estándar del Este de los Estados Unidos, al 27 de enero de 2017; y
(iii) no tengan una visa válida en la fecha de entrada en vigor de este decreto.
(b) Excepciones. La suspensión del ingreso conforme al artículo 2 de este decreto no se aplicará a:
(i) residentes legales permanentes de los Estados Unidos;
(ii) ciudadanos extranjeros que sean admitidos o tengan permiso de permanencia temporal (parole) en Estados Unidos en la fecha de entrada en vigor de este decreto o con posterioridad;
(iii) ciudadanos extranjeros que tengan un documento distinto de una visa que sea válido en la fecha de entrada en vigor de este decreto o emitido en una fecha posterior, y que les permita viajar a los Estados Unidos y solicitar ingreso o admisión, como un documento de permiso de permanencia anticipado (advance parole);
(iv) personas con doble ciudadanía de un país designado en el artículo 2 de este decreto cuando viajen con un pasaporte emitido por un país no designado;
(v) ciudadanos extranjeros que viajen con una visa diplomática o de categoría diplomática, visa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, visa C-2 para viajar a las Naciones Unidas, o visa G-1, G-2, G-3 o G-4; o
(vi) ciudadanos extranjeros que hayan recibido asilo; refugiados que ya hayan sido admitidos en Estados Unidos; o personas que hayan obtenido una suspensión de la expulsión, permiso de permanencia anticipado o protección conforme a la Convención contra la Tortura.
(c) Exenciones. Sin perjuicio de la suspensión de ingreso conforme al artículo 2 de este decreto, un funcionario consular o, según corresponda, el comisionado del Servicio de Control de Aduanas y Fronteras (Customs and Border Protection, CBP) o el delegado del comisionado, podrá, a discreción del funcionario consular o del funcionario del CBP, decidir en cada caso individual autorizar la emisión de una visa o permitir el ingreso de un ciudadano extranjero para quien el ingreso de otra forma estaría suspendido, si el ciudadano extranjero ha demostrado de manera satisfactoria para el funcionario que negarle el ingreso durante el período de suspensión provocaría dificultades excesivas, y que su ingreso no supondría una amenaza para la seguridad nacional y sería en beneficio del interés nacional. A menos que el secretario de Seguridad Nacional indique algo distinto, toda exención concedida por un funcionario consular como parte del proceso de emisión de visas tendrá efectos tanto para el otorgamiento de la visa como para cualquier ingreso posterior con esa visa, pero no modificará todos los demás requisitos de admisión o ingreso. Las exenciones otorgadas en función de un análisis individual de cada caso podrían ser pertinentes en circunstancias como las siguientes:
(i) el ciudadano extranjero ha sido anteriormente admitido en Estados Unidos para un período continuo de trabajo, estudio u otra actividad a largo plazo, se encuentra fuera de Estados Unidos en la fecha de entrada en vigor de este decreto, pretende ingresar nuevamente en Estados Unidos para retomar esa actividad y la negación del nuevo ingreso durante el período de suspensión redundaría en perjuicio de esa actividad;
(ii) el ciudadano extranjero ha mantenido previamente contactos significativos con Estados Unidos pero se encuentra fuera de Estados Unidos en la fecha de entrada en vigor de este decreto por motivos de trabajo, estudio u otra actividad lícita;
(iii) el ciudadano extranjero pretende ingresar en Estados Unidos debido a obligaciones significativas comerciales o profesionales y la negación del ingreso durante el período de suspensión redundaría en perjuicio de esas obligaciones;
(iv) el ciudadano extranjero pretende ingresar en Estados Unidos para visitar o residir con un familiar directo (p. ej., cónyuge, hijo o padre/madre) que es ciudadano estadounidense, residente legal permanente o extranjero admitido legalmente con una visa de no inmigrante válida, y la negación del ingreso durante el período de suspensión provocaría dificultades excesivas;
(v) el ciudadano extranjero es un niño pequeño, un hijo natural o adoptado pequeño, una persona que necesita atención médica urgente o alguien cuyo ingreso se encuentra justificado por otros motivos según las circunstancias especiales del caso;
(vi) el ciudadano extranjero ha sido empleado por el gobierno de Estados Unidos, o en representación de este (o es un dependiente elegible de tal empleado), y el empleado puede documentar que ha prestado un servicio leal y valioso al Gobierno de Estados Unidos;
(vii) el ciudadano extranjero viaja por motivos relacionados con una organización internacional designada conforme a la Ley sobre las Inmunidades de las Organizaciones Internacionales (International Organizations Immunities Act, IOIA), 22 U.S.C. 288 y sig., viaja para mantener reuniones o llevar a cabo negocios con el Gobierno de los Estados Unidos, o viaja para llevar a cabo negocios en representación de una organización internacional que no esté designada en la IOIA;
(viii) el ciudadano extranjero es un inmigrante con residencia permanente en Canadá que solicita una visa en un lugar dentro de Canadá; o
(ix) el ciudadano extranjero viaja como visitante de intercambio patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos.
Art. 4. Indagaciones adicionales relativas a ciudadanos de Irak. Las solicitudes de visa, admisión u otro beneficio migratorio que realicen ciudadanos iraquíes se someterán a una revisión exhaustiva que incluirá, según corresponda, consultar a una persona designada por el secretario de Defensa y usar información adicional obtenida en el contexto de la estrecha alianza en materia de seguridad que mantienen Estados Unidos e Irak, desde que se emitió el Decreto Ejecutivo 13769, con respecto a personas que presuntamente tienen vínculos con ISIS u otras organizaciones terroristas, y personas procedentes de territorios controlados o que anteriormente estuvieron controlados por ISIS. Dicha revisión considerará, entre otras cosas, si el solicitante tiene nexos con ISIS, otras organizaciones terroristas o territorios que estén o hayan estado bajo la influencia dominante de ISIS, así como cualquier otro dato de interés que pueda contribuir a determinar si el solicitante puede representar una amenaza en cuanto a cometer actos de terrorismo o poner en riesgo de otro modo la seguridad nacional o la seguridad pública de Estados Unidos.
