El 17 de agosto de este año, Rosaura Almonte, arribará al cuarto aniversario de su muerte, sin que hasta el momento, su caso, el cual se encuentra en manos de la justicia, haya prosperado.
“Esperancita”, como se conoció en los medios de comunicación cuando su condición de salud – leucemia aguda – puso en riesgo un embarazo de siete semanas, abrió las puertas a debates sobre el aborto terapéutico.
Su caso, uno de los siete recogidos por Amnistía Internacional y presentados en su informe publicado este lunes 7, sobre violencia institucional hacia las mujeres en América Latina y el Caribe, en el cual se denuncian esterilizaciones forzadas, acceso a la justicia limitado y precaria o inadecuada atención a servicios de salud.
Sobre Rosaura – Esperancita –, Indiana Jiménez, representante legal de doña Rosa Hernández, afirma que a pesar de que el proceso judicial, que inició con el deceso de la joven de dieciséis años, no avanza.
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“No sabemos los motivos. El procedimiento está ahí y se supone que debe haber avanzado”, responde Jiménez ante la interrogante de los periodistas sobre las razones por las que la demanda interpuesta en responsabilidad del Estado dominicano, a través del Ministerio de Salud Pública; al hospital del Seguro Médico Para Maestros – Senma –, y a los médicos actuantes, se encuentra estancada.
Hasta la fecha, la instancia judicial se encuentra en casación en la Suprema Corte de Justicia. La parte penal, continúa en fase de investigación en la Fiscalía del Distrito Nacional a casi tres años de haber sido interpuesta la demanda.
“La justicia – en República Dominicana – se tarda, pero que el caso se encuentre todavía en fase de investigación no es un buen indicio”, agregó.
Señala que de no encontrar justicia en el país, podrían llevar el caso de Esperancita a tribunales internacionales.
De su lado, Sergia Galván explica que, a pesar de que Amnistía Internacional sólo abordó un caso dominicano para su informe, el Colectivo Mujer y Salud posee 10 casos de violencia institucional y violación de derechos humanos, los cuales serán presentados en abril.
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Debido su enfermedad, tanto Rosa Hernández y Rosaura Almonte solicitaron interrumpir el embarazo para dar paso al tratamiento tan pronto sea posible. Sin embargo, el hospital dilató la aplicación del tratamiento consistente en quimioterapia por más de 20 días, debido a que el aborto es ilegal en el país caribeño.
Finalmente, tras la presión mediática que se generó por el caso, el hospital decidió aplicar el tratamiento. Sin embargo, un mes después de haberlo iniciado, sufrió un aborto natural y murió.