SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Al coronel Carlos Piccini, y al senador anónimo que sería de los beneficiarios del soborno de los 3.5 millones de dólares pagados por la empresa brasileña Embraer por la compra de los aviones Tucanos, le caben penas de prisión de 3 a 10 años, de acuerdo con la ley dominicana que sanciona específicamente el soborno de empresas extranjeras con funcionarios dominicanos.
Es una ley que poca gente recuerda, pero que en este caso le serviría al Ministerio Público para comenzar con Carlos Piccini una investigación sobre un caso que mantiene en la justicia de Brasil a varios funcionarios de Embraer, y que se investiga por las autoridades de la Reserva Federal y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El soborno fue pagado a funcionarios dominicanos y el nombre que ha salido a relucir es el del oficial Carlos Piccini.
Hasta el momento el Ministerio Público dominicano no ha querido emprender la investigación. La ley que faculta al procurador general de la República para actuar es la número 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
El artículo 2 de la ley dice textualmente lo siguiente: “Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno, y como tal será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos”.
En uno de sus considerando, la ley expresa que el soborno que se promete, se ofrece o se otorgue a funcionarios públicos en transacciones comerciales o económicas, nacionales o internacionales “constituye un acto de corrupción que hiere gravemente el régimen de competencia”, y eso es precisamente lo que alegan las autoridades de los Estados Unidos. Nadie cuestionó los precios de las naves en la República Dominicana, y el presidente Leonel Fernández visitó Brasil, y accedió a montarse en uno de los aviones que compraría su gobierno.
Precisamente fue Leonel Fernández quien firmó y promulgó la ley 448-06, como parte del paquete de leyes que imponía la firma de los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. La promulgación fue realizada el 6 6de diciembre del 2006 por Fernández. El Senado era presidido por Reinaldo Pared Pérez y la Cámara de Diputados por Julio César Valentín.
De acuerdo con esta ley, las autoridades dominicanas podrían también solicitar el juzgamiento de los funcionarios brasileños de Embraer, porque el artículo 3 de la ley sobre soborno sanciona la entrega de sobornos a funcionarios dominicanos:
“Toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno nacional.”
La ley también establece sanciones para los cómplices de los delitos de soborno, y protección para los que denuncien los actos de soborno, según los artículos 8 y 9 de la legislación: “A los cómplices del delito de soborno se les impondrá la misma pena que corresponda al o a los autores principales del hecho.
Artículo 9.- Las personas que, de buena fe, denuncien los actos descritos en la presente ley serán debidamente protegidas por las autoridades dominicanas.”.
A continuación el texto íntegro de la ley
Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
Ley No. 448-06
CONSIDERANDO: Que el proceso de integración económica en que se encuentra la República Dominicana implica la adopción de medidas que ofrezcan mayor seguridad jurídica y transparencia en los intercambios comerciales y los flujos de inversión, así como la garantía de un ambiente nacional caracterizado por la integridad en el ejercicio de las funciones públicas y un efectivo combate a la corrupción;
CONSIDERANDO: Que el fenómeno de la corrupción requiere, para su prevención y combate, de una activa y amplia cooperación internacional para la promoción de un ambiente de integridad;
CONSIDERANDO: Que el soborno que se promete, se ofrece o se otorgue a funcionarios públicos en transacciones comerciales o económicas, nacionales o internacionales constituye un acto de corrupción que hiere gravemente el régimen de competencia;
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su Artículo 4, establece las características del Gobierno de la Nación y lo divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial;
VISTA: La Constitución de la República Dominicana;
VISTO: El Código Penal de la República Dominicana;
VISTA: La Resolución No.489-98, del 1ro. de noviembre del 1998, mediante la cual se ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela.
VISTA: La Resolución No.357-05 del 9 de septiembre de 2005, mediante la cual se ratifica el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, firmado el 5 de agosto de 2004 en Washington D.C., Estados Unidos de América.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
LEY SOBRE SOBORNO EN EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN
Artículo 1.- Para los fines de la presente ley, se entenderá por:
a. Funcionario Público: Cualquier funcionario o empleado del gobierno nacional, que haya sido designado o electo;
b. Funcionario Extranjero: Persona de un país que desempeñe un cargo legislativo, administrativo o judicial, en cualquier nivel del gobierno, que haya sido designado o electo, cualquier persona ejerciendo una función pública para un país extranjero en cualquier nivel de gobierno, incluyendo una agencia pública o empresa pública; y cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional;
c. Función Pública: Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre o al servicio de un gobierno;
d. Estado Dominicano: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, así como sus dependencias; las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y los ayuntamientos.
Artículo 2.- Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno, y como tal será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos.
Artículo 3.- Toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno nacional.
Artículo 4.- Toda persona, ya sea física o jurídica, sujeta a la jurisdicción de la República Dominicana, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa, o ventaja, para dicho funcionario u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones oficiales, en asuntos que afecten el comercio o inversión internacional, se considerará reo de soborno transnacional.
Artículo 5.- En el caso en que el sobornante, según los Artículos 3 y 4 de la presente ley, sea una persona física, será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión, y condenado a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos.
Párrafo.- En los casos en que el sobornante sea un profesional, el dueño o el representante, con autorización de una empresa del sector industrial, agrario, agroindustrial, comercio o servicio, la sentencia podrá inhabilitarlo para el ejercicio de sus actividades por un período de dos (2) a cinco (5) años, a contar de la sentencia definitiva, o según el caso, autorizar el cierre o intervención, por el mismo período, del establecimiento profesional, o empresarial bajo su dirección.
Artículo 6- En los casos en que el sobornante, según los Artículos 3 y 4 de la presente ley, sea una persona jurídica, será condenado por un período de dos (2) a cinco (5) años al cierre o intervención y a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a setenta y cinco salarios mínimos.
Párrafo I.- Adicionalmente a la multa a que se condene al sobornante según este artículo, el representante legal de dicha persona jurídica quedará sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 5 de la presente ley.
Párrafo II.- En los casos de reincidencia se condenará al cierre o intervención por un período de cinco (5), a diez (10) años, o al cierre definitivo, y a una multa de cuatro veces las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que la misma pueda ser inferior a cien (100) salarios mínimos.
Artículo 7.- En cualquiera de los casos, al sobornante nunca se le restituirá las cosas o valores ofrecidas, prometidas u otorgadas por él, ni el valor que aquellas representen, los cuales serán confiscados en provecho del fisco.
Artículo 8.- A los cómplices del delito de soborno se les impondrá la misma pena que corresponda al o a los autores principales del hecho.
Artículo 9.- Las personas que, de buena fe, denuncien los actos descritos en la presente ley serán debidamente protegidas por las autoridades dominicanas.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006); años 163 de la Independencia y 144 de la Restauración.
Reinaldo Pared Pérez
Presidente
Amarilis Santana Cedano
Secretaria
Dionis Alfonso Sánchez Carrasco
Secretario Ad-Hoc.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año dos mil seis (2006); años 163º de la Independencia y 144º de la Restauración.
Julio César Valentín Jiminián
Presidente
María Cleofia Sánchez Lora
Secretaria
Teodoro Ursino Reyes
Secretario
LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la República Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de diciembre del año dos mil seis (2006), años 163 de la Independencia y 144 de la Restauración.
LEONEL FERNANDEZ
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