SANTO DOMINGO, República Dominicana-. La Asociación de Empleados Universitarios no pudo realizar la asamblea general convocada para ayer miércoles por falta de quórum y otras dificultades de las que responsabilizaron al rector de la Universidad Católica de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón.
Ángela Núñez, dirigente de ese sindicato, llamó ‘‘tirano’’ a Iván Grullón, quien –según dice– ordenó se bloqueara la entrada de esa facción, pese a que tenían el permiso para usar las instalaciones de la biblioteca Pedro Mir.
A la actividad, convocada para las 9 de la mañana, acudieron decenas de empleados del campus Santo Domingo y San Francisco de Macorís; no obstante, no fueron suficientes para realizar la asamblea.
Las consignas, dirigidas en su mayoría a la máxima autoridad académica de la Primada de América, enunciaban: ‘‘Fuego, fuego, el rector quiere fuego’’, ‘‘Iván, Grullón: pichón de dictador’’, fueron las principales acusaciones que llegaron en un recorrido desde la biblioteca hasta el edificio administrativo.
Los organizadores aseguraron que las autoridades académicas coaccionaron a los empleados de los diversos departamentos de esa casa de altos estudios, por tal motivo muy pocos se atrevieron a asistir al encuentro.
Asodemu tiene más de cuatro mil miembros. Según sus estatutos, se requería un quorum de más de mil participantes para validar la asamblea.
Los representantes de ese subdivisión denunciaron que tenían más de 2 mil 300 firmas recolectadas para realizar la convención. Mas el rector no solo amenazó con cancelar a los que asistieron, sino que hasta ‘‘se incautó los autobuses que transportarían a los empleados desde el interior del país’’, aseguraron.
Denunciaron abiertamente que la presidenta de esa asociación, Mary Plasencia, trabaja a favor de intereses particulares y no de los miles de empleados que debe representar.
Reynaldo Aybar, secretario de Quejas y Conflictos de Asodemu, dijo que ni las trabas del rector ni de Plasencia impedirán que ellos exijan sus reivindicaciones.
Además de un aumento salarial de un 40%, exigen a Grullón la reintegración de trabajadores que fueron cancelados sin motivos.