Art. 5. Implementación de estándares de evaluación y selección uniformes para todos los programas de inmigración. (a) El secretario de Estado, el fiscal general, el secretario de Seguridad Nacional y el director de Inteligencia Nacional implementarán un programa, como parte del proceso de resoluciones, con el objetivo de identificar a personas que procuren ingresar a los Estados Unidos de forma fraudulenta; que apoyen el terrorismo, el extremismo violento o actos de violencia contra cualquier grupo o clase de personas dentro de Estados Unidos; o que representen un riesgo de ocasionar perjuicios con posterioridad a su ingreso. Este programa incluirá la definición de un parámetro uniforme para los procedimientos y los estándares de evaluación y selección, como entrevistas personales; una base de datos de documentos de identidad presentados por los solicitantes para asegurar que otros solicitantes no utilicen duplicados de dichos documentos; formularios de solicitud modificados que incluyan preguntas destinadas a identificar respuestas fraudulentas y mala fe; un mecanismo para garantizar que los solicitantes sean quienes afirman ser; un mecanismo para evaluar si los solicitantes pueden cometer, facilitar o apoyar cualquier tipo de acto violento, delictivo o terrorista con posterioridad a haber ingresado en Estados Unidos; y cualquier otro medio apropiado para asegurar la correcta recopilación de toda la información necesaria para evaluar de manera rigurosa todos los motivos de inadmisibilidad o los motivos para la negación de otros beneficios inmigratorios.
(b) El secretario de Seguridad Nacional, junto con el secretario de Estado, el Fiscal General y el director de Inteligencia Nacional, presentará al Presidente un informe inicial sobre los avances con respecto al programa que se describe en el inciso (a) de este artículo dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto, un segundo informe dentro de los 100 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto y un tercer informe dentro de los 200 días siguientes a dicha fecha.
Art. 6. Reordenamiento del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos para el año fiscal 2017. (a) El secretario de Estado suspenderá los viajes de refugiados hacia los Estados Unidos en virtud del USRAP, y el secretario de Seguridad Nacional suspenderá la resolución de solicitudes de personas que pidan ser reconocidas como refugiados durante 120 días con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de este decreto, con arreglo a las exenciones previstas en el inciso (c) de este artículo. Durante el período de 120 días, el secretario de Estado, en colaboración con el secretario de Seguridad Nacional y en consulta con el director de Inteligencia Nacional, revisará los procesos de solicitud y resolución del USRAP, a fin de determinar los procedimientos adicionales que deberían utilizarse para asegurar que las personas que procuren ser admitidas como refugiados no representen una amenaza para la seguridad y el bienestar de Estados Unidos, e implementará tales procedimientos adicionales. La suspensión que se describe en este inciso no se aplicará a los solicitantes refugiados para los que el Departamento de Estado había programado formalmente el tránsito antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto. El secretario de Estado reanudará los viajes de refugiados hacia los Estados Unidos en virtud del USRAP 120 días después de la fecha de entrada en vigor de este decreto, y el secretario de Seguridad Nacional reanudará la resolución de solicitudes de personas que piden ser reconocidas como refugiados únicamente en el caso de personas apátridas y ciudadanos de países para los que el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional y el director de Inteligencia Nacional hayan determinado en conjunto que corresponde llevar a cabo los procedimientos adicionales implementados de conformidad con este inciso para garantizar la seguridad y el bienestar de los Estados Unidos.
(b) Conforme al artículo 212(f) de la INA, por medio del presente declaro que el ingreso de más de 50.000 refugiados en el año fiscal 2017 sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos y, por consiguiente, suspendo los ingresos de personas que superen dicha cantidad hasta tanto determine que el ingreso de más personas redundaría en beneficio del interés nacional.
(c) Sin perjuicio de la suspensión temporal impuesta de conformidad con el inciso (a) de este artículo, el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional podrán tomar conjuntamente la determinación de admitir a personas como refugiados en los Estados Unidos analizando cada caso individualmente y de manera discrecional, pero únicamente cuando determinen que el ingreso de dichas personas en carácter de refugiados redunda en beneficio del interés nacional y no representa una amenaza para la seguridad o el bienestar de Estados Unidos, incluidas circunstancias como las siguientes: el ingreso de la persona permitiría que los Estados Unidos ajuste su actuación a un acuerdo o arreglo internacional preexistente, o negar el ingreso provocaría dificultades excesivas.
(d) El Poder Ejecutivo tiene la política de que, en la medida en que la ley lo permita y sea posible, las jurisdicciones estatales y locales tengan un rol en el proceso por el cual se determine la ubicación o el asentamiento en sus jurisdicciones de los extranjeros que reúnan los requisitos para ser admitidos como refugiados en los Estados Unidos. Para ello, el secretario de Estado deberá analizar la legislación vigente a fin de determinar el grado en que, en consonancia con la legislación aplicable, las jurisdicciones estatales y locales podrán tener una mayor participación en el proceso por el cual se determina la ubicación o el asentamiento de refugiados en sus jurisdicciones, y deberá idear una propuesta para fomentar de manera lícita dicha participación.
Art. 7. Rescisión del ejercicio de autoridad con respecto al terrorismo como motivo de inadmisibilidad. El secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el fiscal general, deberán considerar la posibilidad de rescindir los ejercicios de autoridad permitidos por el artículo 212(d)(3)(B) de la INA, 8 U.S.C. 1182(d)(3)(B), con respecto al terrorismo como motivo de inadmisibilidad, así como cualquier directiva o pauta de implementación relacionada.
Art. 8. Preparación acelerada del sistema de seguimiento biométrico de ingresos y salidas. (a) El secretario de Seguridad Nacional deberá acelerar la preparación y la implementación de un sistema de seguimiento biométrico de ingresos y salidas para las personas que viajen a los Estados Unidos y se encuentren en el ámbito de este sistema, según lo recomiende la Comisión Nacional sobre los Atentados Terroristas contra Estados Unidos.
