SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El juez de la Oficina Permanente del Distrito Nacional, Honorio Susaña, aplazó para el próximo lunes 21 de noviembre a las 10:00 de la mañana, la medida de coerción contra el propietario de la financiera Inversia, Teodoro Rafael Hidalgo, y Michel María Evertz Estévez.
El aplazamiento se hizo efectivo a los fines de que la defensa conozca el expediente acusatorio preparado contra los directivos de la financiera involucrada en la estafa de más de RD$1500 millones de depositantes.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinos, acudió a la aplazada audiencia e informó en horas de la mañana que solicitaría medida de coerción consistente en prisión preventiva por asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera, delitos cometidos contra 233 querellantes, hasta el momento. 
Según la fiscalía, los imputados crearon un entramado societario con empresas típicas que utilizan las organizaciones del crimen organizado para distraer fondos, en este caso de ahorrantes que el imputado Teodoro Hidalgo, en su mayoría, conoció mientras se desempeñaba como un alto ejecutivo de la Cervecería Nacional Dominicana.
¨Con relación a la cartera de préstamos de Inversia, esta solo era de 18 millones de pesos, lo que evidencia que estamos ante una mega estafa, de proporciones inéditas para casos de esta naturaleza¨ manifestó la fiscal Reynoso.
Estableció además que este no es solamente un grave delito económico, sino que las acciones cometidas han implicado que cientos de familias de clase media, producto del trabajo y del esfuerzo para ahorrar, hoy están sumidos en la pobreza, sin tener en muchos de los casos ni siquiera para comprar alimentos y medicamentos.
¨Exhortamos a las personas a que no depositen sus ahorros en entidades financieras no reguladas porque el riesgo de que los pierdan es muy alto y el órgano regulador no tiene bajo su supervisión entidades no autorizadas para realizar intermediación financiera¨ agregó la fiscal titular.
El Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, los artículos 68 y 80 de la Ley Monetaria y Financiera y los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.