La audiencia de conocimiento de apelación a la prisión domiciliaria dictada contra la suspendida jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, Awilda Reyes Beltré y el exconsejero de la Suprema Corte, Francisco Arias Valera, fue reenviada nueva vez por La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Los jueces del Tribunal tomaron la decisión de reenviar la vista de este lunes 13 de abril a los fines de que estén presentes el abogados del magistrado renunciante Francisco Arias Valera, Carlos Balcácer,  quien no hizo acto de presencia en la sala de audiencias.

El recurso de apelación fue interpuesto por los querellantes quienes solicitaron su libertad pura y simple, porque estos no se sustraeran del proceso. En tanto el Ministerio Público y los querellantes recurrieron la decisión de libertad domiciliaria.

El abogado defensor de Awilda Reyes,  Harold Echeverría, destacó que tanto el Ministerio Público como ellos, están recurriendo la decisión que ordenó el arresto domiciliario de la magistrada suspendida.

"Entendemos que el arresto domiciliario no fue la mejor decisión que dio el tribunal y que por ello nuestra defendida debería tener libertad pura y simple para que conozca el proceso en libertad", dijo.

Echeverría agregó que mañana depositarán el memorial de defensa con una amplia lista de testigos que incluye a unas 15 personas, entre las cuales destacan el exjuez Pedro Valbuena y el exprocurador de la República, Radhamés Jiménez, para que asistan al tribunal y declaren en torno a este caso.
El pasado 7 de marzo dicho juicio fue recesado porque una de las magistradas que conforman la Primera Sala Penal del Distrito, se inhibió, mientras otra fue recusada en ese entonces.

La jueza Doris Josefina Pujols se inhibió de conocer la apelación de los imputados, por alegadamente tener conflictos personales con Arias Valera. Sin embargo, la magistrada Carmen Mancebo fue recusada por la defensa del Consejero porque servirá como testigo en el proceso de investigación que se lleva en su contra por corrupción judicial.