El 13 por ciento de las muertes maternas están asociadas a abortos inseguros o vinculados a mala práctica médica, según datos suministrados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y compartidos este miércoles 21 por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres.
Durante una reunión con la Comisión de Justicia del Senado de la República, la misión que representa a más de 80 organizaciones, expuso su solicitud de que fuera introducido un párrafo dentro del Código Penal que exime la interrupción del embarazo bajo las causales de incompatibilidad con la vida, incesto o violación, a fines de reducir la alta tasa de muertes vinculadas al aborto en el país.
En ese orden, Lourdes Contreras, directora del Centro de Estudios de Género de Intec, indicó que la propuesta presentada ante la Comisión del Senado, fue precedida por argumentos sobre la interrupción del embarazo bajo las causales referidas y que fueron retiradas del Código Penal por la Cámara de Diputados, aprobado en dos lecturas consecutivas, luego ser observada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2014.
La pieza fue aprobada modificando el párrafo 110, el cual establece que “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.
“En esas situaciones, le estamos planteando a la comisión de justicia del Senado que considerando estas argumentaciones se aboque a estudiarlas y aprobarlas con estas modificaciones”, señaló Contreras. También indicó que la sociedad dominicana se encuentra en condiciones de acoger la despenalización del aborto por esas causales.
La propuesta hecha por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, indica que “no será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en centros o establecimientos de salud, públicos o privados, en los casos en que peligre la vida de la gestante, cuando ésta ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presente malformaciones incompatibles con la vida”.
De igual forma, Claudia Saleta, directora de incidencia pública de Profamilia, indicó que en países donde hay menor índice de abortos, existe una legislación que permite en algunas excepciones puntuales la interrupción del embarazo, los cuales a su vez son países donde hay acceso a informaciones seguras, educación sexual de cómo prevenir embarazos no deseados y accesos a métodos anticonceptivos como política de prevención. Una medida que contribuiría a reducir las muertes maternas en el país, de las cuales el 20 por ciento son de adolescentes.
Destacó que si bien el país necesita un nuevo Código Penal, es necesario que se trate de una normativa que no vulnere los derechos de las mujeres, perpetuando el riesgo para su vida y su salud.
De su lado, Arístides Victoria Yeb, senador por la provincia María Trinidad Sánchez y presidente de la comisión de Justicia del Senado, indicó que la próxima semana escucharán otros sectores y su posición sobre el tema para tomar una decisión.