(b) El secretario de Seguridad Nacional deberá presentar al Presidente informes periódicos sobre los avances con respecto a la directiva establecida en el inciso (a) de este artículo. El informe inicial deberá presentarse dentro de los 100 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto; deberá presentarse un segundo informe dentro de los 200 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto y un tercer informe dentro de los 365 días siguientes a dicha fecha. En lo sucesivo, el secretario de Seguridad Nacional deberá presentar informes adicionales cada 180 días hasta que el sistema se haya implementado por completo y esté funcionando.
Art. 9. Seguridad en el proceso de entrevista para visas. (a) El secretario de Estado suspenderá de inmediato el Programa de Exención de Entrevistas para Visas (Visa Interview Waiver Program) y se cerciorará de que se cumpla el artículo 222 de la INA, 8 U.S.C. 1202, que exige que todas las personas que solicitan una visa de no inmigrante se sometan a una entrevista personal, con arreglo a excepciones legales específicas. Dicha suspensión no se aplicará a ciudadanos extranjeros que viajen con una visa diplomática o de categoría diplomática, una visa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una visa C-2 para viajar a las Naciones Unidas; o una visa G-1, G-2, G-3 o G-4; que viajen por motivos relacionados con una organización internacional designada en virtud de la IOIA; o que viajen para mantener reuniones o llevar a cabo negocios con el Gobierno de los Estados Unidos.
(b) En la medida en que lo permitan las leyes y a reserva de la disponibilidad de asignaciones presupuestarias, el secretario de Estado ampliará de inmediato el Programa de Becarios Consulares (Consular Fellows Program), entre otras cosas, adoptando medidas para aumentar sustancialmente la cantidad de becarios, prolongando o haciendo permanente el período de servicio, y disponiendo que haya capacitaciones en idiomas en el Instituto del Servicio Exterior (Foreign Service Institute) a disposición de los becarios, para que sean asignados a puestos fuera de su área de dominio lingüístico principal, con el objeto de asegurar que los tiempos de espera de las entrevistas para obtener una visa para no inmigrantes no se vean afectados indebidamente.
Art. 10. Reciprocidad de la validez de visas. El secretario de Estado examinará todos los acuerdos y arreglos de reciprocidad de visas de no inmigrantes a fin de asegurar que sean, respecto de cada clasificación de visas, verdaderamente recíprocos, en la medida en que esto sea posible, en cuanto al período de validez y a los aranceles, según lo exigen los artículos 221(c) y 281 de la INA, 8 U.S.C. 1201(c) y 1351, y otras condiciones. Si otro país no brinda un trato verdaderamente recíproco a los ciudadanos de Estados Unidos que procuran obtener visas de no inmigrante, el secretario de Estado ajustará el período de validez de la visa, la tabla de aranceles u otras condiciones relacionadas con el trato para que este sea igual al que los ciudadanos estadounidenses reciben de ese país extranjero, en la medida en que esto sea posible.
Art. 11. Transparencia y recopilación de datos. (a) A fin de lograr una mayor transparencia frente a la población estadounidense e implementar de manera más eficiente políticas y prácticas que redunden en beneficio del interés nacional, el secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el fiscal general y de manera congruente con la legislación aplicable y la seguridad nacional, deberá recopilar y poner a disposición del público la siguiente información:
(i) información relativa a la cantidad de ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos que han sido acusados de delitos vinculados con terrorismo mientras se encontraban en los Estados Unidos; condenados por delitos vinculados con terrorismo mientras se encontraban en los Estados Unidos; o expulsados de los Estados Unidos por actividades relacionadas con terrorismo, pertenencia o provisión de apoyo sustancial a organizaciones vinculadas con terrorismo, o cualquier otro motivo vinculado con la seguridad nacional;
(ii) información relativa a la cantidad de ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos que se radicalizaron luego de su ingreso en el país y que participaron de actos relacionados con terrorismo, o que han colaborado en forma sustancial con organizaciones relacionadas con terrorismo en países que representan una amenaza para los Estados Unidos;
(iii) información relativa a la cantidad y los tipos de actos de violencia de género contra mujeres, incluso los denominados “crímenes de honor”, cometidos en los Estados Unidos por ciudadanos extranjeros; y
(iv) toda otra información relevante para la seguridad pública, según lo determine el secretario de Seguridad Nacional o el Fiscal General, incluida la información sobre la condición inmigratoria de los ciudadanos extranjeros acusados de delitos graves.
(b) El secretario de Seguridad Nacional deberá publicar el informe inicial en virtud del inciso (a) de este artículo dentro de los 180 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto y deberá incluir información correspondiente al período comprendido entre el 11 de septiembre de 2001 y la fecha del informe inicial. En lo sucesivo, se deberán emitir informes cada 180 días, los cuales deberán reflejar el período comprendido desde el informe anterior.
Art. 12. Aplicación. (a) El secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional consultarán a socios nacionales e internacionales pertinentes, incluidos países y organizaciones, para asegurar la implementación eficiente, eficaz y adecuada de las medidas dispuestas por este decreto.
(b) En la implementación de este decreto, el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional deberán cumplir con todas las leyes y reglamentaciones aplicables, que incluyen, según corresponda, aquellas que brindan a las personas la oportunidad de alegar el temor a ser perseguidas o torturadas, como la determinación por temor creíble para extranjeros que contempla el artículo 235(b)(1)(A) de la INA, 8 U.S.C. 1225(b)(1)(A).
(c) Las visas para inmigrantes o no inmigrantes emitidas antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto no se revocarán de conformidad con este decreto.
(d) Las personas cuya visa se haya marcado como revocada o cancelada por efecto del Decreto Ejecutivo 13769 tendrán derecho a recibir un documento de viaje que confirme que se les permite viajar a los Estados Unidos y solicitar el ingreso. La cancelación o revocación previa de una visa que se realizó exclusivamente por aplicación del Decreto Ejecutivo 13769 no se considerará motivo de inadmisibilidad en ninguna determinación futura relativa al ingreso o la admisibilidad.
(e) Este decreto no se aplicará a personas que hayan recibido asilo, a refugiados que ya hayan sido admitidos en Estados Unidos ni a personas que hayan recibido una suspensión de expulsión o protección en virtud de la Convención contra la Tortura. No se interpretará que ninguna de las disposiciones de este decreto limita la posibilidad de una persona de solicitar asilo, suspensión de repatriación o protección en virtud de la Convención contra la Tortura, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos.
