Los jueces de la Primera sala del Tribunal Superior Administrativo aplazó para el lunes 25 de abril el conocimiento de Acción de Amparo interpuesta por los suspendidos jueces Roso Vallejo Espinosa, Víctor Mejía y José Dionisio Duvergé Mejía, acusados de pertenecer a una red de prevaricatos.

El tribunal tomó dicha decisión debido a que uno de los iniciadores no se presentó a la audiencia que se conocería este lunes 18 de abril y que ocupaba el primer lugar del rol.

Los magistrados suspendidos incoaron dicha demanda a raíz de que llevan cinco meses suspendidos sin disfrute de sueldo y sin que se le conozcas el proceso disciplinario que se le sigue, pues el Consejo del Poder Judicial mediante acta número 17-2015, de fecha 16 de noviembre del 2015, decidió abrirles un proceso disciplinario.

Mientras, el Consejo del Poder Judicial aplazó en varias ocasiones y sin frutos dicha audiencia disciplinaria que se le conocería a tres de los seis jueces que supuestamente conforman una red de prevaricatos, otorgaban fallos a favor de imputados por sicariato y narcotráfico.

El acta del Consejo expresa su suspensión sin disfrute de sueldo, efectivo a partir del 17 de Noviembre del 2015, lo que a juicio de los accionantes, constituye una violación al art.69.5 de la constitución, el cual prohíbe el doble enjuiciamiento.

Expusieron además que el art.62 de la ley 327-98, sobre Carrera Judicial, combinado con la ley 28-11 sobre el Consejo del Poder Judicial, puede imponerse luego de celebrado un juicio disciplinario con todas las garantías, las cuales son amonestación oral, amonestación escrita hasta 30 días, y destitución.

Explicaron también, que al analizar lo antes externado dedujeron que cuando el Consejo del Poder Judicial suspendió a los jueces accionantes sin disfrute de sueldo, entonces ya se les ha sancionado.

Señalaron que en su perjuicio se produjo una violación a la Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso de Ley, prevista en art. 69.7 de la Constitución y que fruto de la misma, al no poder disponer del salario, se han visto carente de una alimentación adecuada, les ha mermado por la calidad de la salud y exponer a sus hijos a daños severos en la parte educativa.

De igual manera solicitaron del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que disponga les sean pagados los salarios hasta tanto se conozca del juicio disciplinario que se les sigue.