SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Este lunes 17 de agosto se cumplen tres años del fallecimiento de Rosaura Almonte, mejor conocida como Esperancita, tras no realizarse un aborto terapéutico ni poder aplicársele la quimioterapia por razón de padecer de leucemia.
Esperancita, de 16 años de edad, requería una quimioterapia la cual no fue aplicada debido a que los médicos manifestaran que esto afectaría su embarazo y no era legal, lo que provocó su falleciendo tiempo después.
Durante el tiempo que permaneció en la clínica, ni Rosaura ni su madre, Rosa Hernández, fueron informadas sobre las causas de la enfermedad ni las consecuencias de no iniciar a tiempo el tratamiento indicado para estos casos, ni tampoco de los riesgos de aplicar quimioterapia sin interrumpir el embarazo.
Su madre Rosaura Hernández aclaró en repetidas ocasiones que todas las decisiones sobre la vida y la enfermedad de su hija, se tomaron sin informarle ni consultarles.
Tras la muerte de esperancita, Rosaura entabló los recursos legales que tenía a disposición, en julio del 2013, en busca de que se investigue y aclare qué se hizo mal en el caso de su hija fallecida, al tiempo de que se establezcan responsabilidades y sanciones.
Tanto la madre como Women’s Link y La Colectiva Mujer y Salud, apoderadas de la señoraHernández, insisten en la necesidad de avanzar el proceso judicial. “Manifestamos confianza en que con su actuación, el sistema de justicia dominicano garantizará los derechos a la salud, la integridad y la vida de las mujeres embarazadas”.
Señalaron que este hecho contribuirá a evitar que nuevos casos como éste ocurran en República Dominicana, considerado el cuarto país donde se presenta el mayor número de muertes maternas de la región de Latinoamérica y el Caribe.
“A tres años del fallecimiento de Rosaura, “Esperancita”, es preciso recordar que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, los Estados deben garantizar el acceso completo a todos los tratamientos de salud que tanto mujeres como niñas requieran, incluyendo el aborto terapéutico”, argumentaron.
Solicitaron, para que casos como el de Esperancita no se repitan, se hace impostergable adoptar la Ley de salud sexual y salud reproductiva que cursa en el Congreso, que junto al Código Penal que entra en vigencia en diciembre del presente año, constituyen el principal marco jurídico para garantizar el acceso seguro y de calidad a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres dominicanas.