Art. 13. Revocación. El Decreto Ejecutivo 13769 del 27 de enero de 2017 queda revocado en la fecha de entrada en vigor de este decreto.
Art. 14. Fecha de entrada en vigor. Este decreto entra en vigor el 16 de marzo de 2017 a las 12:01 a.m., hora de verano del Este.
Art. 15. Divisibilidad. (a) Si se determina la invalidez de alguna disposición de este decreto o de la aplicación de alguna disposición a cualquier persona o circunstancia, esto no afectará al resto de este decreto ni a la aplicación de sus demás disposiciones a cualquier otra persona o circunstancia.
(b) Si se determina la invalidez de alguna disposición de este decreto o de la aplicación de alguna disposición a cualquier persona o circunstancia debido al incumplimiento de ciertos requisitos procesales, los funcionarios del Poder Ejecutivo pertinentes deberán implementar dichos requisitos.
Art. 16. Disposiciones generales. (a) No se interpretará que ninguna de las disposiciones de este decreto menoscaban o afectan de otro modo:
(i) el poder conferido por ley a un departamento u organismo ejecutivo, o su titular; o
(ii) las funciones del director de la Oficina de Gestión y Presupuesto relativas a propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.
(b) Este decreto deberá implementarse de manera congruente con el derecho aplicable y a reserva de la disponibilidad de asignaciones presupuestarias.
(d) Este decreto no prevé ni establece ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, que pueda ser exigible legalmente o por el sistema de equidad por ninguna parte frente a los Estados Unidos, sus departamentos, organismos o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, ni ninguna otra persona.
DONALD J. TRUMP
LA CASA BLANCA
6 de marzo de 2017.
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THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
FOR IMMEDIATE RELEASE
March 6, 2017
EXECUTIVE ORDER
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PROTECTING THE NATION FROM FOREIGN TERRORIST ENTRY INTO THE UNITED STATES
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the Immigration and Nationality Act (INA), 8 U.S.C. 1101 et seq., and section 301 of title 3, United States Code, and to protect the Nation from terrorist activities by foreign nationals admitted to the United States, it is hereby ordered as follows:
Section 1. Policy and Purpose. (a) It is the policy of the United States to protect its citizens from terrorist attacks, including those committed by foreign nationals. The screening and vetting protocols and procedures associated with the visa-issuance process and the United States Refugee Admissions Program (USRAP) play a crucial role in detecting foreign nationals who may commit, aid, or support acts of terrorism and in preventing those individuals from entering the United States. It is therefore the policy of the United States to improve the screening and vetting protocols and procedures associated with the visa-issuance process and the USRAP.
(b) On January 27, 2017, to implement this policy, I issued Executive Order 13769 (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States).
(i) Among other actions, Executive Order 13769 suspended for 90 days the entry of certain aliens from seven countries: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen. These are countries that had already been identified as presenting heightened concerns about terrorism and travel to the United States. Specifically, the suspension applied to countries referred to in, or designated under, section 217(a)(12) of the INA, 8 U.S.C. 1187(a)(12), in which Congress restricted use of the Visa Waiver Program for nationals of, and aliens recently present in, (A) Iraq or Syria, (B) any country designated by the Secretary of State as a state sponsor of terrorism (currently Iran, Syria, and Sudan), and (C) any other country designated as a country of concern by the Secretary of Homeland Security, in consultation with the Secretary of State and the Director of National Intelligence. In 2016, the Secretary of Homeland Security designated Libya, Somalia, and Yemen as additional countries of concern for travel purposes, based on consideration of three statutory factors related to terrorism and national security: "(I) whether the presence of an alien in the country or area increases the likelihood that the alien is a credible threat to the national security of the United States; (II) whether a foreign terrorist organization has a significant presence in the country or area; and (III) whether the country or area is a safe haven for terrorists." 8 U.S.C. 1187(a)(12)(D)(ii). Additionally, Members of Congress have expressed concerns about screening and vetting procedures following recent terrorist attacks in this country and in Europe.
(ii) In ordering the temporary suspension of entry described in subsection (b)(i) of this section, I exercised my authority under Article II of the Constitution and under section 212(f) of the INA, which provides in relevant part: "Whenever the President finds that the entry of any aliens or of any class of aliens into the United States would be detrimental to the interests of the United States, he may by proclamation, and for such period as he shall deem necessary, suspend the entry of all aliens or any class of aliens as immigrants or nonimmigrants, or impose on the entry of aliens any restrictions he may deem to be appropriate." 8 U.S.C. 1182(f). Under these authorities, I determined that, for a brief period of 90 days, while existing screening and vetting procedures were under review, the entry into the United States of certain aliens from the seven identified countries — each afflicted by terrorism in a manner that compromised the ability of the United States to rely on normal decision-making procedures about travel to the United States — would be detrimental to the interests of the United States. Nonetheless, I permitted the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security to grant case-by-case waivers when they determined that it was in the national interest to do so.
(iii) Executive Order 13769 also suspended the USRAP for 120 days. Terrorist groups have sought to infiltrate several nations through refugee programs. Accordingly, I temporarily suspended the USRAP pending a review of our procedures for screening and vetting refugees. Nonetheless, I permitted the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security to jointly grant case-by-case waivers when they determined that it was in the national interest to do so.
(iv) Executive Order 13769 did not provide a basis for discriminating for or against members of any particular religion. While that order allowed for prioritization of refugee claims from members of persecuted religious minority groups, that priority applied to refugees from every nation, including those in which Islam is a minority religion, and it applied to minority sects within a religion. That order was not motivated by animus toward any religion, but was instead intended to protect the ability of religious minorities — whoever they are and wherever they reside — to avail themselves of the USRAP in light of their particular challenges and circumstances.
(c) The implementation of Executive Order 13769 has been delayed by litigation. Most significantly, enforcement of critical provisions of that order has been temporarily halted by court orders that apply nationwide and extend even to foreign nationals with no prior or substantial connection to the United States. On February 9, 2017, the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit declined to stay or narrow one such order pending the outcome of further judicial proceedings, while noting that the "political branches are far better equipped to make appropriate distinctions" about who should be covered by a suspension of entry or of refugee admissions.
