SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Convergencia Nacional de Abogados (CONA), denunció este martes que en el Tribunal Superior Electoral (TSE) se cometen irregularidades que ponen en tela de juicio la honestidad con que deben conducirse los miembros de dicha alta corte.
CONA afirmó que varios empleados perciben salarios en el TSE, mientras alegadamente rinden sus servicios en oficinas privadas de magistrados.
La Organización citó como ejemplo de los empleados del tribunal que desempeñan sus labores en otro lugar, a la secretaria II, Odeyda Mejía Olivero, quien según CONA labora en la oficina de abogados John Guiliani & Asociados, ubicada en la Avenida Pedro Henríquez Ureña 139, propiedad del magistrado del TSE, John Guiliani Valenzuela, con un salario mensual de RD$45,000.00.
CONA afirmó que varios empleados perciben salarios en el TSE, mientras alegadamente rinden sus servicios en oficinas privadas de magistrados.
La Convergencia de Abogados acusó del mismo modo a la alta corte, de favorecer a militares parientes de los magistrados, con salarios en el tribunal sin rendir ninguna labor en esa institución.
En otro orden, la institución atribuyó la cancelación del Encargado de Acceso a la Información de dicho tribunal, el periodista y escritor Menoscal Reynoso, al hecho de que éste en su calidad de miembro de la Comisión de Compras del organismo, se resistió a acatar la instrucción que por vía de un cercano colaborador dio el Juez John Guiliani a Reynoso, de favorecer a una empresa relacionada a este en un proceso de licitación.
La entidad aseguró que partiendo del accionar denunciado, es evidente que en el TSE se incurre en prevaricación y violación a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06.
“Las evidentes irregularidades cometidas en el referido tribunal, ameritan que dichos jueces sean escrutados y eventualmente destituidos de sus respectivos puestos”, expresó Yuniol Ramírez Ferreras, presidente de CONA.
La entidad deploró que el TSE, según afirma la institución, no se haya conformado con impartir justicia electoral parcializada, incurriendo para colmo de males en actos dolosos como los hechos denunciados.