SANTIAGO, República Dominicana.-El alcalde de esta ciudad, Abel Martínez, ordenó a los policías municipales que desalojen a los hatianos que operan pequeños comercios en el Mercado Modelo y otros espacio públicos.
“Instruimos a la Policía Municipal, las Direcciones de Medio Ambiente y Satélite del Ayuntamiento vigilar el efectivo cumplimiento de la presente disposición”, dispuso el ejecutivo muncipal, creando incertidumbre a los comerciantes haitianos que han comenzado a ser desalojados y desatando controversia entre abogados y ciudadanos en general.
La orden ha llenado de impotencia al inmigrante haitianos Enmanuela Joseph, quien la mañana del lunes 10 de julio del 2017, no pudo evitar que las brigadas de la Alcaldía cerraran su negocio, en el mercado Modelo, ubicado en las calle Del Sol. Los policías advirtieron a Joseph que si vuelve a abrir su negocio la pasará peor.
“Yo tengo dos pasaportes, el viejo y el nuevo y tengo mi visa de regularización, tengo todo”, afirma una joven comerciante, quien agrega que las brigadas cerraron todos los negocios a los haitianos en esta plaza, sin tomar en cuenta quié tenía sus documentos en regla y quién no.
Joseph dijo que paga RD$ 5, 000.00 de alquiler mensual y un tribuyo de RD$ 500.00 cada semana al Ayuntamiento y reiteró que todos los comerciantes haitianos tienen documentos al día.
El proceso narrado por Joseph y otros haitianos ilegales viene por la disposición del alcalde Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, para sacar a los vendedores de nacionalidad haitiana de las calles de Santiago de los Caballeros.
Aunque la medida que no fue discutida en el Concejo de Regidores, ha sido apoyada por algunas voces. No obstante, otros ciudadanos entienden que se trata de una medida arbitraria y racista.
Desde que se firmó la disposición, en noviembre del 2016, decenas de haitianos han sido sacados de las calles y sus mercancías incautadas. A otros se les ha prohibido trabajar en los mercados, pero la medida ha sido aplicada con mayor intensidad en días recientes, luego que las autoridades municipales ordenaran sacar los recolectores de materiales reciclables (“buzos”) del depósito de basura de Rafey, muchos de los cuales son haitianos.
Los “buzos” fueron sacados por la fuerza del depósito de basura para facilitar las tareas a la compañía recicladora Cilpen Global, cuyas instalaciones fueron presentadas por sus ejecutivos y el acalde este lunes 10 de julio del 2017.
El alcalde Abel Martínez afirma que los haitianos son el 90 por ciento de los “buzos” en el depósito de basura de Rafey, pero no presentó ningún censo oficial que avale su afirmación. El alcalde ordenó un cerco militar y policial para impedir que los haitianos se acerquen al vertedero.
Asimismo, el alcalde Abel Martínez busca que el Concejo de Regidores apruebe una resolución que declararía no gratos a “los extranjeros ilegales”, la mayoría haitianos.
Medida abusiva
En relación a la medida del acalde Martínez, el presentante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Santiago, Dionisio Jerez, ha calificado como un abuso de poder la disposición del alcalde de Santiago, de prohibir las actividades comerciales a los migrantes haitianos. Agrega que aunque la disposición habla de extranjeros está claro, que su conflicto es con los haitianos.
Jerez ha denunciado que es improcedente la medida del alcalde, porque considera que está basada en una actitud racista contra los haitianos y discriminatoria contra las personas pobres.
“Es que el alcalde ve a los pobres con desprecio y muestra una actitud racista contra los migrantes haitianos y estos hechos no dejan dudas”, expresó Jerez.
El abogado y activista social dijo que además que esta es una medida arbitraria, porque es una decisión personal del alcalde, que no fue discutida por los regidores, que son los autorizados para aprobar o desaprobar disposiciones.
El mandato
En disposición firmada por el alcalde Martínez, en noviembre del 2016 se establece que los migrantes extranjeros no podrán realizar actividades comerciales dentro del límite del municipio de Santiago, específicamente en la zona urbana.
“Prohibir todo tipo de actividad comercial dentro de los límites del municipio de Santiago, a extranjeros que no posean la debida documentación, que demuestra que están en condiciones de residentes legales, de conformidad con los requisitos exigidos en las leyes migratorias de la República Dominicana”, se lee en el primer mandato de la disposición administrativa.
En el documento se explica que la presencia de extranjeros en Santiago de los Caballeros, representa un problema de insalubridad y de seguridad, debido a la falta de control en la entrada de los migrantes.