SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El grupo Acción Cristiana declara que la anunciada reunión de diálogo del gobierno dominicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, carece de legitimidad,  ya que los temas que se han puesto sobre el tapete para esas discusiones como la promoción del aborto, designado como  "derechos sexuales y reproductivos", son inconstitucionales; de igual manera entiende que cuestiones como los mecanismos para la  nacionalización  de inmigrantes, serian abordados en dicho diálogo, según publica la CIDH en su página web.

Según José Antonio Flaquer, presidente de Acción Cristiana, primero habría que modificar la Constitución de la República antes de  iniciar cualquier diálogo con un organismo supranacional que busca promover el aborto en el país, siendo esto contrario a la Carta Magna.

“De igual manera discutir la implementación de temas de nacionalidad con la CIDH es muy cuestionable y contradictorio, luego del gran debate de nuestro país con la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, el brazo legal de esta comisión,  el cual buscaba la nacionalización de inmigrantes ilegales en una forma violatoria a la constitución. Dicha controversia terminó con la sentencia del TC 168-13, y la descalificación de dicha corte para querer legislar de manera vinculante en nuestro país por no ser una corte  reconocida por el congreso dominicano, y por tanto improcedente sus sentencias”, afirmó.

Flaquer destacó además que: "No deberíamos tener diálogos con una  institución que ha querido en el pasado atribuirse funciones de procónsul  violentando nuestras leyes, como fue atestiguado en declaraciones de prensa por el antiguo presidente de la JCE Roberto Rosario, quien señaló que ellos pedían una modificación a la constitución que se ajustase a sus propósitos en el tema migratorio, lo cual es dañino a los mejores intereses del país."

"De igual manera",  opinó el presidente de Acción Cristiana que: "esta mesa tiene en carpeta sugerencias para promover la ideología de género y el matrimonio homosexual como lo intentó en Costa Rica, en donde la CIDH hizo todo lo posible para que fuese aprobado". "Tal pretensión sería improcedente en nuestra nación en donde gracias a Dios todavía el matrimonio es entre un hombre y una mujer, según indica nuestra constitución".

Finalmente Flaquer añadió que "el gobierno debe volver a la posición de dignidad nacional y decoro que mostró en ocasión del debate sobre inmigración frente a la CIDH,   que dio lugar a la sentencia 168-13,  mostrándose  como un estado soberano frente a esta corte de manipulación al servicio de  intereses ideológicos foráneos."