(d) Nationals from the countries previously identified under section 217(a)(12) of the INA warrant additional scrutiny in connection with our immigration policies because the conditions in these countries present heightened threats. Each of these countries is a state sponsor of terrorism, has been significantly compromised by terrorist organizations, or contains active conflict zones. Any of these circumstances diminishes the foreign government’s willingness or ability to share or validate important information about individuals seeking to travel to the United States. Moreover, the significant presence in each of these countries of terrorist organizations, their members, and others exposed to those organizations increases the chance that conditions will be exploited to enable terrorist operatives or sympathizers to travel to the United States. Finally, once foreign nationals from these countries are admitted to the United States, it is often difficult to remove them, because many of these countries typically delay issuing, or refuse to issue, travel documents.
(e) The following are brief descriptions, taken in part from the Department of State’s Country Reports on Terrorism 2015 (June 2016), of some of the conditions in six of the previously designated countries that demonstrate why their nationals continue to present heightened risks to the security of the United States:
(i) Iran. Iran has been designated as a state sponsor of terrorism since 1984 and continues to support various terrorist groups, including Hizballah, Hamas, and terrorist groups in Iraq. Iran has also been linked to support for al-Qa’ida and has permitted al-Qa’ida to transport funds and fighters through Iran to Syria and South Asia. Iran does not cooperate with the United States in counterterrorism efforts.
(ii) Libya. Libya is an active combat zone, with hostilities between the internationally recognized government and its rivals. In many parts of the country, security and law enforcement functions are provided by armed militias rather than state institutions. Violent extremist groups, including the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), have exploited these conditions to expand their presence in the country. The Libyan government provides some cooperation with the United States' counterterrorism efforts, but it is unable to secure thousands of miles of its land and maritime borders, enabling the illicit flow of weapons, migrants, and foreign terrorist fighters. The United States Embassy in Libya suspended its operations in 2014.
(iii) Somalia. Portions of Somalia have been terrorist safe havens. Al-Shabaab, an al-Qa’ida-affiliated terrorist group, has operated in the country for years and continues to plan and mount operations within Somalia and in neighboring countries. Somalia has porous borders, and most countries do not recognize Somali identity documents. The Somali government cooperates with the United States in some counterterrorism operations but does not have the capacity to sustain military pressure on or to investigate suspected terrorists.
(iv) Sudan. Sudan has been designated as a state sponsor of terrorism since 1993 because of its support for international terrorist groups, including Hizballah and Hamas. Historically, Sudan provided safe havens for al-Qa’ida and other terrorist groups to meet and train. Although Sudan’s support to al-Qa’ida has ceased and it provides some cooperation with the United States' counterterrorism efforts, elements of core al-Qa’ida and ISIS-linked terrorist groups remain active in the country.
(v) Syria. Syria has been designated as a state sponsor of terrorism since 1979. The Syrian government is engaged in an ongoing military conflict against ISIS and others for control of portions of the country. At the same time, Syria continues to support other terrorist groups. It has allowed or encouraged extremists to pass through its territory to enter Iraq. ISIS continues to attract foreign fighters to Syria and to use its base in Syria to plot or encourage attacks around the globe, including in the United States. The United States Embassy in Syria suspended its operations in 2012. Syria does not cooperate with the United States' counterterrorism efforts.
(vi) Yemen. Yemen is the site of an ongoing conflict between the incumbent government and the Houthi-led opposition. Both ISIS and a second group, al-Qa’ida in the Arabian Peninsula (AQAP), have exploited this conflict to expand their presence in Yemen and to carry out hundreds of attacks. Weapons and other materials smuggled across Yemen’s porous borders are used to finance AQAP and other terrorist activities. In 2015, the United States Embassy in Yemen suspended its operations, and embassy staff were relocated out of the country. Yemen has been supportive of, but has not been able to cooperate fully with, the United States in counterterrorism efforts.
(f) In light of the conditions in these six countries, until the assessment of current screening and vetting procedures required by section 2 of this order is completed, the risk of erroneously permitting entry of a national of one of these countries who intends to commit terrorist acts or otherwise harm the national security of the United States is unacceptably high. Accordingly, while that assessment is ongoing, I am imposing a temporary pause on the entry of nationals from Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen, subject to categorical exceptions and case-by-case waivers, as described in section 3 of this order.
(g) Iraq presents a special case. Portions of Iraq remain active combat zones. Since 2014, ISIS has had dominant influence over significant territory in northern and central Iraq. Although that influence has been significantly reduced due to the efforts and sacrifices of the Iraqi government and armed forces, working along with a United States-led coalition, the ongoing conflict has impacted the Iraqi government’s capacity to secure its borders and to identify fraudulent travel documents. Nevertheless, the close cooperative relationship between the United States and the democratically elected Iraqi government, the strong United States diplomatic presence in Iraq, the significant presence of United States forces in Iraq, and Iraq’s commitment to combat ISIS justify different treatment for Iraq. In particular, those Iraqi government forces that have fought to regain more than half of the territory previously dominated by ISIS have shown steadfast determination and earned enduring respect as they battle an armed group that is the common enemy of Iraq and the United States. In addition, since Executive Order 13769 was issued, the Iraqi government has expressly undertaken steps to enhance travel documentation, information sharing, and the return of Iraqi nationals subject to final orders of removal. Decisions about issuance of visas or granting admission to Iraqi nationals should be subjected to additional scrutiny to determine if applicants have connections with ISIS or other terrorist organizations, or otherwise pose a risk to either national security or public safety.
(h) Recent history shows that some of those who have entered the United States through our immigration system have proved to be threats to our national security. Since 2001, hundreds of persons born abroad have been convicted of terrorism-related crimes in the United States. They have included not just persons who came here legally on visas but also individuals who first entered the country as refugees. For example, in January 2013, two Iraqi nationals admitted to the United States as refugees in 2009 were sentenced to 40 years and to life in prison, respectively, for multiple terrorism-related offenses. And in October 2014, a native of Somalia who had been brought to the United States as a child refugee and later became a naturalized United States citizen was sentenced to 30 years in prison for attempting to use a weapon of mass destruction as part of a plot to detonate a bomb at a crowded Christmas-tree-lighting ceremony in Portland, Oregon. The Attorney General has reported to me that more than 300 persons who entered the United States as refugees are currently the subjects of counterterrorism investigations by the Federal Bureau of Investigation.
