El Ministerio Público asignó la mañana de este miércoles 24 de febrero, varios custodios al exconsejero de la Suprema Corte, Francisco Arias Valera, y la suspendida jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, Awilda Reyes Beltré, que los acompañaron al juicio de solicitud de conocimiento de peticiones que podrían involucrar a otros miembros de la justicia.
Tras una rueda de prensa realizada por la jueza junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde exigía nueva vez un vigilante para continuar cumpliendo la medida de coerción de prisión domiciliaria que se le fue dictada, las autoridades les asignaron los escoltas.
Ambos imputados hicieron acto de presencia a una audiencia previa al juicio preliminar, donde impusieron algunos requerimientos a investigar como mapeos telefónicos y de correos electrónicos, y posibles grabaciones de reuniones entre ellos con otros imputados.
Luego de varias horas de su conocimiento, donde se presentaron incidentes que llevaron consigo la salida de los querellantes civiles de la tribuna, la jueza de la Tercera Sala de la Corte de Apelación aplazó para el lunes 7 de marzo la presentación de los mismos.
La defensa de Arias Valera, Carlos Balcácer, demandó a la jueza Rodríguez López el retiro de los representantes legales de las víctimas del regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís, alegando que estos no forman parte de lo solicitado por los imputados.
Balcácer calificó a los querellantes civiles como litigantes temerarios porque insistían en permanecer en un proceso que no les correspondía, siendo esto rechazado por los demandantes quienes se fundamentaron en que siempre han estado presente en todas las audiencias de dicha investigación.
Tras la jueza Rodríguez López escuchar ambas partes decidió continuar con el conocimiento de la solicitud de peticiones, sin la participación de los abogados civiles quienes decidieron bajar de estrado.
Rodríguez López aclaró que dicha audiencia consistía en una previa al juicio preliminar que aún no tiene fecha pautada.
A los acusados de formar parte de una supuesta estructura de jueces prevaricatos y otorgar fallos a favor de sicarios y narcotraficantes, les fue variada la coerción de prisión preventiva que cumplían en los Centros Correccionales Najayo Mujeres y Hombres, a prisión domiciliaria otorgada el pasado 4 de febrero por el juez de la primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Antonio Sánchez Mejía.
Sánchez Mejía fue recusado por el Ministerio Público por presuntamente prejuzgar el fondo, siendo sustituido por la magistrada Ramona Rodríguez López por decisión de la Corte Penal del Distrito.