SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La organización sin fines de lucro, Casa Abierta, externó su preocupación ante los recientes casos relacionados al tema de narcóticos, en lo que calificó como una “seudo política de guerra contra las drogas que se aplica solo genera violencia, corrupción, abusos de autoridad, entre muchas otras consecuencias negativas”.
En una carta firmada por Juan Radhames de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de la entidad, indicó que el escándalo suscitado por la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), evidencia que personas investidas de autoridad desertan de sus responsabilidades, para delinquir, en complicidad o en competencia con aquellas quienes dicen perseguir.
“Parece ser que la atención que se ofrece al problema de las drogas en la República Dominicana está más orientada al interés del enriquecimiento rápido de personas que están supuestamente para controlar el tráfico”, detalló la organización.
A continuación, la carta enviada a los medios por Casa Abierta.
El caso DICAN, más podredumbre de la “guerra” contra las drogas.
Lo que está sucediendo en nuestro país con el tema de las drogas es de una gravedad inimaginable. Una vez más se evidencia que la seudo política de guerra contra las drogas que se aplica solo genera violencia, corrupción, abusos de autoridad, entre muchas otras consecuencias negativas. Lo que se ha descubierto en la “Dirección Central Antinarcóticos – DICAN”, evidencia que personas investidas de autoridad desertan de sus responsabilidades, para delinquir, en connivencia o compitiendo con aquellas quienes dicen perseguir. Parece ser que la atención que se ofrece al problema de las drogas en la República Dominicana está más orientada al interés del enriquecimiento rápido de personas que están supuestamente para controlar el tráfico.
Sin embargo, aunque llama mucho la atención el multimillonario caso descubierto, eso es solo la punta del Iceberg. Pasa desapercibida la cotidiana angustia e impotencia de las familias de nuestras comunidades cuando sus hijos son apresados en abusivas redadas, porque saben que luego viene la llamada de estos para indicar el monto que se debe buscar, para evitar falsos expedientes de drogas, usados como vulgar extorsión. Hasta nosotros llegan denuncias de madres desesperadas que no tienen qué comer, pero deben buscar dinero para liberar a sus hijos. Es muy duro para una familia humilde, tener que buscar diez o veinte mil pesos para pagar el rescate de sus hijos de manos de autoridades corruptas.
Para una sociedad es terrible la certeza de que quienes están para protegerles se conviertan en sus principales explotadores, extorsionadores, y verdugos. Policías honestos se nos acercan para hablar de su vergüenza ante lo que ven. ¿Qué es lo que se espera para hacer frente a esta agobiante realidad? ¿Vamos a seguir haciendo alardes inútiles, mientras nuestra sociedad es abatida por el negocio y la corrupción de las drogas?
Lo primero es que la llamada DICAN es ilegal en sí misma, pues esta no es más que el antiguo, resucitado y rebautizado, “Departamento de Drogas Narcóticas y Peligrosas de la Policía Nacional”, que en virtud de la ley 50 -88 (art. 12), desapareció con la creación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en 1988. Nadie puede explicar el porqué de este organismo paralelo a la DNCD. Se ha dicho que “para ayudar a la DNCD”. Ya se puede ver el tipo de ayuda que ha estado ofreciendo. Es el momento de volver a la legalidad. El presidente de la República daría a la ciudadanía un gran respiro con la eliminación de la DICAN, por ilegal y corrompida, tanto que un senador de la República le denomina como “el mayor cártel del microtráfico en el país”.
Es que las actuales políticas de drogas, lo repetimos una vez más, solo son fuentes primarias de enriquecimiento y corrupción, de quienes las trafican, y de personas cuya misión es combatir a los primeros. Pareciera que nuestras instituciones han sido copadas por la delincuencia. Pero lo peor es que el sector sano, que sin ninguna duda forma parte del gobierno, no parece tener mayor interés en que nuestra sociedad avance hacia verdaderas estrategias contra las drogas. Nuestro país no puede continuar de esta forma. El Estado Dominicano no puede estar al servicio de la delincuencia más descarada y abusiva.
Insistimos en que si queremos ser exitosos, debemos avanzar hacia políticas que diferencian claramente al usuario, enfermo o no, del traficante. Políticas centradas en las personas, en la salud, en el respeto a los derechos. Políticas que promueven las habilidades para la vida, la educación para la salud, la inserción social, el empoderamiento de las comunidades, en clara diferenciación con políticas centradas en las sustancias, la represión y el miedo.
Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo.
Psicólogo.
Director Ejecutivo.
19 de enero de 2015