(i) Given the foregoing, the entry into the United States of foreign nationals who may commit, aid, or support acts of terrorism remains a matter of grave concern. In light of the Ninth Circuit’s observation that the political branches are better suited to determine the appropriate scope of any suspensions than are the courts, and in order to avoid spending additional time pursuing litigation, I am revoking Executive Order 13769 and replacing it with this order, which expressly excludes from the suspensions categories of aliens that have prompted judicial concerns and which clarifies or refines the approach to certain other issues or categories of affected aliens.
Sec. 2. Temporary Suspension of Entry for Nationals of Countries of Particular Concern During Review Period. (a) The Secretary of Homeland Security, in consultation with the Secretary of State and the Director of National Intelligence, shall conduct a worldwide review to identify whether, and if so what, additional information will be needed from each foreign country to adjudicate an application by a national of that country for a visa, admission, or other benefit under the INA (adjudications) in order to determine that the individual is not a security or public-safety threat. The Secretary of Homeland Security may conclude that certain information is needed from particular countries even if it is not needed from every country.
(b) The Secretary of Homeland Security, in consultation with the Secretary of State and the Director of National Intelligence, shall submit to the President a report on the results of the worldwide review described in subsection (a) of this section, including the Secretary of Homeland Security’s determination of the information needed from each country for adjudications and a list of countries that do not provide adequate information, within 20 days of the effective date of this order. The Secretary of Homeland Security shall provide a copy of the report to the Secretary of State, the Attorney General, and the Director of National Intelligence.
(c) To temporarily reduce investigative burdens on relevant agencies during the review period described in subsection (a) of this section, to ensure the proper review and maximum utilization of available resources for the screening and vetting of foreign nationals, to ensure that adequate standards are established to prevent infiltration by foreign terrorists, and in light of the national security concerns referenced in section 1 of this order, I hereby proclaim, pursuant to sections 212(f) and 215(a) of the INA, 8 U.S.C. 1182(f) and 1185(a), that the unrestricted entry into the United States of nationals of Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen would be detrimental to the interests of the United States. I therefore direct that the entry into the United States of nationals of those six countries be suspended for 90 days from the effective date of this order, subject to the limitations, waivers, and exceptions set forth in sections 3 and 12 of this order.
(d) Upon submission of the report described in subsection (b) of this section regarding the information needed from each country for adjudications, the Secretary of State shall request that all foreign governments that do not supply such information regarding their nationals begin providing it within 50 days of notification.
(e) After the period described in subsection (d) of this section expires, the Secretary of Homeland Security, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General, shall submit to the President a list of countries recommended for inclusion in a Presidential proclamation that would prohibit the entry of appropriate categories of foreign nationals of countries that have not provided the information requested until they do so or until the Secretary of Homeland Security certifies that the country has an adequate plan to do so, or has adequately shared information through other means. The Secretary of State, the Attorney General, or the Secretary of Homeland Security may also submit to the President the names of additional countries for which any of them recommends other lawful restrictions or limitations deemed necessary for the security or welfare of the United States.
(f) At any point after the submission of the list described in subsection (e) of this section, the Secretary of Homeland Security, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General, may submit to the President the names of any additional countries recommended for similar treatment, as well as the names of any countries that they recommend should be removed from the scope of a proclamation described in subsection (e) of this section.
(g) The Secretary of State and the Secretary of Homeland Security shall submit to the President a joint report on the progress in implementing this order within 60 days of the effective date of this order, a second report within 90 days of the effective date of this order, a third report within 120 days of the effective date of this order, and a fourth report within 150 days of the effective date of this order.
Sec. 3. Scope and Implementation of Suspension.
(a) Scope. Subject to the exceptions set forth in subsection (b) of this section and any waiver under subsection (c) of this section, the suspension of entry pursuant to section 2 of this order shall apply only to foreign nationals of the designated countries who:
(i) are outside the United States on the effective date of this order;
(ii) did not have a valid visa at 5:00 p.m., eastern standard time on January 27, 2017; and
(iii) do not have a valid visa on the effective date of this order.
(b) Exceptions. The suspension of entry pursuant to section 2 of this order shall not apply to:
(i) any lawful permanent resident of the United States;
(ii) any foreign national who is admitted to or paroled into the United States on or after the effective date of this order;
(iii) any foreign national who has a document other than a visa, valid on the effective date of this order or issued on any date thereafter, that permits him or her to travel to the United States and seek entry or admission, such as an advance parole document;
(iv) any dual national of a country designated under section 2 of this order when the individual is traveling on a passport issued by a non-designated country;
(v) any foreign national traveling on a diplomatic or diplomatic-type visa, North Atlantic Treaty Organization visa, C-2 visa for travel to the United Nations, or G-1, G-2, G-3, or G-4 visa; or
(vi) any foreign national who has been granted asylum; any refugee who has already been admitted to the United States; or any individual who has been granted withholding of removal, advance parole, or protection under the Convention Against Torture.
