SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- Ocho  de las nueve personas  acusadas del robo de US$ 136, 557.00, decomisados por no haber sido declarado a su entrada por el Aeropuerto Internacional del Cibao, el 29 de junio del 2015, le fue ratificada la medida de coerción de un año de  prisión preventiva.

Sin embargo, los implicados en el presunto robo de la divisa no declarada – que la población de Santiago ha bautizado como el Aduanazo II – no corrieron la misma suerte de los  hijos de los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del Aduanazo I, del 2010, quienes  tras ser enviados a la cárcel por ocho meses, fueron dejados libres de manera condicional.

La Corte de Apelación Penal del departamento judicial de Santiago ratificó la prisión preventiva de 12 meses, a los involucrados del Aduanazo II, con la decisión de la magistrada Francisca Gabriela García,  quien dejó intacto el fallo de del magistrado Luis Nóbel, del Tribunal de Atención Permanente, emitido el 16 de junio del 2015.

Del grupo de los imputados, Neris del Carmen Ureña,  no presentó  recurso de apelación. Los empleados de Aduanas en Santiago, son acusados de haberse repartido la divisa traída a la República Dominicana, procedente de Boston, en el vuelo 923, de la línea aérea Jet Blue, por Osairy Mercedes Quedada, quien está siendo procesada.

Los demás implicados son Luz Carolina Infante, Ramón Hipólito Henríquez, un exempleado de la Fiscalía de Santiago, Benito Henríquez Tejada, Domingo Pilarte, quien es capitán del Ejercito de la República Dominicana, Marcos Felipe, Mairelin Rodríguez Batista y Leovigildo Ubiera.

Aduanazo I Santiago 2010

En julio  2010, los jóvenes, Miguel Ángel Lazala Cabrera, hijo de Petra Cabrera, quien fuera en ese momento subdirectora de PROINDUSTRIA; Adalberto Rosa Rosario, hijo del diputado Adalberto Rosa, y Herald Estévez Peña, fueron a prisión por una presunta estafa de más de 100 millones de pesos, en varios almacenes de Aduanas en Santiago, además de imputárseles vínculo con el tráfico de armas.

Un tribunal dictó prisión preventiva de ochos meses contra los imputados, luego fueron dejados libres de manera condicional.

Posteriormente, la Dirección General de Aduanas retiró todo interés en el caso, dejando que cesara la acción pública contra los acusados, quedando así el delito totalmente impune. Sin embargo, la  Fiscalía de Santiago ha anunciado que el caso se mantiene en los tribunales, pautando la audiencia de juicio de fondo el 22 de septiembre del 2015, en el Segundo Tribunal Colegiado.

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