BERLÍN, Alemania.- Los ataques y situaciones de acoso de neonazis a políticos alemanes han desatado no solo la alerta en este país sino además los amagos de pasar a la autodefensa por parte de los afectados, como respuesta a su indefensión.

Los políticos amenazados deben contar con la "pertinente protección de las fuerzas de seguridad", afirmó hoy la ministra de Defensa y líder de la Unión Cristiademócrata (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, crítica de la autodefensa para combatir a la ultraderecha.

Pasar a la autodefensa o a armarse para hacer frente a ello "no es el camino correcto", añadió la sucesora de la canciller Angela Merkel al frente de los conservadores alemanes.

Con ello aludió al caso del alcalde de Kamp Lintfort (oeste), Christoph Landscheidt, quien ha pedido licencia de armas porque dice temer por su vida y la de su familia.

Landscheidt, socialdemócrata y alcalde de esa población de Renania del Norte-Westfalia, recibe amenazas desde que el año pasado, en la campaña por las elecciones europeas, ordenó descolgar los carteles electorales de un minoritario partido ultraderechista.

DE LAS AMENAZAS AL ASESINATO

Las intimidaciones a políticos locales han ido en aumento desde 2015, el año en que Alemania recibió un millón de refugiados. De las situaciones de acoso, amenazas o agresiones se saltó a otra dimensión del peligro con el asesinato de Walter Lübcke, un político local de la CDU y jefe de distrito en el estado de Hesse (oeste).

Fue reiteradamente amenazado por la ultraderecha hasta que murió de un disparo en la cabeza el año pasado.

Un neonazi de 45 años se confesó autor del ataque, para posteriormente retirar esa declaración y afirmar que el autor del disparo fue un cómplice, con quien había acudido a la casa del político.

El asesinato de Lübcke sumió a la CDU en la conmoción y desató todas las alertas en el país. Las amenazas a ese político se sucedían desde 2015, cuando en un acto público apeló a los principios cristianos en defensa de los refugiados y desafió, entre abucheos, a quien no estuviera de acuerdo a "marcharse de Alemania".

AUTORES MATERIALES E INSTIGADORES AL ODIO

Desde el bloque conservador como desde sus socios socialdemócratas y opositores Verdes e Izquierda se responsabiliza a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) del clima de odio creciente hacia los cargos públicos.

La AfD es la tercera fuerza del Bundestag (Parlamento federal), con escaños en todos los "Länder" y especialmente arraigada en el este del país, donde se dispara a resultados sobre el 27 %.

Está descartada como aliada por el resto del espectro parlamentario y convierte cada uno de sus mitines electorales o incluso intervenciones en la cámara baja en escenario de sus arengas contra sus adversarios políticos.

El presunto autor del asesinato de Lübcke estaba fichado como ultraderechista violento, aunque no se le sometía a vigilancia policial continuada. Tanto él como su supuesto cómplice eran asiduos de manifestaciones ultras, incluida la AfD.

LA VULNERABILIDAD DEL ALCALDE Y VECINO

La situación de indefensión de los políticos locales es especialmente patente en poblaciones pequeñas. Entre los casos destacados estuvo el del alcalde de Altena (oeste), quien fue atacado con un cuchillo por un vecino contrario a la llegada de refugiados a esa localidad.

Otro alcalde, el de Tröglitz (este), dimitió tras semanas de acoso neonazi a su vivienda familiar en protesta por la construcción de un albergue, que acabó siendo pasto de las llamas antes de su apertura.

Y en el ámbito de las grandes ciudades, la alcaldesa de Colonia, Henriette Reker, asimismo comprometida con la acogida de refugiados, estuvo varios días en coma inducido tras recibir varias cuchilladas de un ultraderechista.

Las intimidaciones no se limitan al ámbito municipal, sino también a diputados del Bundestag (Parlamento federal). La vicepresidenta de la cámara baja por La Izquierda, Petra Pau, lleva años sometida a amenazas, mientras que el exlider de los Verdes, Cem Özdemir, de origen turco, vive permanentemente bajo protección policial.

La custodia policial a los políticos de rango federal es relativamente común. Proteger a los políticos locales es un desafío mucho mayor, ya que éstos viven a menudo en directa vecindad con los ultraderechistas. EFE, Gemma Casadevall