(c) Waivers. Notwithstanding the suspension of entry pursuant to section 2 of this order, a consular officer, or, as appropriate, the Commissioner, U.S. Customs and Border Protection (CBP), or the Commissioner’s delegee, may, in the consular officer’s or the CBP official’s discretion, decide on a case-by-case basis to authorize the issuance of a visa to, or to permit the entry of, a foreign national for whom entry is otherwise suspended if the foreign national has demonstrated to the officer’s satisfaction that denying entry during the suspension period would cause undue hardship, and that his or her entry would not pose a threat to national security and would be in the national interest. Unless otherwise specified by the Secretary of Homeland Security, any waiver issued by a consular officer as part of the visa issuance process will be effective both for the issuance of a visa and any subsequent entry on that visa, but will leave all other requirements for admission or entry unchanged. Case-by-case waivers could be appropriate in circumstances such as the following:
(i) the foreign national has previously been admitted to the United States for a continuous period of work, study, or other long-term activity, is outside the United States on the effective date of this order, seeks to reenter the United States to resume that activity, and the denial of reentry during the suspension period would impair that activity;
(ii) the foreign national has previously established significant contacts with the United States but is outside the United States on the effective date of this order for work, study, or other lawful activity;
(iii) the foreign national seeks to enter the United States for significant business or professional obligations and the denial of entry during the suspension period would impair those obligations;
(iv) the foreign national seeks to enter the United States to visit or reside with a close family member (e.g., a spouse, child, or parent) who is a United States citizen, lawful permanent resident, or alien lawfully admitted on a valid nonimmigrant visa, and the denial of entry during the suspension period would cause undue hardship;
(v) the foreign national is an infant, a young child or adoptee, an individual needing urgent medical care, or someone whose entry is otherwise justified by the special circumstances of the case;
(vi) the foreign national has been employed by, or on behalf of, the United States Government (or is an eligible dependent of such an employee) and the employee can document that he or she has provided faithful and valuable service to the United States Government;
(vii) the foreign national is traveling for purposes related to an international organization designated under the International Organizations Immunities Act (IOIA), 22 U.S.C. 288 et seq., traveling for purposes of conducting meetings or business with the United States Government, or traveling to conduct business on behalf of an international organization not designated under the IOIA;
(viii) the foreign national is a landed Canadian immigrant who applies for a visa at a location within Canada; or
(ix) the foreign national is traveling as a United States Government-sponsored exchange visitor.
Sec. 4. Additional Inquiries Related to Nationals of Iraq. An application by any Iraqi national for a visa, admission, or other immigration benefit should be subjected to thorough review, including, as appropriate, consultation with a designee of the Secretary of Defense and use of the additional information that has been obtained in the context of the close U.S.-Iraqi security partnership, since Executive Order 13769 was issued, concerning individuals suspected of ties to ISIS or other terrorist organizations and individuals coming from territories controlled or formerly controlled by ISIS. Such review shall include consideration of whether the applicant has connections with ISIS or other terrorist organizations or with territory that is or has been under the dominant influence of ISIS, as well as any other information bearing on whether the applicant may be a threat to commit acts of terrorism or otherwise threaten the national security or public safety of the United States.
Sec. 5. Implementing Uniform Screening and Vetting Standards for All Immigration Programs. (a) The Secretary of State, the Attorney General, the Secretary of Homeland Security, and the Director of National Intelligence shall implement a program, as part of the process for adjudications, to identify individuals who seek to enter the United States on a fraudulent basis, who support terrorism, violent extremism, acts of violence toward any group or class of people within the United States, or who present a risk of causing harm subsequent to their entry. This program shall include the development of a uniform baseline for screening and vetting standards and procedures, such as in-person interviews; a database of identity documents proffered by applicants to ensure that duplicate documents are not used by multiple applicants; amended application forms that include questions aimed at identifying fraudulent answers and malicious intent; a mechanism to ensure that applicants are who they claim to be; a mechanism to assess whether applicants may commit, aid, or support any kind of violent, criminal, or terrorist acts after entering the United States; and any other appropriate means for ensuring the proper collection of all information necessary for a rigorous evaluation of all grounds of inadmissibility or grounds for the denial of other immigration benefits.
(b) The Secretary of Homeland Security, in conjunction with the Secretary of State, the Attorney General, and the Director of National Intelligence, shall submit to the President an initial report on the progress of the program described in subsection (a) of this section within 60 days of the effective date of this order, a second report within 100 days of the effective date of this order, and a third report within 200 days of the effective date of this order.
Sec. 6. Realignment of the U.S. Refugee Admissions Program for Fiscal Year 2017. (a) The Secretary of State shall suspend travel of refugees into the United States under the USRAP, and the Secretary of Homeland Security shall suspend decisions on applications for refugee status, for 120 days after the effective date of this order, subject to waivers pursuant to subsection (c) of this section. During the 120-day period, the Secretary of State, in conjunction with the Secretary of Homeland Security and in consultation with the Director of National Intelligence, shall review the USRAP application and adjudication processes to determine what additional procedures should be used to ensure that individuals seeking admission as refugees do not pose a threat to the security and welfare of the United States, and shall implement such additional procedures. The suspension described in this subsection shall not apply to refugee applicants who, before the effective date of this order, have been formally scheduled for transit by the Department of State. The Secretary of State shall resume travel of refugees into the United States under the USRAP 120 days after the effective date of this order, and the Secretary of Homeland Security shall resume making decisions on applications for refugee status only for stateless persons and nationals of countries for which the Secretary of State, the Secretary of Homeland Security, and the Director of National Intelligence have jointly determined that the additional procedures implemented pursuant to this subsection are adequate to ensure the security and welfare of the United States.
(b) Pursuant to section 212(f) of the INA, I hereby proclaim that the entry of more than 50,000 refugees in fiscal year 2017 would be detrimental to the interests of the United States, and thus suspend any entries in excess of that number until such time as I determine that additional entries would be in the national interest.
(c) Notwithstanding the temporary suspension imposed pursuant to subsection (a) of this section, the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security may jointly determine to admit individuals to the United States as refugees on a case-by-case basis, in their discretion, but only so long as they determine that the entry of such individuals as refugees is in the national interest and does not pose a threat to the security or welfare of the United States, including in circumstances such as the following: the individual’s entry would enable the United States to conform its conduct to a preexisting international agreement or arrangement, or the denial of entry would cause undue hardship.
(d) It is the policy of the executive branch that, to the extent permitted by law and as practicable, State and local jurisdictions be granted a role in the process of determining the placement or settlement in their jurisdictions of aliens eligible to be admitted to the United States as refugees. To that end, the Secretary of State shall examine existing law to determine the extent to which, consistent with applicable law, State and local jurisdictions may have greater involvement in the process of determining the placement or resettlement of refugees in their jurisdictions, and shall devise a proposal to lawfully promote such involvement.
