SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los abogados del imputado por el caso Odebrecht, Radhamés Segura, se convirtieron en los terceros de la acusación en depositar un recurso de apelación contra la resolución dictada por el juez Francisco Ortega quien dictó una medida de coerción consistente en arresto domiciliario.
La mañana de este miércoles 28 de junio, los abogados Ángel Delgado Malagón, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Nassir Rodríguez Almánzar, Agripino de la Cruz, Engels Valdez Sánchez Franklyn Abreu Ovalle y Enrique Segura Quiñones depositaron el recurso alegando tener pruebas que destruyen lo presentado por el Ministerio Público.
Indicaron que la primera se fundamenta en la violación al numeral 8 del artículo 95 del Código Procesal Penal que prohíbe a las autoridades presentar a los imputados “ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o lo exponga a peligro”.
Asimismo el segundo medio del recurso de apelación fue fundamentado en la falta de base para que se dictara medida de coerción, por el hecho de que no se establecen suficientes elementos que permitan inferir de modo, razonable que su representado sea con probabilidad autor o cómplice de la infracción.
Resaltaron que como tercer método en la apelación se basaron en la imposibilidad de que se dicte una medida de coerción por haberse demostrado que, el señor Segura, se ha presentado de manera voluntaria ante todos los llamados formulados al respecto por el Ministerio Público aun cuando se realizaron de manera informal y por vía telefónica.
Además de Segura, bajo prisión domiciliaria se encuentra Roberto Rodríguez, dirigente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
Encarcelados de manera preventiva permanecen el exministro de Industria y Comercio y alto dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Temístocles Montás; el exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa; el ex vicepresidente de la CDEEE César Sánchez; el abogado Conrado Pittaluga, el empresario Ángel Rondón; el presidente del PRM, Andrés Bautista García, y el exdirector de la Generadora de Electricidad Hidroeléctrica (EGEHID Máximo D’Oleo.
Además, contra los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco, pesan medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Miniterio Público, además del pago de una garantía económica. en su sentencia núm. 380/2015.