Sec. 7. Rescission of Exercise of Authority Relating to the Terrorism Grounds of Inadmissibility. The Secretary of State and the Secretary of Homeland Security shall, in consultation with the Attorney General, consider rescinding the exercises of authority permitted by section 212(d)(3)(B) of the INA, 8 U.S.C. 1182(d)(3)(B), relating to the terrorism grounds of inadmissibility, as well as any related implementing directives or guidance.
Sec. 8. Expedited Completion of the Biometric Entry-Exit Tracking System. (a) The Secretary of Homeland Security shall expedite the completion and implementation of a biometric entry‑exit tracking system for in-scope travelers to the United States, as recommended by the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States.
(b) The Secretary of Homeland Security shall submit to the President periodic reports on the progress of the directive set forth in subsection (a) of this section. The initial report shall be submitted within 100 days of the effective date of this order, a second report shall be submitted within 200 days of the effective date of this order, and a third report shall be submitted within 365 days of the effective date of this order. The Secretary of Homeland Security shall submit further reports every 180 days thereafter until the system is fully deployed and operational.
Sec. 9. Visa Interview Security. (a) The Secretary of State shall immediately suspend the Visa Interview Waiver Program and ensure compliance with section 222 of the INA, 8 U.S.C. 1202, which requires that all individuals seeking a nonimmigrant visa undergo an in-person interview, subject to specific statutory exceptions. This suspension shall not apply to any foreign national traveling on a diplomatic or diplomatic-type visa, North Atlantic Treaty Organization visa, C-2 visa for travel to the United Nations, or G-1, G-2, G-3, or G-4 visa; traveling for purposes related to an international organization designated under the IOIA; or traveling for purposes of conducting meetings or business with the United States Government.
(b) To the extent permitted by law and subject to the availability of appropriations, the Secretary of State shall immediately expand the Consular Fellows Program, including by substantially increasing the number of Fellows, lengthening or making permanent the period of service, and making language training at the Foreign Service Institute available to Fellows for assignment to posts outside of their area of core linguistic ability, to ensure that nonimmigrant visa-interview wait times are not unduly affected.
Sec. 10. Visa Validity Reciprocity. The Secretary of State shall review all nonimmigrant visa reciprocity agreements and arrangements to ensure that they are, with respect to each visa classification, truly reciprocal insofar as practicable with respect to validity period and fees, as required by sections 221(c) and 281 of the INA, 8 U.S.C. 1201(c) and 1351, and other treatment. If another country does not treat United States nationals seeking nonimmigrant visas in a truly reciprocal manner, the Secretary of State shall adjust the visa validity period, fee schedule, or other treatment to match the treatment of United States nationals by that foreign country, to the extent practicable.
Sec. 11. Transparency and Data Collection. (a) To be more transparent with the American people and to implement more effectively policies and practices that serve the national interest, the Secretary of Homeland Security, in consultation with the Attorney General, shall, consistent with applicable law and national security, collect and make publicly available the following information:
(i) information regarding the number of foreign nationals in the United States who have been charged with terrorism-related offenses while in the United States; convicted of terrorism-related offenses while in the United States; or removed from the United States based on terrorism-related activity, affiliation with or provision of material support to a terrorism-related organization, or any other national-security-related reasons;
(ii) information regarding the number of foreign nationals in the United States who have been radicalized after entry into the United States and who have engaged in terrorism-related acts, or who have provided material support to terrorism-related organizations in countries that pose a threat to the United States;
(iii) information regarding the number and types of acts of gender-based violence against women, including so-called "honor killings," in the United States by foreign nationals; and
(iv) any other information relevant to public safety and security as determined by the Secretary of Homeland Security or the Attorney General, including information on the immigration status of foreign nationals charged with major offenses.
(b) The Secretary of Homeland Security shall release the initial report under subsection (a) of this section within 180 days of the effective date of this order and shall include information for the period from September 11, 2001, until the date of the initial report. Subsequent reports shall be issued every 180 days thereafter and reflect the period since the previous report.
Sec. 12. Enforcement. (a) The Secretary of State and the Secretary of Homeland Security shall consult with appropriate domestic and international partners, including countries and organizations, to ensure efficient, effective, and appropriate implementation of the actions directed in this order.
(b) In implementing this order, the Secretary of State and the Secretary of Homeland Security shall comply with all applicable laws and regulations, including, as appropriate, those providing an opportunity for individuals to claim a fear of persecution or torture, such as the credible fear determination for aliens covered by section 235(b)(1)(A) of the INA, 8 U.S.C. 1225(b)(1)(A).
(c) No immigrant or nonimmigrant visa issued before the effective date of this order shall be revoked pursuant to this order.
(d) Any individual whose visa was marked revoked or marked canceled as a result of Executive Order 13769 shall be entitled to a travel document confirming that the individual is permitted to travel to the United States and seek entry. Any prior cancellation or revocation of a visa that was solely pursuant to Executive Order 13769 shall not be the basis of inadmissibility for any future determination about entry or admissibility.
(e) This order shall not apply to an individual who has been granted asylum, to a refugee who has already been admitted to the United States, or to an individual granted withholding of removal or protection under the Convention Against Torture. Nothing in this order shall be construed to limit the ability of an individual to seek asylum, withholding of removal, or protection under the Convention Against Torture, consistent with the laws of the United States.
Sec. 13. Revocation. Executive Order 13769 of January 27, 2017, is revoked as of the effective date of this order.
Sec. 14. Effective Date. This order is effective at 12:01 a.m., eastern daylight time on March 16, 2017.
Sec. 15. Severability. (a) If any provision of this order, or the application of any provision to any person or circumstance, is held to be invalid, the remainder of this order and the application of its other provisions to any other persons or circumstances shall not be affected thereby.
(b) If any provision of this order, or the application of any provision to any person or circumstance, is held to be invalid because of the lack of certain procedural requirements, the relevant executive branch officials shall implement those procedural requirements.
Sec. 16. General Provisions. (a) Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:
(i) the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or
(ii) the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.
(b) This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.
(c) This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.
DONALD J. TRUMP
THE WHITE HOUSE,
March 6, 2017. |
